Un grupo de 300 investigadores y sanitarios, en su mayoría economistas de la salud pero también clínicos, epidemiólogos, directivos de hospitales y enfermeros, ha solicitado una reunión urgente con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para abordar la creación de una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias que sirva al Gobierno como órgano consultivo.
El fin de este proyecto es valorar el coste y efectividad de las nuevas tecnologías, medicamentos, programas y prestaciones que se incorporan al Sistema Nacional de Salud (SNS). Un sistema que, según los promotores de la iniciativa, se ve debilitado por la falta de independencia en la toma de decisiones y la falta de coordinación.
El proyecto ha sido bautizado como 'HispaNice', a semejanza del instituto NICE que funciona desde hace décadas en Reino Unido. En España, también se miran en el espejo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (Airef), el organismo independiente de control fiscal.
La reivindicación no es nueva. Pero la pandemia de covid-19 ha constatado las deficiencias del sistema que los economistas y profesionales sanitarios venían denunciando desde hace años. Muchos de ellos se han unido en la firma de un manifiesto que pretende convertirse en el germen de una revolución de los servicios sanitarios españoles. "Es ahora o nunca", advierten los promotores del manifiesto a Vozpópuli.
Invertir fondos europeos
Conscientes de la puesta en marcha del programa Next Generation, estos profesionales urgen al Gobierno a invertir parte de los 140.000 millones de euros que recibirá entre transferencias y préstamos del Fondo de Recuperación Europeo en la creación del organismo.
"La recuperación del sistema sanitario es una tarea urgente y complicada. Falta capacidad de coordinación y falta tener una posición más independiente de los gobiernos", explica Salvador Peiró, director del área de Investigación en Servicios de Salud, Fisabio (Valencia).
Según el experto, los precios de los productos, tecnologías, aplicaciones y programas que se incorporan diariamente al sistema a veces son ajustados al valor y beneficios que aportan, pero en otras ocasiones son escandalosos.
Una autoridad sanitaria independiente serviría para fijar el precio que se debe pagar por un producto en base a criterios de coste-efectividad
A su juicio, una Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias serviría para establecer el precio que se debe pagar por un medicamento o prestación en base a criterios de coste-efectividad y obligaría a negociar valores que ahora son "disparatados".
Pone como ejemplo "algunos fármacos oncológicos". "Si un medicamento es igual que otro en cuanto a la calidad de vida que tendrá para un paciente no hay por qué pagar el doble solo porque sea nuevo. Por otro lado, si un producto se está dejando de usar porque hay otros mejores, tampoco tenemos que seguir invirtiendo en él", sostiene.
Una vez realizada la evaluación, correspondería a los gobernantes decidir si hacen o no lo propuesto. "Se informaría la decisión política, en ningún caso se la substituiría, dado que la agencia propuesta carecería de facultades ejecutivas. Y si toman la decisión contraria, al menos tendrían la obligación de explicar cuáles son los motivos de su rechazo", dice Peiró.
Evaluar costes frente a efectividad
Aunque reconoce que en una situación de pandemia la toma de decisiones se ve acelerada, el experto considera que un ente de este tipo habría servido, por ejemplo, para frenar la incorporación alocada de pruebas diagnósticas que no estaban validadas o el caos inicial de los tratamientos.
En el caso de las vacunas considera que "todo aquello que contribuye a mejorar la salud de las personas en gran medida siempre es coste-efectivo" porque "evitas tratar a muchos pacientes".
La catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Beatriz González López-Valcárcel aclara que "no se trata de crear un ente para ahorrar en salud". "Se trata de analizar las prestaciones sanitarias, sus tecnologías, medicamentos e intervenciones de prevención y salud pública para saber cuáles son sus resultados en la salud de los pacientes en comparación con los costes que suponen", dice.
"Este organismo serviría para evaluar si los beneficios sanitarios y sociales de una intervención en salud valen lo que cuestan. El referente más conocido es el National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido, pero otros países tienen sistemas similares que funcionan muy bien como Suecia, Alemania, Australia y Nueva Zelanda", explica. Se trata, dice, de avanzar hacia la "excelencia".
"Estamos en un momento en el que se exigen reformas de gran calado y tenemos que apostar por una institución que ayude a mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario público", considera.
Piden más transparencia
El doctor Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, cree que las decisiones que se toman por parte de las autoridades deben ser avaladas por un organismo independiente conformado por altos expertos y con la mayor transparencia posible.
"Las decisiones serían consultivas, pero sin duda es buen momento para hacer reformas y una parte importante tiene que ver con la I+D+i. Hay que avanzar hacia la sostenibilidad del sistema", afirma.
Entre los firmantes del manifiesto también se encuentra el codirector del Instituto de Salud y Estrategia (SI-Health) Rafael Bengoa.
El exasesor de Barack Obama y también exconsejero de Sanidad ha explicado en varias entrevistas recientes que este organismo tendría el objetivo de seguir un modelo económico y hacer evaluaciones independientes e imparciales, lo que, a su juicio, reforzaría el sistema democrático. Además, esta suerte de 'Airef sanitaria' serviría para financiar con más recursos la Atención Primaria y los servicios sociales, dos de los sectores más castigados por la pandemia.
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