La causa contra Tsunami Democràtic se ha convertido en la piedra en el zapato para Carles Puigdemont por su cada vez mayor dificultad para encajarla dentro del paraguas de la amnistía. Al criterio judicial acerca de que se han consolidado los indicios por terrorismo, se suma un nuevo actor que puede perjudicar el aval de la amnistía en Europa y al que las defensas están tratando de sacar del caso.
Se trata del policía Iván Álvarez, un agente de la UIP de la Policía Nacional, que estuvo en coma tras recibir el impacto de una piedra durante unas protestas que habría convocado Tsunami Democràtic el 18 de octubre en la Plaza de Urquinaona (Barcelona). Este agente, que tuvo que ser jubilado por las secuelas de las heridas, es uno de los tres policías que se personaron en las diligencias como perjudicados de lo ocurrido.
Su situación de incapacidad unido a las resoluciones judiciales que acreditan la gravedad de lo ocurrido constituyen uno de los motivos clave para consolidar el terrorismo en la causa, a juicio de Manuel García Castellón. En concreto esta es una de las cuatro novedades incorporadas recientemente al sumario de 'Tsunami Democràtic' que refuerzan la acusación por este delito.
Víctimas de Tsunami Democràtic
A las actas de los Mossos d'Esquadra sobre la ocupación de El Prat y la documental enviada por un juzgado de L'Hospitalet relativa a la muerte de un turista francés dicha jornada en el aeropuerto, se suman los escritos de personación de dos policías también heridos en la batalla campal de Urquinaona y finamente, la personación de Iván Álvarez.
No existe indicio alguno que permita vincular los hechos puestos de manifiesto en el escrito de personación del policía con los investigados en este procedimientoEscrito de Marta Molina
En concreto, para el magistrado es determinante la documental que este antiguo agente de los antidisturbios presentó acompañando su escrito de personación. Se trata de una sentencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que enumera las graves secuelas que produjo el ataque en el agente.
"En el desarrollo de su actuación policial recibió un fuerte golpe en la parte superior del casco reglamentario provocado por un objeto contundente arrojado por uno de los participantes en las manifestaciones y altercados que ese día tuvieron lugar. Como consecuencia de la brutalidad del impacto se produjo la fractura del casco protector y el demandante se desplomó, inconsciente, al suelo. A raíz de las heridas sufridas hubo de ser ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos", reza el fallo.
En julio de 2020, meses después de la protesta cuya organización se atribuye a Tsunami, se le reconoció insuficiencia respiratoria aguda, síndrome de distrés respiratorio agudo, neumonía bilateral grave, traumatismo cranoencefálico grave, contusiones de ambos hemisferios cerebrales, sangrados subdurales intracraneales, además de fracturas, contusiones, edemas y traumas en la columna y vista doble.
Desórdenes públicos de naturaleza terrorista
Como consecuencia de ello, el agente fue jubilado en noviembre de 2020 por incapacidad permanente. Para García Castellón la situación de los tres policías heridos en los disturbios de Urquinaona hacían necesario un informe forense "más minucioso" para determinar si estos daños son atribuibles a los imputados en Tsunami Democràtic, entre los que se encuentran Carles Puigdemont y Marta Rovira.
"Estas lesiones graves permiten corroborar la extrema violencia y gravedad de los hechos y la grave afectación del orden público que supuso lo que allí aconteció, con el empleo por la masa que actuaba bajo la cobertura y el amparo de Tsunami Democràtic, de armas e instrumentos peligrosos capaces de provocar las referidas lesiones. Ello permite asentar la calificación de estos actos como desórdenes públicos de naturaleza terrorista, objetivamente imputables a los miembros de la organización", sostiene el instructor.
Se trata de unas conclusiones que plasmó en noviembre, cuando pidió al Tribunal Supremo que asumiera la causa entera al figurar entre los imputados el diputado de ERC Rubén Wagensberg, y Puigdemont; este último en su condición de europarlamentario. Sin embargo, desde ese momento hasta ahora, las nuevas conclusiones aportadas a los organismos consultados acreditarían los indicios de terrorismo, a juicio el instructor.
Contra la personación del policía
Frente a ello se posiciona la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que considera que los hechos más graves de Tsunami (como puede ser la ocupación del aeropuerto de El Prat) serían constitutivos de delito de desórdenes públicos. Los imputados, por su parte, descartan cualquier actuación de naturaleza terrorista y se desvinculan de turbas como la de la Plaza de Urquinaona que se convocó para protestar contra la sentencia del procés.
El asunto es especialmente importante por dos motivos: primero porque si el delito de terrorismo decae la Audiencia Nacional pierde la competencia para investigar la causa, que tras cuatro años bajo el control de este órgano, pasaría a los juzgados ordinarios catalanes. No obstante, todo quedará en papel mojado en cuanto entre la amnistía en vigor.
Precisamente el segundo motivo reside en la tramitación de este texto en el Congreso y cuyos últimos flecos negocian a contrarreloj PSOE y Junts ante la exigencia de estos últimos de incluir el terrorismo del procés, incluso en los casos con sentencia firme.
Conscientes de la relevancia que juega el policía que entró en coma en todo este asunto, los imputados en la causa están oponiéndose a su presencia en la misma, de acuerdo con la última documental adherida al procedimiento y a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
En concreto Marta Molina, uno de los cerebros detrás de la plataforma de Tsunami, ha recurrido la personación del policía gallego alegando que éste ya renunció a ejercer acciones penales en el marco del procedimiento penal seguido en un juzgado de instrucción de Barcelona por estos hechos. Además, sostiene que "no existe indicio alguno" de que las lesiones que sufrieron los agentes en aquella batalla campal se les pueda achacar a los imputados o a la plataforma de Tsunami.
La imputada se apoya en un informe de la Guardia Civil según el cual la convocatoria para una jornada de huelga general días antes de los hechos no las hizo Tsunami, sino que la organización simplemente hizo un llamamiento a sumarse a la misma. También se escuda en la orden del juez a la Policía Judicial en noviembre para que investigase la implicación de la plataforma radical en las lesiones causadas a los policías.
"Resulta patente pues que a fecha de hoy no existe indicio alguno que permita vincular los hechos puestos de manifiesto en el escrito de personación, con los investigados ni con el objeto de la investigación del presente procedimiento, por lo que su personación como acusación particular carece de sustento alguno", reza la defensa de Molina.
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