Las autoridades españoles han dictado 5.859 órdenes de expulsión a Marruecos de inmigrantes que incumplían la ley sobre los derechos y libertades de los extranjeros en nuestro país y su integración social, pero de éstas sólo se han ejecutado 1.612, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso Vozpópuli. O lo que es lo mismo, el Gobierno ha devuelto únicamente al 27% de estas personas, a pesar de la buena situación en las relaciones diplomáticas que mantienen Madrid y Rabat.
Las cifras corresponden al periodo de tiempo comprendido entre 2022, 2023 y lo que va de 2024. En ese primer año se dictaron 2.793 expulsiones rumbo a Marruecos. Cabe recordar que la legislación española contempla estos procedimientos en los casos en que ciudadanos de otros países incumplan la ley orgánica 4/2000, que rige el modo en que los extranjeros deben integrarse en la sociedad.
La cifra fue más reducida en 2023, cuando se dictaron 2.359 órdenes de expulsión de ciudadanos marroquíes. Y, en lo que va de 2024 -con datos actualizados a 31 de mayo-, se ha tomado la misma medida sobre otras 707 personas, tal y como consta en una respuesta escrita del Gobierno en el Congreso de los Diputados a preguntas del Partido Popular.
A renglón seguido, el Gobierno especifica el número de expulsiones efectuadas con destino a Marruecos en el mismo periodo de tiempo: en 2022 fueron 596; en 2023, 654; y en lo que va de año 2024, 364. En total, 1.612 casos.
Expulsiones rumbo a Marruecos
Moncloa apunta a los diputados del PP que registraron la iniciativa parlamentaria que "los procedimientos de extranjería pueden durar meses", dándose la circunstancia de que "expulsiones dictadas en un año, sean ejecutadas en el año siguiente": "Por tanto, el porcentaje es un dato que puede no ser indicativo".
No obstante, la muestra representativa de tres años sería lo suficientemente amplia como para extraer un porcentaje sobre el número de expulsiones efectuadas hacia Marruecos: las 1.612 efectuadas suponen un 27,51% respecto a las 5.859 que se han dictaminado desde 2022, incluido.
La ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social determina que no podrán entrar en nuestro país, ni obtener un visado a tal fin, los extranjeros que hayan sido expulsados, mientras dure la prohibición de entrada. Las expulsiones pueden venir derivadas por orden judicial, en los casos previstos en el Código Penal, o por resolución administrativa en los casos previstos en la citada ley.
En concreto, se contempla la expulsión cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como "muy graves", o en los casos en los que el extranjero -únicamente con nacionalidad exterior- haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, entre otros.
La ruptura PP-Vox
El Gobierno ha incorporado esta misma semana al Boletín Oficial de las Cortes la respuesta parlamentaria al PP, donde se recogen los datos sobre las expulsiones de inmigrantes rumbo a Marruecos en los últimos años, prácticamente coincidiendo con la crisis política que ha suscitado la gestión migratoria entre PP y Vox.
El reparto entre comunidades autónomas de los menores no acompañados que actualmente se encuentran en Canarias ha propiciado la ruptura de los seis gobiernos regionales en los que el PP gobernaba con Vox, después de que los de Santiago Abascal cumpliesen su órdago de abandonar estos ejecutivos si los populares no se plantaban ante estas acogidas.
La decisión ha supuesto la ruptura de los Gobiernos autonómicos en Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, Región de Murcia y Castilla y León, a expensas de lo que pueda suceder en Islas Baleares, donde Vox no forma parte del Ejecutivo pero sí lo sostiene mediante un acuerdo programático suscrito con el PP.
La ruptura de estos Gobiernos supone la salida de más de doscientos cargos dependientes de Vox que desempeñaban diferentes funciones en estos cinco Ejecutivos autonómicos. Además hay consejeros del partido de Santiago Abascal -principalmente en Extremadura y Castilla y León- que se niegan a abandonar sus cargos.
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