La exsenadora de Podemos Celia Cánovas, que ejerce de acusación particular en el llamado caso 'Neurona', ha solicitado al juez Juan José Escalonilla que reabra la investigación acerca de los complementos salariales que la gerente y el tesorero, Rocío Val y Daniel de Frutos, habrían aprobado para ellos y para "empleados afines", insistiendo en que incurrieron en un delito de administración desleal, aunque ha acusado de "corrupción" a toda la cúpula 'morada' y ha pedido citar como investigada a Ione Belarra.
Cánovas ha presentado un recurso de reforma y otro subsidiario de apelación contra el auto del pasado 11 de marzo en el que Escalonilla decidió cerrar la parte de la investigación relativa a la supuesta existencia de sobresueldos irregulares al dar por acreditado que el Consejo de Coordinación conocía las retribuciones adicionales y por ello no cabe hablar de administración desleal.
En un escrito de 19 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, Cánovas ha reclamado al juez instructor que continúe con las pesquisas aduciendo que "la gerente se atribuyó unas competencias que no le correspondían según los Estatutos y según el Plan de Cumplimiento Normativo de Podemos". Según la ex senadora, las tablas salariales vigentes eran las de 2017 y solo podían modificarse con otras nuevas del Consejo de Coordinación o vía presupuestos, dos cosas que no habrían ocurrido.
Cánovas ha llamado la atención sobre el hecho de que en 2019 solo se habría aportado un presupuesto parcial correspondiente al primer cuatrimestre que no sería válido porque las normas internas exigirían unas cuentas anuales, haciendo hincapié en que dicho presupuesto requería "prudencia y contención del gasto" de cara a la campaña electoral de ese año, "no su incremento arbitrario mediante subidas salariales".
Además, ha alertado de que Val y De Frutos no solo habrían aprobado los complementos por coordinación (210 euros mensuales) y por coordinación ejecutiva (400 euros), sino que habría casi una decena de complementos "totalmente arbitrarios" que habrían sido creados unilateralmente por ellos, destacando en concreto los pluses de implementación de imagen corporativa y de responsabilidad personal por comunicación, dotados con 300 euros cada uno.
En su opinión, "la gravedad es mucho mayor" si se tiene en cuenta que el aumento salarial se hizo sin conocer los resultados de las urnas y, por tanto, sin saber en qué situación económica estaría Podemos tras la cita electoral; que no se quedó solo en ellos dos sino que habrían sido varios pluses repartidos entre "empleados afines"; y que habría ocurrido justo cuando se pedía "contención salarial" y "se producían despidos para reducir gastos laboral".
"Por lo tanto, la conducta de la gerente, Rocío Val, en coordinación con el tesorero, Daniel de Frutos, ambos beneficiados por esa subida salarial irregular, encaja en el tipo penal de la administración desleal del patrimonio del partido Podemos", ha afirmado Cánovas.
La ex senadora sospecha que "algunos responsables de Podemos han podido estar utilizando los importes que corresponderían a puestos de trabajo no cubiertos de forma efectiva pero presupuestados previamente, para subir el sueldo al resto del personal del equipo mediante complementos creados al margen de las tablas salariales, aprovechando estos importes 'ahorrados' al no cubrir los puestos de trabajos aprobados para el equipo en cuestión".
Apunta a toda la cúpula
La recurrente ha alertado asimismo de una presunta falta de fiscalización interna, advirtiendo "irregularidades" en el informe de 2019, entre ellas que lo habría llevado a cabo solamente Val sin participación del entonces responsable económico-financiero de Podemos, Denis Thomas Maguire, que se habría limitado a aportar información.
Para Cánovas, es totalmente inaceptable que el autor de una acción de administración desleal en una empresa sea la misma persona que debe supervisar su propia actuación presuntamente delictiva". "En este caso, es inaceptable que la gerente y el tesorero convaliden sus propios actos ilícitos", ha aseverado.
Con todo, ha estimado que también existen indicios racionales de la comisión de dicho delito por parte de Maguire y del resto de miembros del Consejo de Coordinación por "su complicidad y encubrimiento en la aprobación de los complementos salariales no contemplados en las tablas salariales, al margen de las normas estatutarias y sin existir partida presupuestaria".
"El asunto es de extrema gravedad, porque estamos ante una corrupción de toda la cúpula del partido, no de unos individuos aislados", ha dicho, denunciando que "el partido se ha convertido en una propiedad privada de la ejecutiva" y que "en este caso es evidente que toda la ejecutiva está participando de los actos ilícitos que se están investigando" en el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid.
Así, ha destacado "la contradicción que supone que el partido esté personado y esté defendiendo a capa y espada a los presuntos autores de actos que pueden perjudicar el patrimonio social del partido, en lugar de actuar con objetividad en defensa de la persona jurídica y no de sus miembros presuntamente corruptos", lo cual --a su juicio-- "demuestra que la ejecutiva del partido no está habilitada para administrar el patrimonio y está poniendo en riesgo los fondos públicos de que se nutre".
Propone interrogar a Belarra
En concreto, Cánovas ha solicitado al juez que cite como investigada a Belarra, actual secretaria de Estado para la Agenda 2030 que ha sido propuesta por el líder 'morado', Pablo Iglesias, como su sustituta al frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por ser la secretaria de Coordinación Ejecutiva del Secretariado de Podemos que en 2019 firmó los certificados de los acuerdos que obran en las actuaciones referidas a los supuestos sobresueldos.
También ha propuesto las declaraciones como investigado de Maguire y como testigo del ex gerente de Podemos Pablo Manuel Fernández Alarcón, que fue quien propuso las tablas salariales de 2017.
El instructor investiga en esta causa la presunta financiación irregular de Podemos, con la lupa puesta en el contrato firmado por el partido y Neurona Comunidad por 363.000 euros por labores de consultoría política para las elecciones generales de 2019.
La causa partió de una denuncia realizada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente en la que mencionó diversos hechos presuntamente delictivos. Desde entonces, el juez ha cerrado las investigaciones sobre algunos de ellos --los contratos electorales con ABD o las obras de la nueva sede del partido--, si bien la Audiencia Provincial le ordenó reabrir las pesquisas sobre la Caja de Solidaridad.
Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo Mónica Carmona, Escalonilla ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación