Susana de Funes, la esposa del diplomático Camilo Villarino, actual jefe de Gabinete de la ministra Arancha González Laya, ha encadenado durante casi 20 años trabajos de asistencia técnica en el Ministerio de Asuntos Exteriores sin ser funcionaria y de forma casi ininterrumpida, tanto en Madrid como en aquellos destinos en el extranjero en los que él estuvo destinado, según la información que ha recabado la sección sindical de UGT en este ministerio y a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
Este sindicato ha pedido esta semana al Ministerio de Asuntos Exteriores que le facilite la lista de puestos de asistencia técnica que se han creado en los últimos años, ante la sospecha de que están siendo utilizados por altos cargos de dicho departamento para colocar a familiares directos. El caso de Villarino y su cónyuge es el que más ha llamado la atención a los representantes sindicales, pero no es el único.
Los puestos de asistencia técnica se utilizan en la Administración para contratar a alguien ajeno a la función pública. Por tanto, son una excepción y en cada caso se tiene que justificar el motivo de dicha contratación, incluyendo un certificado de que no hay ningún funcionario que pueda desarrollar esa tarea. Esta figura de la asistencia técnica produce, además, lo que los sindicatos denuncian como "falsos autónomos".
Este periódico ha tenido acceso al currículum vitae que De Funes entregó para su último contrato de abril a diciembre de 2019 en la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES), encuadrada dentro de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. En él, afirma haber logrado una licenciatura de Administración de Empresas en EEUU, aunque no indica en qué universidad, y disponer de un máster en Políticas de Desarrollo conseguido en Bélgica, pero tampoco reseña dónde.
El primer trabajo de De Funes de asistencia técnica lo consiguió en septiembre de 2001 en Bruselas, en el área de Cooperación al Desarrollo dentro de la Representación Permanente de España ante la UE, donde su marido era consejero 'Antici', un puesto diplomático muy delicado pues le correspondía seguir las áreas del Coreper II -Asuntos Exteriores, Asuntos Generales, Asuntos Económicos y Justicia e Interior-. El contrato se prolongó hasta julio de 2002, justo cuando Villarino tuvo que regresar a Madrid.
En octubre de 2003, De Funes logró entrar por primera vez en la DGPOLDES de Asuntos Exteriores con un contrato de asistencia técnica que se fue renovando sucesivamente durante cinco años, hasta julio de 2008, momento en el que su marido fue destinado a Estados Unidos como consejero en la Embajada española.
En Washington, De Funes consiguió en septiembre de 2009 el puesto de gestora del fondo que entrega España a la Organización Panamericana de Salud, un organismo vinculado a la OMS. Allí estuvo más de tres años, hasta diciembre de 2012. Unos pocos meses después, Villarino fue destinado como consejero a la Embajada en Rabat y De Funes volvió a lograr en 2015 un contrato de asistencia técnica para un proyecto de inclusión social de Caritas en Marruecos. Exteriores abonó previamente 48.000 euros para esta iniciativa.
Cuando Alfonso Dastis se convirtió en ministro, eligió a Villarino como jefe de Gabinete, quien ha seguido en ese puesto con Josep Borrell y la citada Arancha González Laya. Aquel nombramiento fue en junio de 2017 y el matrimonio tuvo que regresar a Madrid. Un año después de la mudanza, De Funes obtuvo un nuevo contrato de asistencia técnica en la DGPOLDES de Exteriores de 10 meses de duración, de abril de 2018 a febrero del año pasado.
En ese momento ya había cambiado la ley de Contratos del Sector Público, modificada en noviembre de 2017 por Cristóbal Montoro, quien bajó de 18.000 a 15.000 euros (sin IVA) el tope máximo para este tipo de contratos menores que no requieren de publicidad. También incluyó la obligatoriedad de que transcurriesen 12 meses entre uno y otro con un mismo objeto, para evitar así el abuso que se había detectado con la concatenación de asistencias técnicas.
Fue entonces cuando la subdirectora general de Planificación, Coherencia de Políticas y Evaluación de la DGPOLDES, Mon González, tuvo que firmar un certificado en el que garantizaba que Susana de Funes no había suscrito ningún contrato menor de asistencia técnica en el último año, como así era. "El contrato se completó con total satisfacción, entregando los productos en tiempo, forma y calidad", se subraya desde la Oficina de Información Diplomática (OID) a Vozpópuli.
Nuevo contrato a los dos meses
Finalizado éste, a los dos meses De Funes volvió a conseguir otro contrato de ocho meses en la DGPOLDES y en este caso hubo otro certificado negativo a cargo de la nueva subdirectora general de Planificación, Coherencia de Políticas y Evaluación de la DGPOLDES, Eva del Hoyo. La OID alega que se cumplió el requisito de los 12 meses pues el primer contrato de 10 meses fue firmado el 18 de abril de 2018 y el segundo de 8 meses de duración, el 25 de abril de 2019. Es decir, había pasado un año y una semana entre la firma de uno y otro.
Este segundo contrato menor se pactó por 14.900 euros (sin IVA) y acabó en diciembre del año pasado, abonándose dicho montante en cuatro facturas diferentes. La primera del 30% y las sucesivas -del 35%, 25% y 10%- "a la presentación de cada producto", según la literalidad del contrato al que ha tenido acceso este periódico.
En nombre de la Administración firmó este último contrato el diplomático Jorge Friend, por entonces jefe de Gabinete del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y actualmente cónsul español en Guayaquil (Ecuador). La comunicación entre Villarino y Friend era muy estrecha en aquel momento debido a sus respectivos trabajos junto al ministro y el 'número tres' de Exteriores.
La OID incide en que se trató de una "asistencia técnica especializada con un objeto diferente al anterior" y a la que se invitó a participar con oferta a tres candidatos, tal y como establece la legislación vigente. "Estos fueron seleccionados por currículum, en concreto por su experiencia previa en la metodología Marcos de Asociación País (MAP) 2018 y Agenda 2030, fundamental para este trabajo, no existiendo un número elevado de consultores que cumplan con esos dos requisitos concretos", señala un portavoz de Exteriores.
Además, desde el departamento de González Laya se insiste en que este tipo de contratos "no pueden optar funcionarios públicos salvo que se encuentren en situación de excedencia voluntaria". Es más, Exteriores apunta a que las tareas encomendadas a la esposa de Villarino "se han intentado cubrir repetidamente por funcionarios públicos, no siendo posible hacerlo por la carga de trabajo y la falta de personal". Según la OID, existe en DGPOLDES una "insuficiencia de medios especializados y en cuantía suficiente" y por eso se recurre a consultores externos como De Funes.
Así las cosas, dos de las personas invitadas a la oferta a la que aspiraba la mujer de Villarino "declinaron participar por distintos motivos", por lo que finalmente fue ella la seleccionada al ser la única en liza. "Este contrato pasó entonces por la Intervención. El proceso se realizó por lo tanto con todos los informes preceptivos, siguiendo escrupulosamente lo que la legislación marca para ello", indica la OID a este periódico.
"El desempeño de la consultora ha sido de total satisfacción y los productos previstos han sido entregados con las adaptaciones habituales. Su contribución ha sido sustantiva y eficaz", concluye Exteriores en referencia a los últimos contratos con De Funes mientras su marido estaba al frente del Gabinete de los ministros Dastis y Borrell.
Fiscalía y Tribunal de Cuentas
Fuentes de UGT no se creen esta versión, sino que las otras candidaturas fueron un "paripé" para dar apariencia de legalidad y que los contratos de 2018 y 2019 son en realidad del mismo objeto, pero se dividieron en dos para sortear los impedimentos de la ley de Contratos del Sector Público.
Por ello, estiman que se está ante un caso de "claro nepotismo" que se ha prolongado durante casi dos décadas pues Exteriores ha contratado a la cónyuge de Villarino allí donde él iba destinado. UGT estudia llevar este asunto ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas, tal y como se indicó en el acta de la última reunión de la sección sindical de Exteriores y confirmaron fuentes del sindicato a este medio.
Asimismo, UGT ha detectado otros "usos abusivos" en contratos de asistencia técnica dentro del departamento de González Laya, tanto en el servicio de Protocolo como en la sección de acreditaciones del personal diplomático. E intuye que puede haber muchos más, de ahí la petición que se ha cursado al Ministerio de Asuntos Exteriores para que se le remita la lista de este tipo de contratos desde 2006.
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