El vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional (TC), Ramón Rodríguez Arribas, contempla con recelo y preocupación la reforma del Gobierno sobre el tribunal de garantías. El jurista, que integró el Pleno que resolvió en 2010 los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatut catalán, considera que esta modificación incluye cambios "de extrema gravedad" y que los medios que está empleando el Ejecutivo son "muy peligrosos".
El jurista, que ha ejercido como magistrado durante más de media década, aclara en esta entrevista a Vozpópuli que el TC es un órgano político pero no politizado y que expresiones como la de "desjudicializar" el conflicto catalán son equívocas ya que viene a significar que el poder legislativo no se fía del judicial. También alarma con que se dé luz verde a reclamos del independentismo catalán, como la creación de su propio sistema judicial que en su día frenó este órgano. "Nos podríamos encontrar con una fórmula de tergiversar la Constitución y el orden jurídico por la puerta de atrás", sostiene.
Pregunta: ¿Qué opinión le merece la reforma que afecta al Tribunal Constitucional?
Respuesta: La finalidad del Tribunal Constitucional es impedir -o en su defecto corregir- los abusos de la mayoría parlamentaria porque otros abusos, como pueden ser los de la Administración Pública a través de lo Contencioso-Administrativo, tienen su freno. Las exageraciones de la propia Justicia tienen sus controles que garantizan que no se cometen arbitrariedades. Al legislativo se le controla a través del TC.
Cuando el poder constituido normativo está tratando de influir en la composición del órgano de garantías para asegurarse un juicio positivo a sus propias desviaciones, se pone en riesgo la propia naturaleza y finalidad del Tribunal Constitucional. Y esto que puede parecer una cosa formal tiene una gravedad enorme. Bien sea por acción, omisión o por presión, a lo largo de la historia los tribunales encargados del control de las constituciones son los que han soportado esas desviaciones haciéndolas volver hacia el carril del verdadero Estado de Derecho.
P: ¿Qué opina de las modificaciones sobre la forma de elegir a los candidatos o la eliminación del examen de idoneidad?
R: Esas dos cosas son gravísimas por una razón: ¿cómo se consigue que el Tribunal Constitucional sea independiente? Aparte de por la propia voluntad de los que lo integran porque existen unas garantías que favorezcan la gestión del tribunal. Una es la elección y otra es la admisión de los candidatos.
La primera es la mayoría cualificada para la elección de los miembros. En España es una mayoría muy cualificada. Y esta mayoría que se establece para los miembros que no necesariamente tienen que ser miembros del Poder Judicial se quiere rebajar a la condición mínima de la mayoría simple. Se suprime una garantía esencial en el nacimiento del propio miembro del Tribunal Constitucional como tal.
Y la segunda garantía que ha funcionado desde su creación en España es la de que el propio tribunal reunido en Pleno establezca si hay idoneidad o no; si hay alguna dificultad para aceptar que vengan a ejercer una función muy importante de control de legalidad. Esa garantía se suprime sin más. Sin ninguna justificación. Yo recuerdo cuando me nombró el Rey (Juan Carlos I). Se reunió el Pleno y yo tenía mi inquietud. Lo esperaba con la ilusión de que fuera positivo y la preocupación de que pudiera tener un defecto que no hubiera visto.
Se ha hecho uso de esa facultad tremenda con mucha prudencia, pero como resulta que parece que no se fían ni del Tribunal Constitucional actual, como no tiene ninguna confianza en el órgano, se le priva de esa facultad y con ello priva a la propia institución de una garantía esencial. La rebaja en el número de votos y la supresión de que los actuales (miembros) emitan valoración es de una gravedad extrema.
La palabra desjudicializar es muy equívoca. No se puede privar de garantías a los jueces. Si se hace es porque no hay confianza y se quiere imponer la voluntad al margen de la ley
P: ¿Cuál es el motivo real que ha llevado al presidente del Gobierno a modificar la ley?
R: Desgraciadamente esa es una pregunta que tiene que contestar él y las personas que le asesoran y le ayudan a hacer lo que está haciendo. Pero la finalidad, cualquiera que sea, es una inmoralidad en sí misma porque es un fin que, aunque fuera sanísimo, utiliza unos medios completamente inmorales, completamente contrarios a la legalidad y muy peligrosos para la estabilidad democrática de España.
P: El presidente afirma que es necesario para 'desjudicializar' el problema catalán...
R: La palabra desjudicializar es muy equívoca. Si se aplica a la práctica resulta que es privar a los jueces de su función. Si confía una persona en las instituciones lo que no puede hacer es privarla de garantías y facultades. Si se hace así es porque no confía en ellas, y si no se confía en ellas es porque quieres hacer tu voluntad al margen de la ley y de los intereses generales del país.
P: Se escucha mucho últimamente que el Tribunal Constitucional es un órgano político...
R: Es un órgano político porque es constitucional pero con finalidades jurídicas y con instrumentos ajustados a derecho. Si no sería una arbitrariedad, una especie de pantomima y se derrumbaría por sí mismo. El prestigio del TC está en que, con diferentes criterios, trata por todos los medios de ajustarse a derecho. Si se sale de ese marco dejaría de tener prestigio y de cumplir la función que la historia le encomienda.
La creación de un sistema judicial catalán fue uno de los temas en los que estábamos unánimemente preocupados. Con un poder judicial propio sí que habría politización de la Justicia
P: ¿Usted defiende la actuación en la última década del Tribunal Constitucional en el conflicto catalán?
R: El Tribunal Constitucional en el que yo estuve precisamente cuando se discutió el Estatuto catalán lo que hizo fue dictar una sentencia contenida. Una sentencia en la que se declararon inconstitucionalidades, pero se trataron de abrir paso a través de la interpretación conforme a cosas que permitían que aquello funcionara si había buena intención... pero con deslealtad y mala fe no se va a ninguna parte.
P: Ustedes anularon artículos como el que abogaba porque Cataluña tuviera su propio sistema de Justicia...
R: Ese fue uno de los temas en los que estábamos unánimemente preocupados en que no saliera adelante, en que se corrigiera la desviación porque con un poder judicial propio y mediatizado eso sí que sería politizar la Justicia, y ahí podríamos encontrarnos con una fórmula de tergiversar la Constitución y alterar el orden jurídico por la puerta de atrás.
P: ¿Le preocupa que lo conseguido hasta ahora se diluya con el nuevo Tribunal Constitucional?
R: Yo quiero ser todavía optimista y esperar que las cosas tengan remedio, pero no vamos por buen camino.
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