Un juicio es una de las situaciones más estresantes a la que puede enfrentarse un ser humano. Hay muchas cosas en juego, en muy poco tiempo. Cualquiera puede perder la compostura o venirse abajo ante un abogado de los duros. En los últimos 10 años, más de 1.000 personas con discapacidad intelectual han tenido que enfrentarse a ese simulacro de purgatorio, y muy pocas han tenido la ayuda necesaria.
Es más, se calcula que el 75% de estas personas sufrirán abusos en algún momento de su vida y que solo el 3% se atreve a verbalizarlo. Los pocos que llegan a denunciar los abusos se muestran vulnerables ante un procedimiento judicial complejo y, en muchas ocasiones, hostil. “Los abogados se comen a estas víctimas de abuso. Se producían situaciones de verdadera indefensión”, lamenta Jacobo Cendra, director de la Unidad de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad Intelectual (UAVDI) de la Fundación A la Par.
Precisamente esta fundación, situada en Montecarmelo, Madrid, donde antiguamente se erigía un centro de atención a familiares de leprosos, fue pionera en la creación de esta unidad en 2011, en colaboración de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil.
“Las personas con discapacidad intelectual son altamente vulnerables a sufrir cualquier tipo de abuso. De hecho, la prevalencia de abusos a personas con discapacidad intelectual es muy elevada en comparación con la población sin discapacidad intelectual”, apuntan desde la Fundación A la Par.
El reto para estas personas y sus familiares es doble. Por un lado, tienen que afrontar mentalmente las consecuencias emocionales del maltrato, y por otro, “enfrentarse a un sistema policial y judicial que no se adecúa a su condición, provocando que su acceso a la justicia sea en condiciones de desigualdad”.
De acuerdo con el informe ‘A Cada Lado’, elaborado por Plena Inclusión, solo se tiene en cuenta la condición de discapacidad intelectual en el 31% de los juicios que implica a estas personas.
La UAVDI pionera de España (luego han surgido más) se encuentra en esa pequeña gran ciudad que es la Fundación a la Par, un amplio terreno con colegio, parque de juegos, talleres y huertos para las personas con discapacidad intelectual. Todos saludan y sonríen cuando te ven pasar, sin excepción. Alguno incluso dice estar ante “alguien famoso”, cuando apenas te conocen en tu barrio.
En el edificio central, donde se ubica el colegio y el comedor principal, se encuentra también la UAVDI, y en su seno se gestó la figura del ‘facilitador’, que se ha convertido en la gran esperanza de estas personas ante los procesos judiciales.
¿Qué es un facilitador?
Desde hace tres años, el sistema judicial español permite el uso de facilitadores cuando así se solicita. La figura no está desarrollada legalmente, pero por lo general se trata de un psicólogo experto en discapacidad intelectual y psicología forense (y especialmente en la rama de psicología del testimonio).
El facilitador evalúa las capacidades de las víctimas y diseña los apoyos y ajustes de procedimiento necesarios para cada caso en concreto, de tal forma que puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones que el resto de personas.
Para recoger el testimonio de la víctima se habilita un lugar donde llevar a cabo la entrevista, procurando que sea más amable que una sala de juicios. El facilitador también se encarga de adaptar las resoluciones judiciales para que resulten comprensibles a la víctima o el acusado (también se atiende a personas con discapacidad que han cometido delitos).
Solo 7 facilitadores para 200 demandas
En los últimos 3 años, la UAVDI de la fundación ha recibido una media de 200 peticiones anuales para acceder a un facilitador. Para absorber esta demanda solo hay 7 facilitadores, pues requiere de un perfil muy complejo. “Empezamos a estar desbordados. Necesitamos más personal”, manifiesta un facilitador.
Y es que para entrevistar adecuadamente a una de estas personas se necesitan tener en cuenta múltiples aspectos. La Guía de Intervención Policial con Personas con Discapacidad, elaborada por la fundación en colaboración con la Policía y la Guardia Civil, establece recomendaciones como “comenzar hablando de temas del interés del entrevistado”; “si el entrevistado muestra reticencias, recurrir a puntos en común”; “explicitar que no hay respuestas acertadas ni fallidas” u “ofrecer la oportunidad de corregir al entrevistador”.
Y estas son solo consejos para la fase de inicio de la entrevista. El documento, de 130 páginas, establece también pautas previas a la entrevista, en su abordaje y cierre.
El efecto del facilitador en las sentencias
Antes del uso de esta figura, el 38% de los casos donde participaba una persona con discapacidad intelectual como víctima eran sobreseídos. Tras su llegada, este porcentaje se ha reducido a menos de la mitad (15%).
Además, las sentencias condenatorias han pasado de darse en un 9% de estos casos a un 30%. Ahora, los facilitadores también atienden a personas como estas que han sido acusadas de cometer un delito. El 94% de los condenados con esta discapacidad pasa la pena en una prisión convencional.
