España

La factura de Tsunami que Sánchez amnistiará: 15 millones diarios por los cortes de la AP-7 y 2 más por el Prat

El perjuicio económico por los altercados en el aeropuerto asciende a 2,1 millones de euros mientras que el Comité Nacional del Transporte por Carretera estimó pérdidas en 15 millones de euros diarios por el sabotaje en la autopista

Los altercados violentos que impulsó Tsunami Democràtic como reacción a las protestas del procés se cuentan por millones de euros. El último informe de la Guardia Civil incorporado al sumario incluye el desglose del perjuicio dinerario que se produjo con los cortes de carretera en la AP-7 casi en la frontera con Francia, los altercados del aeropuerto de 'El Prat' o el 'clásico' que se jugó en el Camp Nou el 18 de diciembre de 2019.

La Guardia Civil cifra el daño económico de estas tres acciones en poco más de 2,84 millones de euros, de acuerdo con su último informe incorporado a la causa contra Tsunami y al que ha tenido acceso Vozpópuli. Los agentes determinan que solo en lo que respecta a los disturbios en el aeropuerto las pérdidas ascienden a 2,19 millones de euros. La División de Seguridad Aeroportuaria de AENA cuantificó los daños ocasionados por 1,21 millones de euros; cifra a la que hay que sumar los 978.000 euros identificados por Vueling.

La compañía se vio obligada a cancelar 169 vuelos, lo que le ocasionó cerca de medio millón de pérdidas. A ello tuvieron que añadir los gastos de hoteles de tripulación y pasajeros que no pudieron viajar por culpa de la turba que impidió el acceso al aeropuerto. Los hechos tuvieron lugar el 14 de octubre de 2019, mismo día en que se hizo pública la condena del Tribunal Supremo a Oriol Junqueras y los líderes del procés.

Protestas de Tsunami Democràtic en El Prat

Los agentes ubican en la cúpula de este movimiento a líderes de ERC como Marta Rovira y al entorno más cercano de Carles Puigdemont. Tanto es así que sostienen que el que fuera asesor de Puigdemont en Rusia, Josep María Alay, gestionó la financiación de Tsunami y de esta protesta con fondos que se ingresaron en un banco suizo.

Otra de las actuaciones que se contabilizan en el oficio policial fueron los cortes de la AP-7 a la altura de la Junquera. Las protestas, que convocó Tsunami Democràtic y que degeneraron en noches de fuego y de disturbios, provocaron unos daños que ascendieron a 566.115 euros, según estimó Autopistas Concesionaria Española Sociedad Anónima (ACESA).

El empresario amigo de Puigdemont

Tanto es así que esta mercantil denunció los hechos que se produjeron entre los días 11 y 15 de noviembre de aquel año. Al respecto expusieron que las barricadas y los incendios en la pista no solo causaron graves daños de infraestructura, sino que les pusieron en peligro. Con todo, la cifra que denunciaron dista mucho de los 15 millones de euros diarios que reportó el Comité Nacional del Transporte por Carretera.

Al respecto, la Guardia Civil destaca que uno de los 'cerebros' de Tsunami Democràtic, el empresario Josep Campmajó se hizo con las diligencias policiales de los investigados por los cortes de La Junquera a través de uno de los usuarios de la aplicación de mensajería que utilizaban para comunicarse. Los mensajes acreditan además que este empresario reportaba a Carles Puigdemont, que se encontraba huido de la Justicia en Bélgica.

Un manifestante muestra una pancarta de Tsunami Democràtic.

A estas acciones violentas se añade también una acción que preparó la plataforma para sabotear el clásico entre el Barça y el Real Madrid el 18 de diciembre de 2019 en el Camp Nou. De nuevo, las conversaciones incautadas a los agentes demuestran que se encargaron de toda la logística (como la compra de pelotas de goma que repartieron a los implicados o el suministro de Internet en los alrededores del estadio).

"Conminar al Estado español"

El consistorio catalán informó de unas pérdidas que superaban los 85.000 euros. Ferrovial detalló en un informe los daños al mobiliario urbano en las zonas aledañas al Camp Nou. Los agentes señalaron a Xavier Vendrell, uno de los cabecillas de Tsunami que se dedicó a labores de coordinación y apoyo entre la plataforma y políticos de la esfera independentista.

"Uno de los principales rasgos de Tsunami fue la constante conminación al Estado español para que éste claudicara ante las exigencias de la plataforma, que eran la autodeterminación de Cataluña, libertad de políticos y amnistía Informe de Guardia Civil

Al respecto, la Guardia Civil detalla que el objetivo de todas estas acciones fue el de "conminar al Estado español" para que este "claudicara" ante las exigencias de la Plataforma. Las mismas eran autodeterminación de Cataluña, libertad de los presos y amnistía.

Tsunami y la amnistía

Precisamente este último requerimiento está cerca de materializarse a tenor del acuerdo de investidura entre Pedro Sánchez y sus socios independentistas. Aunque en aquel momento el Gobierno del PSOE se opuso reiteradamente a la tan reclamada amnistía alegando que era inconstitucional, ahora Moncloa ultima la redacción de una norma que va a terminar sentenciando de muerte a las causas por la deriva soberanista catalana.

Precisamente uno de los procedimientos que se anularán cuando se apruebe esta nueva ley será el que afecta a Tsunami Democràtic. Se trata de una causa que nació hace más de cuatro años y que se ha instruido prácticamente en su totalidad bajo secreto de sumario. Lo único que ha trascendido de la misma son los informes policiales que han evidenciado los vínculos de la cúpula de ERC y Junts con esta plataforma.

Al respecto, los agentes insisten en este último documento que Tsunami no nació como un movimiento espontáneo de respuesta a la sentencia del procés, sino que hay evidencias que demostrarían que ya por agosto se fraguaba su creación, cuando todavía no se conocía ni el sentido del fallo del alto tribunal.

El futuro de la causa

Los investigadores llevaban meses aguardando este último informe, ya que es determinante para el devenir del procedimiento. Tras él, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se pronunciará acerca de si mantener la causa en la Audiencia Nacional o bien derivarla a los juzgados ordinarios, teniendo en cuenta que no contemplan el delito de terrorismo y que, por tanto, la Audiencia perdería la competencia para dirigirla.

Tras el informe del Ministerio Público se pronunciará el magistrado, el cual tiene en su mano acceder a la previsible petición de la Fiscalía o bien continuar conservando la batuta de las diligencias. Con todo, la ley de amnistía anulará el procedimiento. La polémica norma no solo tumbará la causa, sino que acarreará el reconocimiento de que los tribunales se han excedido con su actuación en todo lo relativo al procés.

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