El avance de la 'operación Azud' salpica con fuerza a estrechos colaboradores de Ximo Puig y al PSOE de Valencia: el ex subdelegado del Gobierno valenciano, Rafael Rubio, el exresponsable de finanzas José María Cataluña y el portavoz socialista recién dimitido, Manolo Mata. La investigación ha sacado a la luz docenas de facturas falsas que encubrían sobornos. Como adelanta El Mundo, el PSOE de Valencia ha podido beneficiarse gratamente de esta trama de corrupción que se gloriaba de pagos irregulares a cambio de adjudicaciones urbanísticas a dedo. La cuantía de las facturas asciende a 1,3 millones de euros.
Dilucidar hasta donde llegan las ramificaciones de la trama esclarecerá la financiación ilegal del partido socialista autonómico, tal y como cree la Fiscalía. En principal intermediario de la trama corrupta ha sido José Luis Vera, abogado de profesión y vinculado con el PSOE de Valencia. La millonaria suma irregular habría sido cobrada por él entre 2007 y 2012.
El empresario que habría realizado los pagos es Jaime Febrer, quién era el encargado, como señala la documentación recabada, de sobornar a los cargos para obtener proyectos urbanos y que estaba amparado por Manolo Mata como abogado. Mata, que dejó su cargo el 6 de mayo ante las crecientes presiones internas por ser la 'cabeza' de la trama, ha sido durante todos estos años un peso pesado en el gobierno de Ximo Puig.
El tándem de Febrer y Vera en el PSOE
Como queda recogido en el escrito del Fiscal, el mediador, Luis Vera, "aparece de forma indiciaria como intermediario al objeto de que la persona que le paga, Jaime Febrer, consiga sus propósitos de favor en la adquisición de terrenos y posterior desarrollo de los mismos, como igualmente aparece de forma indiciaria como partícipe en que parte de dicho metálico fuese a sufragar la campaña electoral del Partido Socialista, todo ello mediante la utilización de sociedades interpuestas al objeto de desconectar la fuente del dinero". El tándem de Febrer y Vera, bajo la mirada de Mata, indicaban de manera distendida los trabajos urabísticos que se iban a desarrollar y se creaba una factura falsa para dar veracidad a la operación.
Las facturas en cuestión rondan de los 3.000 a los 2.700 euros expedidas mensualmente. En total, Vera llegó a cobrar hasta 29.920 euros por "honorarios", además de otra factura de hasta 144.072 por lo mismo. Mientras cobrara por esta vía, Vera además recibía el dinero formal del Partido Socialista del País Valencià (PSPV) por sus servicios. El bufete en el que trabajaba Vera también compartía domicilio con Virgilio Latorre, otro letrado relacionados con el PSPV. Latorre era cliente de Vera y es el abogado de Rafael Rubio, investigado en al macrocausa de Azud.
