La organización de consumidores Facua ha señalado este miércoles que el Gobierno sigue adelante con la idea de implantar un nuevo sistema de peajes en todas las autovías a partir de 2024 y ha defendido que el mantenimiento de las carreteras debe financiarse a través de los Presupuestos del Estado.
Facua ha reaccionado así, a través de un comunicado, tras conocer que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha encargado a la empresa de ingeniería pública Ineco un estudio de alternativas para establecer un mecanismo de financiación de la red de carreteras del Estado, como se recoge en el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya avanzó en octubre de 2021 que el Gobierno se encontraba trabajando en esta medida. Aunque el pasado mes de junio descartó iniciar el debate correspondiente con el sector debido a la situación económica, volvió a confirmar que el plan seguía adelante y que la idea era implantarlo a partir de 2024 (los peajes) Asociación de consumidores
Así, ha rechazado frontalmente este modelo y ha alertado de que dicha medida terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo, que "sufrirán un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública".
Afectará a quiénes tienen menos poder adquisitivo
Considera además que supondría un claro perjuicio para aquellos usuarios que no viven en grandes núcleos urbanos y que tienen que usar estas vías de forma habitual para sus desplazamientos a centros de trabajo, colegios u hospitales, entre otros.
Cree también que implicaría "un auténtico copago o repago, al obligar a los usuarios a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de los impuestos".
Facua entiende que la financiación de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el dinero necesario para el mantenimiento de las vías salga de los impuestos directos de los ciudadanos.
Ha instado además al Ejecutivo de la nación a que apueste "firmemente" por un transporte público colectivo con infraestructuras suficientes y a un precio asequible como alternativa "real" al vehículo privado, en lugar de "plantear medidas que terminan siendo perjudiciales para los ciudadanos con menor poder adquisitivo".
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