Bruselas mira con preocupación el plan del Gobierno de coalición para luchar contra las llamadas fake news. La Unión Europea teme que se convierta en una artimaña para controlar los medios en pleno estado de alarma, y analiza al detalle el plan publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y avisan: no quieren "ministerios de la verdad" sin pasar por el Parlamento ni contar con la oposición.
Fuentes comunitarias aseguran a Vozpópuli que lo visto hasta ahora "no gusta". Recelan porque esta estrategia haya salido a la luz sin pasar antes por el Parlamento, como han hecho otros gobiernos europeos, sin haber contado con la oposición y por el hecho de que ningún profesional de la comunicación esté incluido en el órgano que supervisará lo que se considera una noticia falsa.
Desde Bruselas, son tajantes: "No queremos ministerios de la verdad". En su lugar, señalan, son partidarios de que se utilicen medidas “suaves” para combatir la veracidad de las informaciones. Por ejemplo, el uso de verificadores, que son profesionales o agencias independientes que rastrean y rebaten las falsas noticias en los medios y redes.
Un portavoz de la Comisión, Johannes Bahrke, avisó el jueves de que la Comisión Europea "está vigilando" todas las medidas que están aprobando los estados miembros durante la declaración de los estados de alarma. Quieren evitar que, aprovechando los plenos poderes, los gobiernos aprueben medidas que puedan ir contra los derechos fundamentales.
Los casos de Alemania y Francia
La Unión Europea ha sufrido en sus propias carnes el impacto de estas falsas noticias en los procesos democráticos que se han desarrollado en los últimos años: el referéndum del Brexit, las elecciones en los Países Bajos o los comicios europeos fueron objeto de ataque. Desde entonces, los países han ido aprobando legislaciones para protegerse de cara a estas injerencias.
En Alemania, por ejemplo, se diseñó en el año 2017 la Ley de Refuerzo de la Red, con la que pretenden obligar a las compañías de redes sociales como Facebook o Twitter a retirar el contenido que se considere ilegal, como los discursos de odio. De no hacerlo se enfrentarían a sanciones de hasta 50 millones de euros. La ley, que fue objeto de debate en el Parlamento, recibió -a diferencia de lo sucedido en España-el respaldo de los principales partidos: los conservadores de la canciller Angela Merkel y los socialistas. El apoyo no impidió críticas por las dudas en torno a los límites de la libertad de expresión.
En Francia se aprobó también una ley en el Congreso -también a diferencia de España- por la que se autorizaba al 'Consejo Superior Audiovisual' a supervisar las llamadas noticias falsas, que sean “deliberadamente diseminadas a escala masiva” y que comprometan la paz o el compromiso con el resultado de las elecciones. Este Consejo es una autoridad pública independiente que se estableció en 1989 para vigilar que las televisiones y radios cumplen con el pluralismo y la información veraz, y está autorizado a suspender o incluso frenar las emisiones de los servicios de televisión, pero solo los que estén controlados o influidos por países extranjeros.
Moncloa intenta apagar el incendio
El Gobierno de Sánchez ha tratado este viernes de apagar el incendio que ha provocado su propuesta. El objetivo, ha dicho, es monitorizar y, en su caso, actuar contra campañas de desinformación orquestadas desde el extranjero. Y que no se hará seguimiento de las llamadas noticias falsas sino de 'campañas' de desinformación. "Ni las seguimos, ni nos interesan", han dicho fuentes del Ejecutivo. "Las noticias falsas caen por sí solas y para eso ya existen verificadores".
Estas fuentes sostienen, cuando se les recuerda los casos de Francia y Alemania, que el aval del Parlamento no es necesario porque no hay afectación de derechos fundamentales de información o expresión. Y han explicado que se ha utilizado la orden ministerial en el BOE porque se trata de un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional. El Consejo es una comisión delegada del Gobierno y sus medidas se trasladan mediante orden ministerial o real decreto.
Además, recuerdan que el Plan de Acción contra la Desinformación publicado en 2018 por la Comisión Europea, y al que hace referencia el Gobierno para publicar su estrategia, está diseñado para luchar, en particular, contra la injerencia de potencias extranjeras, como Rusia, en las elecciones de los distintos estados europeos.
Foro con medios de comunicación
El Gobierno insiste en que su plan es solo para campañas de desinformación, "que no son exactamente fake news. Es efectivamente una frontera difusa. Según el Ejecutivo, estas campañas atentan contra los intereses y la soberanía nacional. Y pueden afectar por ejemplo a campañas de vacunación por la covid.
Sobre la presencia de la secretaría de Estado de Comunicación y el Gabinete de la Presidencia, el Gobierno dice que es lo "normal". La secretaría de Estado haría de enlace con los medios para, en su caso, contrarrestar la desinformación con una campaña de comunicación.
También se creará un foro para analizar estas campañas en el que supuestamente estarán representados medios de comunicación y posiblemente verificadores.
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