Las familias de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) contrarias a que el centro imparta el 25% de las materias en lengua castellana, como ha acordado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), han negado "cualquier tipo de acoso" y han asegurado: "No tenemos interés en saber quién ha sido la familia denunciante".
En un comunicado, las familias han salido así al paso de las denuncias presentadas por entidades como la Asociación Escuela Bilingüe o Hablamos Español ante la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña por delitos de odio por ataques lanzados hacia una familia que consiguió que un juez les reconociera el derecho a un 25% de enseñanza en castellano.
Las familias de la escuela movilizadas por la inmersión lingüística del centro han creído conveniente "emitir un comunicado" reiterando su "posicionamiento y compromiso profundo de garantizar un espacio educativo integrador para todo el alumnado de la escuela" a la luz del "alcance mediático y la tergiversación de noticias respecto a los hechos reales", aseguran.
En el comunicado, los padres reivindican un modelo educativo en catalán, como "prevé el proyecto educativo y lingüístico que elegimos para nuestros hijos -subrayan-" y afirman estar "por encima de toda polémica política".
Asimismo, las familias reconocen que creen en "la inmersión lingüística y en la escuela catalana" por lo que han exigido "que se lleve a cabo el proyecto educativo y lingüístico" de esta escuela, "que tiene el consenso de la comunidad educativa y ha sido aprobado por el claustro y el consejo escolar". Los padres también se han mostrado "a favor de la inmersión lingüística y de la consecución de la competencia plena en catalán y castellano, como se ha demostrado hasta ahora".
Sobre las medidas cautelares impuestas por el TSJC y que obligan a impartir el 25% de las materias en castellano en el grupo de P5 cuya familia presentó una denuncia para conseguir más tiempo de escolarización en castellano, las familias han afirmado que afectan directamente a sus hijos", que "son los únicos afectados" ya que "son obligados a cumplir unas medidas cautelares impuestas judicialmente sin ningún criterio pedagógico".
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