Una agencia tributaria propia supondrá grandes costes y más fraude, advierte Fedea, pero también avisa de que "supone una de esas estructuras de estado que tan prioritarias son para los nacionalistas catalanes, entre otras cosas porque serían imprescindibles para que una declaración unilateral de independencia, como la de 2017, pueda ser factible". Y "dada la historia reciente, ¿estamos seguros de que sería buena idea dársela?", se pregunta en el documento Algunas reflexiones al hilo del debate sobre el concierto catalán que ha publicado este lunes.
De lo que se trata realmente y ERC nunca lo ha ocultado, destaca, es de "hacerse con las llaves de la caja con el fin de reducir su aportación financiera al Estado y quedarse con la mayor parte
posible de lo que los nacionalistas consideran "su dinero". Como sugiere el sentido común y confirma la experiencia de las comunidades forales, el agente que tiene el dinero en la mano negocia con ventaja en temas de financiación territorial y suele ser capaz de obtener términos muy favorables, especialmente si sólo representa intereses de parte y su sentido de lealtad al conjunto es débil o inexistente".
Este nota, elaborada por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, como el informe que publicó el 7 de agosto para analizar el pacto entre el PSOE y ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa, vuelve a analizar el contenido del acuerdo y responde a ciertas cuestiones que han jugado un papel importante en el debate público durante las últimas semanas. Se reafirma en que es un "concierto" y concluye que es perjudicial fragmentar la gestión tributaria, que no hay un carácter federal y que amenaza la solidaridad territorial, "con claros ganadores y perdedores" y un saldo "muy negativo para el interés general".
Su principal conclusión es que "la tesis del Gobierno de que el acuerdo con ERC puede servir de base para una reforma del sistema de financiación que beneficie a todas las partes no es creíble". El informe ve una "dudosa coherencia interna del acuerdo", que busca, por un lado, mejorar sustancialmente la situación de una región grande y no particularmente mal financiada y, por otro, garantizar la equidad del sistema y la solidaridad territorial.
"Resulta muy complicado vender la tesis del Gobierno de que no sólo se pueden hacer las dos cosas a la vez sino que la propuesta será una clara mejora para todas las partes. Más bien al contrario, todo apunta a que el balance de la propuesta será muy negativo desde el punto de vista del interés general", advierte.
"Desguace del Estado federal que ya tenemos"
Sobre los "ímprobos esfuerzos" del Gobierno para tratar de convencer a la opinión pública española de que lo que proponen supone un avance importante hacia la federalización del Estado, que se presenta como una forma de parecernos más a países tan avanzados como Alemania, Estados Unidos o Canadá, De la Fuente apunta que "nada más lejos de la realidad" y que se trata de un "desguace del Estado federal que ya tenemos".
Los sistemas federales, como los de los países citados, se caracterizan por la existencia de un "equilibrio entre un gobierno central o federal, elegido por el conjunto de la ciudadanía", y una serie de gobiernos de ámbito subnacional, ambos de los cuales ostentan competencias importantes y cuentan con recursos tributarios propios, explica, que en el caso español, se ha ido construyendo de una forma gradual, por ejemplo, con las sucesivas cesiones de tramos cada vez mayores del IRPF con creciente capacidad normativa, que le parecen "positivas".
Sin embargo, "abrir la puerta a la generalización del sistema de concierto, como ahora se propone, supondría romper de forma drástica ese equilibrio a favor de los territorios, lo que marcaría el inicio del desguace del estado federal que ya tenemos en la práctica para iniciar una deriva hacia un estado confederal disfuncional que no tiene nada que ver con el de los países a los que nos gustaría parecernos. El coste podría ser enorme", avisa De la Fuente.
Es verdad que en los países citados los gobiernos subnacionales tienen un poder fiscal notable, como también sucede en España, reconoce, pero apunta que "en ninguno de ellos se ha planteado jamás la posibilidad de que el Gobierno central, la Federación, deje de tenerlo en buena parte del territorio nacional, que es lo que se pretende ahora aquí", subraya el informe, que recuerda que en Estados Unidos, Canadá y Suiza existen impuestos estatales (provinciales o cantonales) sobre la renta personal y societaria.
Cataluña se queda fuera del sistema pero lo condiciona
Sobre la ordinalidad que prevé el pacto en la solidaridad, que a De la Fuente no le parece que esté bien explicada, alerta de que "sitúa a Cataluña fuera del sistema, pero con la voluntad de condicionar su funcionamiento sin que se acabe de entender muy bien cómo". Se dice que la financiación de Cataluña ha de respetar el principio de ordinalidad, "cuando lo lógico sería tratar la ordinalidad como una propiedad exigible del conjunto del sistema y, por lo tanto, aplicable en los mismos términos a todas las comunidades".
De hecho, el informe destaca que no está nada claro cómo habría que aplicar la ordinalidad tan sólo a Cataluña y plantea si "no sería más lógico rediseñar el conjunto del sistema, suprimiendo los absurdos fondos que ahora distorsionan sus resultados y estableciendo un mecanismo de nivelación que respete la ordinalidad, como ya lo hace el Fondo de Garantía".
Esto le parece "una peculiar forma de esquizofrenia", que no es nueva, ya que es aún más evidente en el apartado de financiación del actual Estatut y sus borradores previos, y supone un problema importante.