Queda menos de un mes para que el PSOE dé el pistoletazo de salida a su Congreso Federal. Pero el desastre de la DANA, que ha arrasado la provincia de Valencia y povocado al menos 217 muertos, lo ha cambiado todo. Por eso, según ha sabido este diario, sectores de las federaciones críticas piden a Sánchez que replantee el cónclave que se celebrará en Sevilla. La dirección del partido mantiene el calendario vigente, previsto entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre. Pero estas voces esbozan incluso la posibilidad de un aplazamiento. "Poderse hacer, se puede", explica un alto cargo autonómico. La crisis de Estado abierta por la reacción de las administraciones a la emergencia preocupa, y mucho, en las federaciones socialistas del país.
El partido hizo público este martes la ponencia, el documento que marcará su ruta ideológica hasta el próximo ciclo electoral de 2027, y en él se afirma que "España es un caso de éxito en su proceso de descentralización". Las fuentes consultadas muestran su preocupación, porque la catástrofe de Valencia ha dejado al descubierto, precisamente, los fallos del sistema autonómico ante los ciudadanos. Los estragos de la tragedia tensionan las costuras de un Estado debilitado y cuestionado, cuyas dos administraciones responsables de la gestión inicial de la catástrofe -el Gobierno central y la Generalitat valenciana- se perdieron en una maraña competencial y en una refriega de responsabilidades y relatos de ida y vuelta mientras los ciudadanos achicaban lodo y buscaban desaparecidos.
"Lo del congreso ahora es un marrón. No sé cómo se va a poder hacer", concede un dirigente del partido alarmado por el clima político. La respuesta a la crisis de Valencia y el resto del litoral mediterráneo ha socavado la confianza en el Estado autonómico, así como la credibilidad de la tarea pública, que se ha desmoronado ante los miles de voluntarios que se arremangaron para recuperar la calle del lodo. Los políticos son, en estos momentos, el centro de todas las iras. Y las fuentes consultadas en el PSOE temen que la situación ya no sea reversible. Por eso, la idea de celebrar un cónclave federal con la tragedia tan reciente genera reticencias en buena parte del partido. Para más inri, la ponencia esquiva la financiación singular para Cataluña, es decir, el cupo pactado entre el PSC y ERC a cambio de investir a Salvador Illa al frente de la Generalitat que tanto enfada a algunos barones del partido.
Además, la guerra abierta entre Moncloa y la Generalitat valenciana, que se recrudecerá en las próximas semanas una vez la emergencia baje, dificultará un debate sosegado sobre la federalización de España, uno de los puntos claves para los socialistas, que buscan debatir aspectos ideológicos en el congreso. Así, en la ponencia destacan que "quedan pendientes de desarrollar herramientas federales de coordinación, armonización y participación territorial en las cuestiones estatales para que mejore el funcionamiento de nuestro modelo territorial, la cogobernanza y la prestación de servicios a los ciudadanos". Parece escrito tras el desastre.
Para los socialistas la solución consistiría en "mejorar la claridad del reparto competencial", estableciendo como ejemplo convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial o "institucionalizar" las relaciones entre comunidades autónomas. Y eso que el propio Gobierno lleva varios días señalando que el reparto competencial está más que claro. El propósito de los socialistas pasa por construir un modelo estatal "menos centralista y más solidario, que ayude más a los territorios menos desarrollados". Pero todo ello genera recelos tras el desastre de Valencia, porque apostar por la descentralización puede desacoplar la opinión de los ciudadanos de las tesis políticas del PSOE. Sánchez hizo este martes un alegato para recordar a los españoles que "todas" las administraciones son Estado: desde el Gobierno central hastas los ayuntamientos, pasando por las autonomías y las diputaciones provinciales.
Cuando se construyó el armazón territorial de España se establecieron dos vías de acceso a la autonomía: la que marca el artículo 143 y la del 151. Este último es el camino rápido, pensado para las Comunidades que durante la Segunda República ya tenían o iban a tener un Estatuto, es decir, las históricas que se definen como nacionalidades. Cualquier cambio en su norma exige, además de la aprobación en las Cortes, un referéndum, a diferencia del resto de Comunidades.
Cuando llegaron las reformas estatutarias, llegaron los añadidos. Y cuatro autonomías más —Aragón e Islas Baleares desde 2007; Comunidad Valenciana desde un año antes y Canarias desde 1996—, también se definen como nacionalidades amparándose en el artículo 2 de la Ley Fundamental, aunque no transitaron la misma vía hacia la autonomía de vascos, catalanes, gallegos y andaluces.
El periodista Gregorio Morán cuenta en su libro 'Adolfo Suárez, ambición y destino' (Debate, 2009) una anécdota del expresidente con Franciso Franco en Segovia. Cuando el dictador le preguntó cómo le iba, Suárez contestó que no sabía; algo que desconcertó a Franco, quien le pidió que se explicara. Suárez aprovechó ese momento para decirle al dictador que no creía que los segovianos quisieran sentirse españoles de segunda, en referencia al trato que dispensaba El Pardo a la región. Con esa respuesta, logró que Segovia fuera reconocida por el régimen como una provincia de “acción especial” para descongestionar Madrid. Política en mitad de la dictadura.
Fue Suárez quien dijo que el sistema autonómico podría ampliarse a todos los territorios de España, cuando lo solicitaran los diputados y senadores de provincias limítrofes con cierta homogeneidad y lo negociaran con el Ministerio para las Regiones. Y la llegada de Tarradellas a Madrid fue un primer paso para el establecimiento de las Autonomías. En 1979 se debatía el Estatut catalán y el socialista Alfonso Guerra aireó en el Congreso el apoyo de su partido al pueblo catalán y a su “necesaria aspiración de identidad nacional” en un momento clave para el devenir de la recién recuperada democracia.
El PSOE votó sí a aquel texto; Cataluña recuperó la Generalitat con la llegada de Tarradellas del exilio y los catalanes, que aceptaron la monarquía juancarlista en el referéndum constitucional del 6 de diciembre del 1978, daban el pistoletazo de salida a su autogobierno tras 40 años de represión. Al final salieron 17 comunidades, pero lo cierto es que ese no era el plan inicial. Suárez planteó un texto constitucional, que no llegó a ver la luz, y que dibujaba una España con dos niveles territoriales diferentes. En el primero, con tres estatutos federales, Cataluña, País Vasco y Galicia, las comunidades históricas. Y, en el segundo, 14 o 15 regiones sin parlamento, aunque con una amplia desconcentración administrativa. El plan contaba con el visto bueno del rey Juan Carlos. Pero no funcionó. España se adentró en el federalismo sin terminarlo. Y el PSOE se dispone a auparlo tras un desastre que demuestra sus debilidades.
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