El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, adelantó este viernes un acuerdo con el PSOE para registrar en el Congreso de los Diputados la proposición de ley con la que ambos partidos pretenden reemplazar el término “disminuido” por “personas con discapacidad” en la Constitución, que experimentaría así su tercera reforma en 45 años.
“La información que tengo es que sí. Que probablemente hoy o mañana se registre para cumplir el primer trámite antes del 31 de diciembre, y que después en enero tengamos el pleno monográfico”, declaró el jefe de la oposición en una entrevista en Servimedia.
Con el acuerdo final encima de la mesa, Feijóo festejó que la reforma “supone pagar una deuda con casi el 10% de la población” que representa “el mundo de la discapacidad”, aunque pidió a los socios del Gobierno que se comprometan a no utilizar “torticeramente al mundo de la discapacidad para plantear un referéndum o cuestiones distintas a lo que el artículo 49 señala”.
“Supone cumplir la palabra que habíamos dado de hacer la reforma, que debíamos haberla hecho ya en la anterior legislatura. Supone también pagar una deuda casi con el 10% de la población, el mundo de la discapacidad, que tenía una denominación en la Constitución que hoy está absolutamente descontextualizada. Y supone también acreditar que cuando se quiere, se puede”, declaró.
“Es verdad que para reformar la Constitución es necesario el acuerdo de los dos grandes partidos. Y nosotros, cuando se nos propone algo que tiene sentido y que nace de la sociedad y del mundo de la discapacidad, no dudamos ni un instante. Mi primer compromiso como presidente del partido, allá por el mes de abril del año 2022, fue venir y comprometer ese apoyo incondicional delante del Cermi. Al final hemos podido hacerlo”, celebró.
Los dos principales partidos cumplirán así el compromiso suscrito por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo la semana pasada, cuando se comprometieron a registrar la proposición de ley en el Congreso antes de que acabase el año. Para el líder del PP, este acuerdo saldará “una deuda histórica con el mundo de la discapacidad” al “actualizar” la “ley de leyes” y acabar con un término “descontextualizado”.
Aprobación en enero
Una vez registrada la proposición de ley, la pretensión de Feijóo es que se apruebe “rápido”. La fórmula que exige el PP es que se apruebe en lectura única en un Pleno del Congreso “extraordinario y monográfico” en enero, por lo que la tercera reforma de la Constitución podría aprobarse en la Cámara Baja en menos de un mes.
Los interlocutores de ambos partidos, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, han dirigido las negociaciones que rescatan el texto impulsado por sendas formaciones en la anterior legislatura. No obstante, la reforma decayó entonces por el adelanto electoral.
Feijóo espera que “todos” los partidos apoyen la reforma y respeten la “cuestión cautelar” que planteó. “Que es no aprovechemos y no utilicemos torticeramente el mundo de la discapacidad para plantear referéndums o plantear cuestiones distintas a lo que el artículo 49 señala”.
“Yo espero que los socios del Gobierno cumplan. Lo que puedo asegurar es que tenemos votos suficientes para sacarla adelante. Hay 258 escaños entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero lo lógico sería que toda la Cámara votase sí incondicionalmente para eliminar el término disminuido y para dar la bienvenida al texto constitucional del término discapacidad, que es el término que utilizamos de forma ordinaria desde hace décadas”, concluyó.
Posible referéndum
Feijóo reclamó así que los partidos independentistas y nacionalistas no utilicen esta cuestión para impulsar un referéndum para fines ajenos al artículo 49. Para ello, es necesario implicar a Yolanda Díaz en el acuerdo, ya que con la configuración actual del Congreso se desactivaría de facto una posible consulta.
El artículo 167.3 de la Constitución señala que, “aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”, es decir, 35 diputados o 27 senadores.
Los números no dan si Sumar se compromete a no solicitar esta consulta pública, puesto que los socios del Gobierno suman, incluyendo a Podemos, 32 parlamentarios en el Congreso –33 con Coalición Canaria– y 20 en el Senado –25 con Coalición Canaria, Geroa Bai, Agrupación Socialista Gomera, Agrupación Herreña Independiente y Eivissa i Formentera al Senat–.
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