Alberto Núñez Feijóo inaugura este viernes en Barcelona las convenciones sectoriales que el PP celebrará por toda España en las próximas semanas, adelantadas por Vozpópuli y confirmadas el pasado lunes por Elías Bendodo. La primera de estas jornadas temáticas se centrará en el problema de la ocupación de viviendas, un asunto que, en opinión de Irene Montero, "es un problema inventado" y que, tal y como saben desde Génova, divide al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.
Las diferencias entre socialistas y morados quedaron patentes a finales de septiembre, cuando el PSOE presentó en el Congreso una enmienda al proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia que prevé que los jueces puedan acordar “en un máximo de 48 horas” el desalojo de viviendas ocupadas.
La reacción de Podemos no se hizo esperar: "Cuando estamos negociando la ley de vivienda, salen con esto. El PSOE no está gobernando con Mayor Oreja, que se centre y sepa con la mayoría con la que cuenta. Están buscando el titular del día, pero se tienen que centrar", afirmó el diputado Rafa Mayoral.
La moción del PP
Conscientes de estas divisiones en el Gobierno de coalición, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado este mes de octubre una moción consecuencia de interpelación urgente al Ejecutivo sobre las medidas que piensa llevar a cabo ante el aumento de ocupaciones ilegales de viviendas.
En la exposición de motivos, el PP destaca que "es difícil saber cuál es exactamente la postura del Ejecutivo en esta materia, dado que algunos de sus miembros -en referencia a Podemos- amparan la ocupación ilegal, otros reconocen el problema y otros niegan la existencia del mismo". En este punto, los populares recuerdan las palabras de Irene Montero afirmando que la ocupación "es un problema inventado" en la "agenda de la derecha".
El Grupo Parlamentario que dirige Cuca Gamarra destaca que la ciudadanía reclama "justos cambios legales" en materia de ocupación ilegal y que esas reformas no restan protección a los más vulnerables: "No deben confundirse las necesidades de vivienda y su cobertura con la lucha contra la delincuencia, las actividades incívicas y las conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas y las cosas".
Desalojo en 24 horas
Por todo ello, el PP reclama, en primer lugar, el desalojo en el plazo máximo de 24 horas desde el requerimiento si los ocupantes del inmueble no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble. Además, los populares piden el "desalojo inmediato" si se está produciendo en ese momento la ocupación. Es decir, "en flagrante delito". Ese allanamiento de morada, además, debería quedar fuera de la competencia del Tribunal del Jurado.
Por otra parte, los populares apuestan por reforzar las penas por delito de usurpación con hasta 3 años de cárcel; mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias; considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal; y prohibir que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de morada o domicilio, para que los ocupante no gocen de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso de alquiler.
El PP, además, pide al Gobierno que legitime a las comunidades de propietarios para realizar acciones preventivas en contra de la ocupación y poder acudir a las autoridades cuando en ausencia del propietario los ocupantes realicen actividades prohibidas, molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
Finalmente, y para proteger a la víctima de la ocupación, el PP apuesta por devolverle las cantidades abonadas en concepto de IBI e impuesto de Patrimonio durante el tiempo que haya durado la ocupación; y considerar la vivienda ocupada ilegalmente como residencia habitual de su propietario si lo era antes de la privación ilegítima de su posesión, de manera que esta situación no conlleve la pérdida de beneficios fiscales.
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