El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado alerta acerca de que la magistrada del Tribunal Constitucional, Laura Díez, ex alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez sea la figura encargada de resolver los recursos de inconstitucionalidad de la ley de Amnistía que gobiernos y parlamentos autonómicos han presentado ante este tribunal. "Espero que no haya censura a las Comunidades Autónomas para que puedan ejercer sus derechos legítimos", ha advertido Núñez Feijóo. Díez fue la directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en Moncloa.
En una visita junto al presidente valenciano, Carlos Mazón, una escuela infantil en Alicante, Feijóo ha insistido en el derecho y la legitimidad que asiste a las regiones españolas para presentar recursos de inconstitucionalidad frente a la amnistía, y ha expresado también su deseo de que estas dudas se aclaren "cuanto antes".
En respuesta al hecho de que los recursos presentados por las comunidades estén siendo analizados por una magistrada del TC, Feijóo ha señalado que ésta ha sido recusada por su partido político porque fue directora general en el Palacio de la Moncloa cuando su entonces "jefe político era uno de quienes negoció la ley de amnistía".
Para el presidente de los populares, "sería de una arbitrariedad extraordinaria sólo comparable con la arbitrariedad de la ley de Amnistía que los gobiernos regionales no pudieran presentar un recurso de inconstitucionalidad".
Ha recordado que se han interpuesto varios recursos y que el Tribunal Supremo fue "el primero que ha denunciado" ante el TC esa supuesta inconstitucionalidad, algo "histórico" en la Justicia española, a lo que se sucedió otro recurso conjunto más de 50 diputados y senadores del PP y, con el mismo criterio, varios ejecutivos autonómicos del PP, además de otros pertenecientes a otros partidos, porque, éstos, se ven afectados por su contenido.
Esto es así, ha argumentado Feijóo, porque los gobiernos de las comunidades son los representantes ordinarios del Estado en sus territorios y "tienen que salvaguardar el interés del Estado", además de que la norma "atenta contra la igualdad" de los ciudadanos.
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