El verano no ha servido para calmar los ánimos entre el Ministerio de Igualdad liderado por Irene Montero y las asociaciones feministas críticas con los postulados que recoge en su proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocido popularmente como 'ley trans'.
El último capítulo del enfrentamiento ha surgido a raíz de la forma en que se va a tramitar en el Congreso de los Diputados. A petición del Gobierno, la Mesa presidida por Meritxell Batet puede acordar que el asunto se despache por procedimiento de urgencia y esto implicaría que los actos de tramitación parlamentaria quedarían reducidos a la mitad de los plazos ordinarios de elaboración y aprobación de la norma.
"La 'ley trans' en absoluto requiere de ese procedimiento, solo busca eludir el debate público en un asunto que impacta negativamente en la salud de la infancia y en los derechos de las mujeres. Es un intento de hurtar a la sociedad española y a los mismísimos representantes públicos el acceso a informaciones de interés que pueden aportar expertos en Medicina, Psicología, deporte, desarrollo, Educación…etc. Responde a las prácticas totalitarias de quien niega el acceso a informaciones reseñables para la toma de decisiones", critican desde la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que aglutina a un centenar de organizaciones feministas.
La citada entidad ha pedido al Ejecutivo que retire el texto y abra un debate social que permita conocer lo que está ocurriendo en otros países. "El desprecio con que el Gobierno e Irene Montero han tratado las alertas de los informes preceptivos de los organismos e instituciones que constitucionalmente ostentan esa facultad es similar al mostrado a las organizaciones de mujeres que, de forma reiterada, vienen alertando sobre los riesgos de determinados artículos de la norma que pretende aprobar", sostienen.
Una "argucia" de Montero
Según las mujeres que integran la alianza feminista, la tramitación por vía de urgencia es una "argucia" que atiende a la "sistemática" que Moncloa "viene aplicando para impedir que la ciudadanía reciba información relevante sobre el impacto que estas leyes están teniendo" fuera de nuestras fronteras.
"Se hurta de forma totalitaria el debate parlamentario al impedir la comparecencias de expertos que presenten datos y estudios que pondrían de manifiesto el daño de una ley que protege a quienes alientan la disforia de inicio rápido y exponen a los menores a la medicación y a las mutilaciones innecesarias e irreversibles. Trata también de ocultar
cómo impacta negativamente en la fiabilidad estadística, el deporte femenino o los espacios seguros de las mujeres", critican.
Para las asociaciones feministas, resulta cuanto menos escandaloso que el Congreso de los Diputados, alentado por el Gobierno, pretenda evitar un análisis riguroso de cómo la actual redacción de dicha norma pone en peligro los fundamentos jurídicos de la Ley de Violencia machista y la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres.
"La opacidad, la ocultación y las maneras totalitarias del Gobierno de Pedro Sánchez son incompatibles con el derecho de la sociedad a conocer cómo va a impactar esa ley en las vidas de las niñas, los niños y las mujeres españolas", lanzan.
La Alianza Contra el Borrado ya ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios representados en la Mesa del Congreso capitaneada por Batet para que rechacen dicha tramitación por vía de urgencia como pretende Montero. Las mujeres que integran la organización consideran que se está estableciendo una imposición "acientífica" de la idea de que el género es una identidad humana y de que el sexo de las personas es irrelevante jurídicamente. "Dichas propuestas suponen considerar que el género sentido es determinante en las estadísticas, en el deporte femenino o en las cuotas paritarias de representación", apuntan.
Las feministas críticas con Montero defienden que "si la categoría sexo desparece de esos y otros ámbitos, desaparecen también los datos sobre las mujeres, los méritos deportivos de las mujeres y el derecho de las mujeres a que se escuche nuestra voz. La sociedad española tiene derecho a saber, sus señorías tienen derecho a conocer y estar informados antes de decidir".
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