La Federación Española de Municipios y Provincias, presidida por el alcalde de Santander, el popular Íñigo de la Serna, ha presentado un conjunto de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, que han asumido distintos Grupos Parlamentarios, en las que denuncian que la aplicación de la tasa de reposición cero "va a ocasionar graves perjuicios a la prestación de servicios públicos por parte de las corporaciones locales".
La FEMP quiere sumarse a la excepcionalidad que permite que determinados sectores puedan ir a una tasa de reposición del 10 por ciento o, incluso eliminarla del todo. Es el caso, por ejemplo, para los cuerpos docentes, FSE o Administración de Justicia. Pero en el ámbito local no existía ninguna excepcionalidad y eso es lo que quiere cambiar el órgano de representación de los ayuntamientos, en concreto, para el personal destinado a los servicios de prevención y extinción de incedios, habida cuenta de que este año ha sido especialmente trágico al respecto; el que se dedica a la atención de los Dependientes, así como para la Policía Municipal. Asimismo, extienden la eliminación de la tasa de reposición cero a todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para cualquier sector. Esta última petición viene justificada bajo el argumento de que "el nivel de deterioro de los servicios públicos será previsiblemente mayor en los pequeños y medianos municipios por contar con plantillas escasas en las que será casi imposible la sustitución de nuevos efectivos que cubran la bajas". Incluso reclaman la creación de un fondo especial de financiación para estos entes locales por 45 millones de euros.
Además, quieren que las cuentas del Estado para el año que viene reflejen el acuerdo alcanzado entre la FEMP y el Imserso de dotar con casi 29 millones de euros la teleasistencia domiciliaria para gente mayor o que los ayuntamientos puedan incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria, que son las mismas salvedades que se establecen para la administración central y para las Comunidades autónomas.
Muchas de estas enmiendas han sido asumidas por grupos parlamentarios tan dispares como el popular, el socialista, Izquierda Unida o la navarra Uxúe Barkos de Nafarroa Bai. Es más, algunos grupos van más allá en sus propuestas al exigir, por ejemplo, IU que se vuelva a una reposición del 100 por ciento de los efectivos para todos y para todo. Pero quizá las más importantes sean las del PP en la medida que tienen todas las posibilidades des prosperar, cosas de la mayoría absoluta. En este sentido, hacen suya la propuesta de que se pueda alcanzar el cien por cien de tasa de reposición de policía local, siempre y cuando el municipio que lo reclame no supere los límites de endeudamiento.
La FEMP ya ha protagonizado otros enfrentamientos con el Ministerio de Montoro, entre ellos, por la Ley de Bases de Régimen Local
La Federación de Municipios defiende que si a la incertidumbre que pesa sobre el modelo de financiación local "se añade la imposibilidad de incorporar los efectivos suficientes para el mantenimiento de servicios esenciales tales como servicios sociales, personal de emergencias etc, resulta con toda claridad que las entidades locales no van a poder garantizar la prestacion de dichas servicios y ello en un contexto que hace más necesario que las Administraciones Públicas hagan el mayor esfuerzo para paliar los efectos de la actual crisis económica", dice la justificación de las enmiendas, aunque al tiempo se comprometan al cumplimiento del marco de estabilidad económica.
No es la primera vez que la FEMP se le pone levantista al ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas. No les gustó el anteproyecto de Ley de Bases de Régimen Local, la propuesta de modificar la LOREG para eliminar el 30 por ciento de los concejales ni los límites retributivos a las corporaciones locales. Todo paralizado. Tampoco la pretensión del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, de ir a la fusión cuasi obligatoria de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. La oposición a estas medidas viene además de una entidad presidida por un dirigente del PP, donde es el partido mayoritario habida cuenta de que es el que más poder local ostenta tras los comicios del mayo del año pasado. Pero es que además las intenciones de Beteta han conseguido unir a PP y PSOE, cuyos alcaldes ven con suma preocupación lo que consideran demonización de los ayuntamientos, el nivel administrativo, aducen que, a pesar de casos escandalosos, menos deuda y déficit acumula, aunque, eso sí, después de una más que generosa vía de crédito para pagar a proveedores.
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