Francisco González pide hablar en el caso Villarejo. El expresidente del BBVA ha solicitado al magistrado que investiga los encargos de la entidad al entramado del policía que le tome declaración antes de que termine la instrucción de la causa. El banquero actúa después de que el juez haya tomado declaración a exaltos cargos del banco, como José Ignacio Goirigolzarri, que apuntaron a la potestad del presidente para ordenar la contratación de estos servicios de inteligencia.
En un escrito remitido al juzgado, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, González explica que fue interrogado sobre este asunto en noviembre de 2019, tras su imputación, y cuando todavía estaba la causa secreta. Dos años y medio después, vuelve a pedir hablar al considerar que se han practicado "un gran número de diligencias" de las que se quiere pronunciar. Además, asegura que todavía hay pruebas pendientes de practicar que hacen necesario alargar la investigación.
Por ello solicita al magistrado que prorrogue medio año más esta pieza novena del caso Tándem, en la que se investiga quien encargó los contratos de espionaje a las empresas de Villarejo. El banquero responde de esta forma a la petición del magistrado Manuel García Castellón que hace apenas unos días solicitó a las partes de esta pieza separada que se pronunciaran sobre la pertenencia de prorrogar o no las pesquisas. Con todo, el objetivo de los investigadores es no demorarlas en exceso, según confirman fuentes jurídicas a este medio.
La tesis de Goirigolzarri
Por su parte, fuentes jurídicas cercanas a FG explican que la petición de declarar de forma voluntaria en la recta final de la causa así como la de prorrogarla medio año más responde a su actitud de colaborar con la Justicia. Al respecto recuerdan que el banquero, imputado por los delitos de cohecho y revelación de secretos, accedió a ser interrogado cuando la causa estaba bajo secreto de sumario y, por lo tanto, no sabía de qué se le acusaba.
Su objetivo, reiteran dichas fuentes, es que se esclarezca “al 100%” cualquier duda sobre su actuación en el banco. Las diligencias practicadas hasta la fecha desvelan que BBVA efectuó más de una decena de encargos de espionaje a las empresas de Villarejo entre los años 2004 y 2017. Por todos ellos BBVA pagó más de 10,2 millones de euros, convirtiéndose de esta forma en uno de los clientes VIP del policía.
Esta parte interesa que se amplíe el plazo de instrucción medio año más porque quedan solicitudes de diligencias pendientes de resolver
En este tiempo han desfilado también por la Audiencia Nacional no solo todos los imputados en esta pieza sino también numerosos testigos de excepción, como es el caso de Goirigolzarri. El que fuera consejero delegado del BBVA durante los primeros encargos a Villarejo delegó cualquier responsabilidad en Ángel Cano y señaló también a la figura del presidente asegurando que este es el único cargo que tiene potestad para ordenar dichas contrataciones.
Diligencias pendientes
Al respecto González siempre ha defendido que nunca tuvo nada que ver con Villarejo. Según ha manifestado, desde Presidencia nunca se abordó el asunto de estas contrataciones, las cuáles correspondían al departamento de Seguridad. Sin embargo, su entonces director, Julio Corrochano, insiste en que las órdenes vinieron desde la cúpula del banco. Del mismo modo, otro de los señalados por este encargo, Antonio Béjar, sostiene que la dirección del banco sabía que se encargaban estos trabajos de inteligencia y patrimoniales a las empresas de Villarejo.
Ahora González no solo pide la palabra para dar su versión de los hechos, sino también la prórroga de las pesquisas, alegando que hay algunas que todavía están pendiente de resolver. Entre ellas se encuentran las peticiones de Béjar, el que fuera directivo de Riesgos del banco, de incorporar a la causa una serie de correos corporativos que reclamó al BBVA. El juez está pendiente de resolver si accede a su petición y los incorpora al sumario para que todas las partes tengan acceso a los mismos.
Igualmente, FG recuerda que tiene pendiente pronunciarse sobre el requerimiento a Distrito Castellana Norte, empresa que presidió Béjar, para que aporte sus correos y agendas corporativos al procedimiento, y también sobre la petición formulada por Julio Corrochano. El antiguo jefe de Seguridad del banco reclamó una serie de testificales que rechazó el juez y sobre las que ahora se tiene que pronunciar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
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