Francisco González (FG) y otros exdirectivos del BBVA no están por la labor de informar acerca de las condiciones en las que se produjo su salida de la entidad. La decisión del juez al frente del caso Villarejo de recopilar información sobre los despidos y marchas del banco desde que arrancó la investigación en la Audiencia Nacional no ha sentado nada bien a los antiguos responsables, que consideran que se puede revelar "información delicada y sensible" con este requerimiento.
La postura de FG viene refrendada también por Eduardo Arbizu, según consta en sendos escritos a los que ha tenido acceso Vozpópuli. El que fuera jefe de Servicios Jurídicos del BBVA entiende igualmente que la solicitud del juzgado es "injustificada" y vulnera su derecho a la intimidad sin que esta información guarde relación, dice, con el objeto de la causa en la que se indagan los encargos de espionaje que la entidad efectuó a Villarejo entre 2004 y 2017.
Ambas reacciones se producen a tenor del requerimiento del magistrado Manuel García Castellón al propio BBVA para esclarecer los detalles de la salida "amistosa" de Julio Corrochano. Los investigadores quieren saber más acerca de la indemnización de 618.000 euros que cobró el entonces jefe de Seguridad con motivo de su marcha; máxime teniendo en cuenta que tanto el BBVA como otros imputados le señalan como el artífice de los contratos presuntamente irregulares con Villarejo.
Indemnizaciones sospechosas
Ante ese escenario, el juez, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, pidió al BBVA que aportase toda la documentación relativa al "proceso de salida" de los antiguos directivos imputados en el caso Villarejo, con excepción de todos los que hubiesen salido con anterioridad a marzo de 2018.
La documentación debía incluir todo lo referente al despido, jubilación o prejubilación, mientras que en los casos en los que se produjo indemnización, se solicita la cláusula del contrato que recoge el pago de dicha cantidad. La finalidad del Ministerio Fiscal es averiguar si el caso Villarejo influyó de alguna manera en la cascada de salidas que se produjo en aquel momento y entre las que se encuentran, además de la de FG, Arbizu y Corrochano, otras como la del exjefe de Riesgos, Antonio Béjar.
Cualquier aportación adicional implicaría proporcionar información privada delicada y sensible de mi mandante, totalmente desvinculada del procedimiento y absolutamente irrelevanteEscrito de FG
Sin embargo, la pretensión no ha sentado bien en la antigua cúpula del BBVA. Así, FG no solo se opone a dar detalles de su salida, sino que sostiene además que no aportaría nada a esta causa de corrupción. Para empezar, su defensa precisa en un escrito que el que fuera presidente del BBVA "ni se jubiló ni fue despedido", sino que dimitió primero como presidente ejecutivo y después como presidente de honor.
"En el improbable caso de que este juzgado tuviera por incluido a mi mandante entre 'los antiguos directivos que están siendo investigados en esta pieza' y que fueron despedidos en fecha posterior al 1 de marzo de 2018, tal pronunciamiento no se ajustaría a Derecho y resultaría lesivo para los intereses de mi representado", explica la defensa de FG.
FG: "Afecta a mi intimidad"
Precisamente Anticorrupción solicitó información de las salidas impulsadas por el caso Villarejo a raíz de un correo electrónico recibido el 21 de diciembre del pasado; días después de que FG compareciera a petición propia en sede judicial. El correo en cuestión cuestionaba el motivo por el cual no se preguntó al banquero por la salida de Corrochano y apuntaba que se le pagó un finiquito de 900.000 euros coincidiendo con el estallido del caso.
La defensa de Francisco González responde restando credibilidad a este correo anónimo. Alega que no hay que dar verosimilitud a un correo anónimo y que, incluso aunque no fuera así, el hecho se ciñe exclusivamente a Corrochano, por lo que la petición de información se tendría que limitar a él "y solo a él". Con todo, y aunque no quiere desvelar los detalles de su turbulenta salida tras más de dos décadas como presidente, asegura que tanto sus remuneraciones como las condiciones de su salida "son de dominio público".
No existe ningún motivo para sospechar del proceso de salida de Arbizu. No fue fruto de un acuerdo, sino decisión de la entidad, por lo que en su finiquito solo cabía aplicar las previsiones contenidas en el contratoDefensa de Eduardo Arbizu
En concreto dice que estos detalles constan en las cuentas anuales del ejercicio en el que abandonó el cargo (2018) y en el informe sobre remuneraciones de ese año; ambos publicados por la CNMV. "Cualquier aportación de información adicional implica proporcionar información privada delicada y sensible de mi mandante, totalmente desvinculada del objeto de este procedimiento y absolutamente irrelevante a los fines perseguidos por estas diligencias previas", razona.
De esta forma FG protege los detalles concretos de su marcha del BBVA que se produjo en dos fases: primero como presidente ejecutivo en 2018 y en 2019 como presidente de honor. Esta segunda salida acarreó la pérdida definitiva de secretaria, coche y tarjeta corporativa. De hecho, conservó solo lo relativo a su seguridad. Se trata de un aspecto que también se pidió investigar en esta causa si bien el juez, en octubre de 2020, estimó su petición de poner coto a esta investigación ya que lo relativo a su seguridad y escolta son datos personales de FG que no resultaban útiles al caso.
Mantuvo su escolta
Su sustitución por Carlos Torres se produjo en paralelo al avance de esta pieza del caso Villarejo y tras conocerse que el banco, bajo su presidencia, encargó una decena de espionajes de dudosa legalidad por los que se pagaron casi 10,3 millones de euros. Meses después llegó su imputación por su presunta responsabilidad en estos contratos.
Sin embargo, González siempre se ha desligado de los contratos a Villarejo, que en el momento de los hechos era funcionario en activo. Tanto es así que FG fue de los pocos imputados en esta pieza que declaró mientras estaba secreta y, por tanto, sin saber qué se le atribuía. Al respecto pidió comparecer de nuevo el año pasado toda vez que había tenido acceso al sumario.
En esta nueva comparecencia volvió a reivindicar su inocencia y, aunque admitió que ordenó trabajos de inteligencia ante problemáticas que amenazaban al banco (como por ejemplo la operación de Sacyr para asaltar el capital del BBVA), volvió a desligarse de cualquier relación con Villarejo y su entramado empresarial. Además, lanzó un recado haciendo hincapié en que la investigación interna para depurar responsabilidades la encargó él y no el equipo directivo que le sucedió.
Por su parte Arbizu también se opone a desvelar detalles de su marcha recurriendo a los mismos alegatos que FG. El exdirectivo sostiene que es una diligencia "desproporcionada" y recuerda que su marcha no fue fruto de un acuerdo con el BBVA, sino que se le despidió a tenor de un expediente sancionador que abrió el banco contra él por el caso Villarejo y que luego se tuvo que archivar por falta de pruebas. "En su finiquito solo cabía aplicar las previsiones contenidas en el contrato laboral preexistente", explica su defensa.
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