La maquinaria penitenciaria para que todos los terroristas de ETA cumplan condena en cárceles de País Vasco y Navarra afronta la recta final del proceso. Es el término de la política de dispersión impuesta en las últimas décadas y sólo falta determinar cuándo será el último traslado: tras los últimos acercamientos masivos de presos, sólo quedan 26 internos fuera de estas regiones. El Ministerio del Interior ya ha dado luz verde a que algunos de los miembros más sanguinarios de la organización -como Juan Carlos Iglesias Chouza, alias Gadafi, Henri Parot o José Javier García Gaztelu, más conocido como Txapote- cumplan sus condenas en prisiones vascas, lo que ha suscitado una gran polvareda entre asociaciones de víctimas del terrorismo, que critican que los traslados son la "antesala" de la concesión de permisos penitenciarios firmados por el ejecutivo regional de Íñigo Urkullu.
El traslado de los presos de ETA a cárceles vascas y navarras promovido desde el Ministerio del Interior se divide en dos fases claramente diferenciadas. La primera se centró en sacar a todos los terroristas de los centros penitenciarios ubicados en la mitad sur de España, en un proceso que culminó en julio de 2021. La mayoría de estos traslados se aprobaron asegurando que los interesados habían firmado cartas en las que se arrepentían de los delitos cometidos, aunque la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció que eran unos 'documentos tipo' que los presos copiaban y pegaban para obtener los traslados.
A partir de entonces se encadenaron los traslados hasta sus destinos definitivos, en territorio vasco y navarro. La diferencia en el caso vasco es sustancial, toda vez que Moncloa firmó el traspaso de las competencias de prisiones al gobierno autonómico en mayo de 2021. Así, la última palabra sobre los pesos recae en el ejecutivo regional.
Hasta la fecha, el Ministerio del Interior ha aprobado un total de 356 traslados correspondientes a 203 etarras, según los datos que maneja la propia AVT, mientras que el Gobierno vasco ya ha concedido una treintena de terceros grados a presos de la organización.
Traslados masivos de etarras
El Ministerio del Interior ha aprobado sendos traslados masivos en fechas recientes. Este mismo mes de octubre comunicó que once presos de ETA irían a centros penitenciarios ubicados en el País Vasco, incluida Iratxe Sorzábal, considerada junto a David Pla como la última jefa de peso en la cúpula de la organización. Y en agosto, a finales de mes, anunció el acercamiento de otros trece etarras, entre los que figuraban el autor material de la muerte de Miguel Ángel Blanco, Javier García Gaztelu, alias Txapote, y Henri Parot, aparte de otros terroristas que acumulaban varios delitos de sangre en sus expedientes.
Ahora sólo quedan 26 terroristas que cumplen condenas fuera del País Vasco o Navarra. Tomando como referencia los últimos traslados masivos aprobados por el Ministerio del Interior, bastarían otras dos ventanas de acercamientos para culminar el proceso y poner fin a la política de dispersión, establecida durante los años más duros de ETA para evitar que los sectores más radicales de la organización impusieran su doctrina también dentro de las cárceles, lo que se consideraba como un obstáculo insalvable para la reinserción de los etarras.
¿Y quiénes son los nombres que se ocultan tras esas estadísticas? Entre los rostros más reconocibles figura, por ejemplo, Ignacio Javier Bilbao Goicoechea, considerado como uno de los hombres duros de la banda, autor de una carta en la que animaba a mantener la violencia terrorista después de que ETA anunciase su disolución. En una de sus declaraciones ante el juez, Bilbao le amenazó con pegarle "siete tiros" y arrancarle "la piel a tiras".
También queda por acercar Daniel Pastor, líder destacado del sector disidente de la organización, que protagonizó una huelga de hambre por el trato recibido en la cárcel. Lo mismo hizo Patxi Ruiz, muy crítico con los líderes abertzales por su 'tibieza', que tampoco se ha trasladado aún al País Vasco. Otros nombres que aún quedan por acercar serían Óscar Barreras, Jesús María Echevarría o Alberto Viedma, entre otros. Todos los citados, condenados por asesinato.
El fin de la dispersión
En el ámbito político, ya no se esconde que el fin a la política de dispersión es uno de los objetivos de la legislatura. Fernando Grande-Marlaska se defendió a principios de septiembre de las críticas del Partido Popular, Vox y Ciudadanos con motivo de los últimos acercamientos -los de Txapote, Henri Parot y otros once terroristas-, asegurando que el alejamiento de los presos era "una política antiterrorista" que se aplicaba "cuando ETA mataba".
La oposición, no obstante, considera que los traslados son un pago a los partidos nacionalistas vascos -PNV y EH Bildu- por su apoyo en las políticas del Gobierno o a los Presupuestos Generales del Estado. "Tenemos a 200 presos en la cárcel y si para sacarlos hay que votar los Presupuestos, pues los votamos", defendía el dirigente Arnaldo Otegi en octubre de 2021. Al mismo tiempo, voces del PNV se pronunciaron a favor de la "negociación política" para acabar con la "excepcionalidad" de los presos de ETA.
La situación de los internos de la banda siempre fue uno de los asuntos que la banda terrorista puso sobre la mesa cuando trató de negociar con los sucesivos gobiernos, especialmente cuando se encontraba en una situación de debilidad por la asfixia policial.
Cuando ETA anunció su disolución definitiva, la única estructura que se mantuvo con vida fue el EPPK, el colectivo de presos, coordinados para mantener una unidad de mensaje hacia el exterior. Ahora está a punto de culminarse el traslado total de los terroristas encarcelados. Sólo falta saber el cuándo, con la incógnita de si la política de dispersión puede darse por finalizada antes de que concluya el presente año.
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