A pesar del complejo marco normativo para regular financiación de los partidos, las causas judiciales abiertas y los informes del Tribunal de Cuentas siguen poniendo sobre la mesa la existencia de prácticas irregulares en las cuentas de las formaciones políticas. Tras cinco leyes y la inclusión en el Código Penal de tipos relativos a la financiación ilegal, aún existen grietas en un sistema donde las formaciones políticas son grandes dependientes de los fondos públicos.
España cuenta con un modelo mixto de financiación para los partidos. Sin embargo, en aras de intentar poner coto a las prácticas corruptas, las aportaciones privadas han ido siendo arrinconadas hasta representar un porcentaje ínfimo de los ingresos de las formaciones. La norma de 2015 prohibió que las formaciones políticas recibiesen donaciones de personas jurídicas y que los bancos pudiesen perdonarles sus deudas o los intereses de los préstamos. Tanto el PSOE como el PP recurrieron el año pasado al Instituto Oficial de Crédito (ICO) para sufragar por adelantado los gastos de los distintos procesos electorales.
Pero uno de los grandes problemas llega a la hora de revisar las finanzas de los partidos. También las subvenciones. El Tribunal de Cuentas cuenta con medios limitados para profundizar en las investigaciones. Al margen de la cuestionada independencia de la institución -sus consejeros son designados por los partidos-, uno de los principales problemas es la lentitud con la que realiza su labor fiscalizadora.
En un reciente informe, el órgano cuestiona la representatividad de las cuentas remitidas por los partidos. El problema es que el ejercicio al que se refiere es 2016. En diez casos, el órgano que ahora preside María José de la Fuente y de la Calle considera que las cuentas no reflejan la situación financiera y patrimonial de las formaciones fiscalizadas.
Intencionadamente o no, algunos partidos remiten sus estados contables incompletos o con fallos. Según el organismo, ocho formaciones no habían integrado la contabilidad de los procesos electorales de algunas partes de la organización o de las fuerzas con las que se coaligaron. Asimismo, siete formaciones presentaron sus cuentas fuera de plazo. Pero en muchos casos, cuando se detectan irregularidades, las posibles faltas ya han prescrito.
El Tribunal detectó infracciones sancionables como haber recibido donaciones de personas jurídicas en cuentas bancarias de su titularidad; no haber identificado los cargos públicos o los donantes que han realizado aportaciones; o haber recibido ingresos que pueden constituir actividades mercantiles. A ello hay que sumar la dificultad de controlar la financiación por la vía del micromezenazgo ('crowfounding') que emplean las formaciones más jóvenes como Podemos o Vox.
Al margen de eso, también está cuestionado el uso que hacen los partidos de los fondos que reciben los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o los parlamentos autonómicos. También de las asambleas locales. En 2016, los partidos recibieron 68,24 millones de las subvenciones percibidas por sus grupos; un promedio del 72% respecto de las subvenciones totales concedidas por las instituciones a dichos grupos. De los grupos en las entidades locales recibieron 35,62 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas pide que se integren en las cuentas anuales consolidadas la actividad desarrollada por los grupos institucionales, para poder tener una imagen fiel de cada formación considerada "como una única realidad económico-financiera". En muchos casos no están claras las condiciones en las que los grupos parlamentarios pueden hacer aportaciones a sus partidos. En todo caso, se señala, éstas deberían responder a la finalidad que tiene esa dotación económica.
La otra gran falla sigue siendo el uso de las fundaciones y entidades vinculadas a los partidos, también sometidas al control del Tribunal de Cuentas. Este último ha detectado incumplimientos legales como donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias y no destinadas sólo a tal fin; también donaciones procedentes de personas jurídicas sin aportar acuerdo del órgano social, entregas de efectivo no notificadas al Tribunal en el plazo de tres meses.
Por ejemplo, sobre el "Instituto 25M para la Democracia", la fundación que ahora dirige Juan Carlos Monedero, el Tribunal señala que incumplió en 2016 la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) porque aportó a la campaña de Podemos en las elecciones generales del 26 de junio casi 50.000 euros de manera irregular. Aunque sí avala que la fundación aportara 340.348 euros a las cuentas del partido al margen de aquella campaña.
Además, el Tribunal de Cuentas también reclama a varias formaciones que devuelvan al Ministerio del Interior casi medio millón de euros que les fueron concedidos en 2016 en concepto de subvenciones para gastos de seguridad, pero que no fueron utilizados para los fines que establece la ley o que ni siquiera llegaron a usarse.
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