La rebaja de la malversación que impulsó el Gobierno para beneficiar a Oriol Junqueras no ha tenido, ni de lejos, el efecto esperado. A falta de conocer cómo se pronunciará el Tribunal Supremo con la revisión de la sentencia del procés, hasta ahora tanto la Fiscalía como el magistrado Pablo Llarena, que mantiene viva la parte que afecta a los políticos fugados, apuestan por mantener la malversación en su modalidad agravada.
Se trata de una figura que no acarrea modificaciones a la condena de 13 años de inhabilitación del líder de ERC. Tampoco tiene pinta que vaya a servir de 'salvavidas' para Josep María Jové y Lluis Salvadó, los dos históricos de la formación republicana pendientes de ser juzgados en Cataluña por el 1-O. Pese a ello y, paradójicamente, la reforma del Código Penal que ha forzado la revisión del procés sí beneficiará a ciertos cargos de Junts.
De hecho, atendiendo la tesis de la Fiscalía, uno de los principales agraciados de estos cambios sería el expresidente de la ANC y exdirigente de Junts Jordi Sánchez, además de Josep Rull y Joaquim Forn. El motivo reside en que estos cargos fueron condenados por sedición, delito que, al desaparecer, la Fiscalía pide que se reemplace por desórdenes públicos agravados. Esta modificación acarrea, inevitable, una rebaja sustancial de sus inhabilitaciones.
Otra lectura de la malversación
Por contra, los peores parados son Oriol Junqueras y el resto de condenados por sedición en concurso medial con la malversación. El Gobierno propició la reforma de la malversación con el foco puesto en el líder de ERC. Se rebajaron las penas de prisión y se especificó en la nueva redacción que se distinguirían los casos en los que hubo lucro personal de los que no.
Sin embargo, la lectura que se está haciendo de esta reforma no parece que vaya a beneficiar a los condenados. El tribunal que les juzgó en 2019 todavía tiene pendiente pronunciarse ya que primero prefirió recabar el criterio de las partes. La Fiscalía se pronunció este miércoles y lo hizo pidiendo que se mantenga intacta la inhabilitación de Junqueras hasta 2031. El motivo reside en que el desvío de fondos para organizar el referéndum ilegal conllevó una apropiación indebida de ese monto.
El Ministerio Público adopta la tesis del magistrado Pablo Llarena (que instruye la causa para Carles Puigdemont y el resto de líderes fugados) y sostiene que no es necesario hacer la distinción que ideó Moncloa porque el ánimo de lucro no solo se demuestra con el enriquecimiento del político que lo comete, sino que también se atribuye a quienes obtienen cualquier otro beneficio.
Esta tesis aplicada al procés defiende pues que, aunque los líderes independentistas no se quedaron con el dinero desviado, sí que cometieron un daño a las arcas públicas en tanto se destinó a un referéndum ilegal. Además, los cuatro fiscales del procés recuerdan que no devolvieron los más de 2 millones de euros que habrían invertido en estos planes de desconexión; motivo por el cual entienden que se produjo malversación agravada y que la horquilla de las inhabilitaciones no debe modificarse.
Repercusión en los casos de corrupción
Con todo, aunque el Ejecutivo quería acotar el cambio de la malversación únicamente al procés, lo cierto es que había expectación sobre cómo podía afectar la entrada en vigor de la norma a las causas de corrupción. En la actualidad siguen su curso procedimientos penales de calado que se podrían ver salpicados con esta rebaja. Entre ellos se encuentran el caso Acuamed (en el que la Fiscalía acusa por delito continuado de malversación agravada), la trama Púnica o el caso Kitchen, relativo este último al espionaje ilegal del Gobierno del PP a Luis Bárcenas.
Fuentes fiscales consultadas por Vozpópuli explican que se espera que los efectos en estas causas no sean tan perniciosos. El propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, emitió una circular este miércoles en la que dictaba las órdenes a seguir a los fiscales para evitar variaciones de calado en estos asuntos. El objetivo es evitar revisiones a la baja de los casos de corrupción más graves.
Anticorrupción no contempla cambios en la acusación de la trama Kitchen, que se sustenta en la apropiación indebida. Por contra, habrá modificaciones en Acuamed y las causas que afectan a empresas públicas
Además, tampoco se revisarán las condenas dictadas tras la reforma del PP de 2015. Este cambio legal buscaba equiparar nuestro marco legislativo al alemán y endurecía las penas al introducir la administración desleal en los delitos patrimoniales. Ahora, con la nueva redacción, se desgaja la administración desleal de la apropiación indebida. Por ese motivo, la Fiscalía Anticorrupción estudia ya las causas de corrupción que pivotan sobre la malversación, para determinar si modificarán o no sus acusaciones.
La problemática de las empresas públicas
Las fuentes consultadas explican que no se esperan cambios de calado en los casos de apropiación indebida. Eso mismo ocurre con la trama Kitchen, relativa al espionaje de la policía patriótica a Luis Bárcenas. La Fiscalía está a punto de remitir a la Audiencia Nacional su escrito de acusación y no habrá variaciones por la rebaja de la malversación puesto que la acusación se apoya en la apropiación ilegal de fondos reservados desde el Ministerio del Interior.
En líneas generales esta será la tónica a seguir en muchas causas ya que un número importante de asuntos que trabaja la Fiscalía Anticorrupción son de hechos previos a 2015 y la reforma afecta especialmente desde ese año a la actualidad. No ocurre lo mismo con el caso Acuamed. Tal y como avanzó este medio, la Fiscalía se ha visto forzada a revisar el escrito en el que pedía enviar al banquillo a más de 40 imputados por desviar millones de esta empresa pública.
En este caso hay que analizar dicho informe ya que se solicita formación de sumario a tenor de la gravedad del delito continuado de malversación agravada. Así pues, es probable que el Ministerio Público modifique su argumentario en tanto en este caso los exdirectivos y empresarios imputados no se quedaron con el dinero desviado y, por tanto, no se incluye la apropiación indebida. Al respecto, Anticorrupción estudiará detenidamente el relato de hechos para darle el mejor encaje y evitar, en la medida de lo posible, cambios de calado en sus acusaciones.
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