El fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, José Ramón Noreña, ha presentado este lunes un escrito en la Fiscalía General del Estado (FGE) para manifestar su discrepancia con la designación del fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza como refuerzo de la Fiscalía Especial Antidroga para el Campo de Gibraltar. Subraya que esa decisión de la responsable de la FGE, Dolores Delgado, es "ilegal e improcedente".
Este escrito llega cuatro días después de que Delgado designara a Zaragoza para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el área territorial del Campo de Gibraltar y zonas aledañas. Entonces, se apuntó que Zaragoza desarrollará esta labor en cooperación y "sin menoscabo de las funciones que en esta materia tienen la Fiscalía Especial Antidroga y las fiscalías territoriales de la zona, con las que mantendrá la necesaria coordinación".
"El Decreto no sólo designa al Sr. Zaragoza, sino que incluye unas órdenes imprecisas de coordinación entre el designado y esta Fiscalía Especial que considero de una parte ilegales y de otra improcedentes", argumenta en su escrito de seis páginas dirigido a Delgado y al que ha tenido acceso Efe.
"Complicar la situación"
"Más que solucionar un problema que se ha abordado con decisión (...) por esta Fiscalía Especial, va a complicar más la situación; y, en todo caso, además, es una medida manifiestamente insuficiente para solucionar un problema que (...) no es exclusivo de la zona de Algeciras", lamenta.
Según el decreto, la "eventual intervención" de Zaragoza en esas tareas se realizarán "conforme a las directrices de la fiscal general del Estado y siempre como refuerzo, sin menoscabo a las competencias atribuidas a cualesquiera otras fiscalías con competencia en la materia".
No opina así el fiscal jefe Antidroga, que con esta manifestación de discrepancia pretende la nulidad de pleno Derecho del Decreto, "en cuanto es contrario a las disposiciones de una norma con rango de Ley, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".
Según Noreña, el decreto se basa en el artículo 22.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y éste "no autoriza al Fiscal General a designar un Delegado cuyas competencias coincidan plenamente con las de un órgano del Ministerio Fiscal", como en este caso Antidroga.
Critica además que el decreto se haya dictado "prescindiendo total y absolutamente de cualquier procedimiento", y compara el nombramiento de Zaragoza con la designación el 4 de julio de 2019 de una fiscal coordinadora entre los delegados de la Fiscalía Antidroga en Andalucía, que recayó en Ana Isabel Villagomez Muñoz, fiscal delegada en Cádiz, nombramiento que además contó el visto bueno del Consejo Fiscal.
En el caso de Zaragoza, por contra, "no consta incoación de expediente, se retrasa cuatro días la publicidad -restringida- del Decreto, no consta indicación de eventuales recursos y por ello se ignoran extremos tan importantes como saber de quién ha partido la iniciativa para su adopción, porqué no se ha oído al firmante sobre la necesidad o conveniencia de la medida adoptada o de otras que de verdad supongan un refuerzo en los medios del Ministerio Fiscal".
"Se ha designado directamente a una persona concreta, en lugar de convocar un concurso interno" y sin oír al Consejo Fiscal, denuncia Noreña. También cree que el nombramiento es improcedente porque se designa a una persona como "refuerzo" de la Fiscalía Especial Antidroga "sin integrarlo en ésta", lo que deja indefinido cuál es su posición jerárquica con relación "a esta jefatura".
Solapamiento de competencias
"Se produce -indica- un auténtico solapamiento" de competencias "del firmante (establecidas en el propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) y del designado (establecidas en el Decreto), y entre las atribuidas a éste por el decreto y las de la Delegada autonómica (que, como hemos indicado, fue nombrada cumpliendo escrupulosamente lo establecido en el EOMF)".
Ese solapamiento, agrega, "únicamente puede llevar a generar dudas y perplejidad tanto en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como entre los miembros del Ministerio Fiscal". Discrepa además con "la afirmación implícita" de que la designación de un Fiscal de Sala Delegado -"al que, por otra parte, se le mantienen las funciones que le corresponden como Fiscal de Sala del Tribunal Supremo, por lo que se ignora cómo compaginaría ambas competencias"-, suponga "mejora alguna en la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo en dicha zona".
"Si se considera que la actuación de esta Fiscalía -a la que no se ha pedido absolutamente ningún informe sobre la materia- es insuficiente, debe evaluarse cuáles son las necesidades reales de la misma, no sólo desde la perspectiva de la Fiscalía sino también de los órganos judiciales y lógicamente de los efectivos policiales, por lo que tal designación, resulta no sólo no justificada, sino contraria a toda lógica", concluye.
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