El silencio del fiscal general, Álvaro García, sobre los duros ataques que se están vertiendo contra jueces y fiscales se romperá en el Consejo Fiscal del próximo miércoles 20 de diciembre. Además de posicionarse sobre el lawfare que atribuyen a los fiscales del procés, se le va a pedir un pronunciamiento claro ante las inéditas acusaciones que la portavoz de Junts en el Congreso vertió desde la tribuna contra el Poder Judicial.
El fiscal del Tribunal Supremo y vocal del Consejo, Salvador Viada, ha registrado una petición para que en la próxima reunión del órgano se debata la intervención en la cámara baja del partido que lidera Carles Puigdemont. El fiscal entiende que García debe pronunciarse sobre este asunto concreto a tenor de lo recogido en el artículo 124 de la Constitución.
El mismo determina que el Ministerio Público debe "velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción de interés social". En ese contexto se pretende que el máximo representante de la carrera fiscal salga en defensa del Poder Judicial, especialmente después de que así lo hayan hecho el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte; el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán o el Pleno del Tribunal Constitucional.
Respaldo a los fiscales del procés
En el orden del día del Consejo del jueves, el fiscal general incluyó seis puntos, siendo el quinto la petición que formuló este vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y los vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales acerca de que dé una respuesta a los fiscales del procés.
Tras conocerse el acuerdo entre PSOE y Junts que contenía la creación de comisiones de investigación en el Congreso y también alusiones directas a una presunta guerra judicial contra el independentismo, los fiscales del procés solicitaron al fiscal general que les defendiera de tales acusaciones.
Los fiscales de Sala del alto tribunal, que han actuado contra Carles Puigdemont y el resto de su gobierno, reclamaron un respaldo expreso tras arrojarse la sospecha de que habían actuado al margen de la legalidad. García Ortiz respondió que no se pronunciaría sobre la ley de amnistía hasta que no se aprobara, lo que acarreó que numerosos fiscales de todas partes de España le remitieran una carta denunciando que ignoraba "deliberadamente" el reclamo de los fiscales.
Ante ello, los vocales de estas dos asociaciones solicitaron la inclusión en el orden del día del Consejo del punto relativo al amparo de los fiscales del procés. El órgano que asesora al fiscal general debatirá sobre este aspecto, aunque se ha excluido del mismo cualquier alusión a la amnistía, cuyo trámite acaba de arrancar en el Congreso de los Diputados.
El fiscal general en el Congreso
Precisamente el fiscal general tiene esta semana una cita clave en la cámara baja. Un día después de la celebración del Consejo, Álvaro García comparecerá en la Comisión de Justicia para pasar el trámite de su idoneidad. Se trata, pues, de otra cita pública en la que se espera que el sucesor de Dolores Delgado se pronuncie sobre los duros ataques vertidos desde Junts contra el Poder Judicial.
El mismo día que el Congreso aprobó la tramitación de la amnistía, la portavoz del PSOE en la cámara baja, Miriam Nogueras, señaló desde la tribuna a magistrados con nombres y apellidos a los que acusó de "indecentes" y dijo que tenían que ser "juzgados y cesados". Se refirió a los magistrados del Tribunal Supremo Manuel Marchena, Pablo Llarena, Carlos Lesmes o Carmen Lamela y a la magistrada del Tribunal Constitucional Concepción Espejel, entre otros.
Estas palabras provocaron un profundo malestar en la esfera judicial, llegando incluso el presidente del Tribunal Supremo a suspender la cita que tenía programada para el pasado miércoles con el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Marín Castán salió en defensa de los magistrados señalados mientras que nueve vocales del CGPJ forzaron a Guilarte a incluir en el Pleno de esta semana un pronunciamiento "rotundo" sobre las comisiones lawfare y el "acoso" a los jueces para que comparezcan en la cámara baja.
La semana pasada, el Congreso dio luz verde a la creación de tres comisiones parlamentarias sobre el caso Pegasus de Cataluña, el atentado yihadista de Las Ramblas en 2017 y también la operación Cataluña. Ante ello, el CGPJ abordará las directrices a dar a los jueces, los cuales pueden por ley evitar tener que responder sobre su trabajo ante comisiones parlamentarias u otros órganos que no sean el tribunal donde están aforados.
Malestar en la carrera fiscal
Los pronunciamientos en la esfera judicial chocan con el silencio que mantiene el fiscal general, el cual ya apeló a la neutralidad para no pronunciarse sobre la ley de amnistía con la que se anularán, entre otras, todas las causas del procés. Ello ha generado un profundo malestar en la carrera fiscal desde donde demanda que su máximo representante dé un paso al frente más allá de prometer que defenderá la actuación de los fiscales del procés.
Con todo, aunque García Ortiz no se pronuncia sobre la futura ley, ya ha ordenado a entes como la Audiencia Nacional o la Fiscalía Superior de Cataluña que remitan a la Fiscalía General toda la información relativa a procedimientos en trámite como los archivados o enjuiciados que entren bajo el paraguas de la amnistía. El escrito remitido hace dos semanas apuntó a la urgencia de la tramitación debido a la complejidad del asunto y al breve plazo con el que se espera aprobar y aplicar la amnistía.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación