El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dicho que es "insostenible" la situación del Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación está pendiente desde hace casi cuatro años, y que es "obligado" que los principales partidos se sienten "a pactar candidatos sin condiciones previas" y "cuando toca". En declaraciones a Radio Nacional de España, Álvaro García Ortiz ha señalado: "Creo que la situación es insostenible y que haya condiciones previas para sentarse a pactar unos candidatos ¿eso dónde lo pone?, ¿dónde pone la Ley Orgánica del Poder Judicial que haya que cambiar cosas antes de sentarse, que es el mandato constitucional?.
"Tenemos un sistema parlamentario de elección que podemos modificar perfectamente también, todo es lícito y todo se puede plantear y hay que plantear alternativas si el sistema no satisface", ha añadido el fiscal general, que ha advertido de que un sistema que ha permitido cuatro años de prórroga "hay que pensárselo". De todas formas ha aclarado que el "engranaje es muy complejo y por qué no va a participar la sociedad en la elección del Consejo, por qué solo pueden pertenecer a él los jueces y por qué no pueden participar también los fiscales", ha preguntado.
Pero ha recalcado que "es un deber constitucional para preservar las instituciones cuando toca, en el momento que toca y sin condiciones sentarse a ver qué fórmulas de acuerdo se pueden tener para designar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
También ha sido preguntado por el debate sobre los indultos para excargos políticos reabierto a raíz del caso ERE y la condena al expresidente de Andalucía José Antonio Griñán por malversación y si considera que habría que impedir por ley limitar su uso para políticos.
García Ortiz ha recordado que "la ley de indulto es de 1870 pero el indulto es algo casi consustancial a la justicia. Es un instrumento que es criticado, alabado, utilizado y con el que convive la justicia desde hace muchos años". "Por qué no revisar las normas, no pasa nada, pero hay que revisarlas con un sentido de futuro, no por un caso concreto o por unas conductas concretas sino viendo qué sentido tiene la institución del indulto en el siglo XXI, qué potestades le damos al Ejecutivo frente a las sentencias dictadas por el judicial y si merece la pena que exista esa corrección", ha comentado.
