El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha confirmado que dio "instrucciones directas" para emitir la nota de prensa sobre la investigación fiscal a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y por ello, solicita que la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por estos hechos se dirija contra él en el Tribunal Supremo.
En un escrito remitido al TSJ madrileño, el fiscal general del Estado explica que el borrador que se difundió el pasado 14 de marzo a los medios de comunicación y que contenía extractos de la comunicación mantenida entre el fiscal Julián Salto y el letrado de González Amador "no se hubiera distribuido" sin su "previa autorización" y sus "instrucciones expresas y directas".
García Ortiz explica en el escrito que la nota que difundió la Fiscalía se redactó para "poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal" dado que en la misma se demostraba con "hechos cronológicamente sistematizados" que fue el abogado de González Amador el que aceptó la comisión del delito y propuso una conformidad al fiscal y no al revés, como se había publicado la noche anterior.
Nota "ajustada a derecho"
El fiscal general asegura que la nota desmintió "informaciones falaces e interesadas" que afectaban a la "honorabilidad" del Ministerio Fiscal, a la par que proporcionó "información objetiva e imparcial". Por ello, asegura que dicha nota, que se remitió a los medios desde la Fiscalía Provincial de Madrid "fue plenamente ajustada a derecho y respondió a la función legalmente encomendada de informar a la opinión pública".
Al respecto, el fiscal general sostiene que la Fiscalía no ha podido desvelar ningún secreto puesto que la información que recogió en su comunicado ya se había filtrado previamente en un medio de comunicación y era la relativa a los correos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto.
Como Fiscal General reitero que el borrador de nota de prensa no se hubiera distribuido entrelos medios de comunicación sin mi previa autorización y sin mis instrucciones expresas y directasEscrito del fiscal general
Precisamente, Salto es uno de los fiscales querellados en este procedimiento junto con su superiora, la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. A falta de interrogarles por estos hechos, el instructor de la causa ha citado en primer lugar a dos testigos clave: la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y el jefe de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Ambos están convocados para este jueves 13 de junio.
El fiscal general asegura que el primer conocimiento que tuvo sobre la existencia de esos correos electrónicos fue a través de los diario El Mundo, Vozpópuli y Libertad Digital. Del mismo modo alude a un mensaje publicado en la red social X por parte del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, en el que "de forma insidiosa" se apuntaba a que la jefatura de la Fiscalía había impedido el acuerdo.
Así pues, García Ortiz asegura que es un hecho cierto que esos correos circulaban por las redacciones de diversos medios del país y que, por tanto, era de "público conocimiento" el contenido de los mismos, así como la propuesta de pacto que hizo el letrado de González Amador al fiscal y una posible conformidad.
"Instrucciones directas" del fiscal general
"Debo llamar la atención de que resulta cuando menos sorprendente que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos, mientras que el entorno de D. Alberto González Amador —señalado por los citados medios de comunicación como su fuente de información— aparezca únicamente como parte acusadora", reza García Ortiz.
Por todo ello, el máximo representante del Ministerio Público insiste en que el comunicado se limitó a aclarar datos que eran de "dominio público" y que no contenía información alguna que pudiera perjudicar el derecho de defensa de la pareja, de Ayuso, quien está siendo investigado por dos delitos fiscales en un juzgado de Plaza de Castilla. es circunstancias.
"En conclusión, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la nota de prensa por corresponder aquella a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en tanto en cuanto su publicación no se hubiera producido sin mi previa autorización y mis instrucciones expresas y directas", concluye.
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