El fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos ha aplazado su jubilación para seguir al frente del equipo de investigadores que indaga sobre las presuntas actividades corruptas del rey emérito Juan Carlos I. Según informan a Vozpópuli fuentes conocedoras de su situación, este veterano jurista podrá seguir ejerciendo sus funciones durante un máximo de dos años más.
La edad de jubilación de los fiscales son los 70 años. En ese momento tienen que abandonar su actividad a no ser que soliciten una prórroga con algunos meses de antelación. Campos alcanzó los 70 años el pasado sábado 7 de noviembre, pero seguirá al frente de las pesquisas porque a mediados de año ya solicitó formalmente la prórroga. Las fuentes consultadas advierten que es una decisión bastante habitual en la Fiscalía.
Experto en delitos económicos, es la persona a la que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, confió el reto más sensible al que se enfrenta el ministerio público. Este investigador lleva ejerciendo 42 años y es fiscal de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Comparte con Delgado su adscripción a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), una de las dos asociaciones que conviven en la carrera.
A lo largo de su trayectoria se ha enfrentado a otros casos mediáticos como el caso Malaya, la corrupción del expresidente valenciano Francisco Camps o el asesinato racista de Lucrecia Pérez. También tomó declaración al entonces senador del PP, Luis Bárcenas en los orígenes del caso Gürtel. Años después, coordinó el escrito en el que instaba al Tribunal Supremo a confirmar las condenas a la trama encabezada por Francisco Correa, incluyendo la que afectaba al Partido Popular a título lucrativo. Pero ningún caso ha sido tan trascendente como el que afronta ahora en torno al exjefe del Estado.
Su equipo
La marcha de Campos habría supuesto descabezar un equipo que componen junto a él otros tres fiscales del Tribunal Supremo. Son Paloma Iglesias Moreno, José Antonio del Cerro Esteban y Juan Carlos López Coig. Llevan trabajando juntos desde el mes de junio. A ellos se ha sumado recientemente Alejandro Luzón, el fiscal jefe de Anticorrupción. Su departamento es el que comenzó al menos dos de las tres líneas de investigación que pivotan sobre la figura del rey emérito. Además, la fiscal Rosa Ana Morán ayuda al grupo en lo que afecta "a las implicaciones internacionales de la investigación".
Tres son los casos que afectan al rey y que están encima de la mesa. El primero es el que tiene que ver con el cobro de 100 millones de dólares del gobierno Saudí y que Juan Carlos I escondió presuntamente en cuentas en Suiza a nombre de fundaciones creadas en paraísos fiscales. Este caso surgió de las revelaciones que le hizo la examante del monarca Corinna Larsen al polémico comisario José Villarejo y que acabaron publicadas en los medios de comunicación.
Para ver sentado al rey en el banquillo de los acusados es necesario que la Fiscalía presente una querella ante el Tribunal Supremo y que luego los jueces aprecien indicios suficientes para investigarle. La Fiscalía General ya ha deslizado que al menos en lo referente al dinero saudí no darán ese paso porque todos los hechos son anteriores al año 2014, fecha límite en la que gozó de inviolabilidad al ser el Rey.
La Fiscalía General ya ha deslizado que al menos en lo referente al dinero saudí no presentará una querella porque todos los hechos son anteriores al año 2014, fecha límite en la que gozó de inviolabilidad al ser el Rey
La segunda investigación la publicó hace días eldiario.es y tiene que ver con el uso de tarjetas opacas por parte del rey emérito y otros miembros de la familia real. El dinero procedía presuntamente de un empresario mexicano amigo del rey emérito y lo gestionaba a modo de testaferro un coronel del Ejército del Aire destinado en el Palacio de la Zarzuela, que ya ha declarado ante los investigadores de la Fiscalía anticorrupción que iniciaron las pesquisas hace un año. Desde Fiscalía afirman que esta línea también está muy avanzada, aunque no adelantan el desenlace.
La tercera línea de investigación parte de un informe de inteligencia financiera elaborado recientemente por el Sepblac, un departamento contra el blanqueo de dinero que depende del Ministerio de Economía. Este órgano alertó a la Fiscalía Anticorrupción de la presunta existencia de otra fortuna oculta en la isla de Jersey de hasta 10 millones de euros, según La Sexta.
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