El fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo, sólo investigó poco menos del 10% de los fondos públicos del Ayuntamiento de Marbella que recibió la trama empresarial sueca que el juez García Castellón considera una "tapadera", para el blanqueo del narcotráfico, y a la que están vinculados Lars Broberg, marido de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, así como un hijastro de ésta, Joaquín Peter Broberg. Entre la casi treintena de procesados también figura un agente de la Policía Local que fue escolta personal de la también senadora del Partido Popular.
Como viene informando Vozpópuli en las últimas semanas el Ministerio Público abrió diligencias previas de investigación en 2017, a raíz de una denuncia del PSOE, por un contrato menor con Construcciones Codecosol S.L. que ascendía a 60.000 euros. Tras recabar información de la propia alcaldesa, por escrito, Martínez Carazo archivó el asunto al no apreciar indicios de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación y tráfico de influencias, entre otros delitos.
Ahora, tras conocerse el monto total de la suma conseguida por el administrador de Codecosol, el empresario sueco Nils Fisher, también procesado por el citado magistrado en la Audiencia Nacional, al considerarle un "testaferro" del hijastro de la alcaldesa, el gobierno municipal marbellí pretende hacer creer que Fiscalía abrió una investigación por todas las contrataciones y el asunto "se archivó". Así lo comunicó este martes el exedil de Obras del PP Javier García, ahora teniente alcalde, en rueda de prensa. Nada más lejos de la realidad en lo que afecta a los cuatro contratos restantes, no denunciados ante el fiscal marbellí.
"Si ahora han salido nuevos indicios nada impide que se puedan investigar esos hechos. El archivo previo en Fiscalía no impide la posterior investigación judicial", aclararon fuentes de la Fiscalía de Málaga a Vozpópuli días atrás.
A pesar del malestar que generó en el seno del Gobierno andaluz –con Juanma Moreno al frente– el hecho de que la primera edil marbellí pretendiera hacerles creer que la acusación pública fiscalizó y archivó todos los contratos, el portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, ha hecho suyo en rueda de prensa, este miércoles, el mismo argumento de defensa de Ángeles Muñoz: "las únicas investigaciones que hubo sobre adjudicaciones del Ayuntamiento de Marbella en el mandato de la alcaldesa fueron archivadas", ha dicho Martín en plural, cuando sólo hubo una investigación.
El pronunciamiento de Martín en público difiere del que ya hicieron fuentes del Gobierno andaluz, así como del propio PP-A, citadas por Vozpópuli este martes, cuando mostraron su malestar ante la versión que les había trasladado la alcaldesa y, posteriormente, comprobaron que faltan cuatro contratos más por investigar.
Sin duda el contrato que más polémica ha generado hasta ahora, y al que ha tenido acceso este medio digital, se refiere a la suma de 250.000 euros que Codecosol S.L. obtuvo en 2011 proveniente del Ayuntamiento de Marbella. Se trató de unas obras englobadas en el llamado Plan Proteja, que canalizaba entonces la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE, si bien la potestad de adjudicar los fondos era competencia exclusiva de la administración marbellí, como así fue.
Fue una actuación de urgencia para "rehabilitación de los pavimentos e infraestructuras viarias del término municipal de Marbella dañados por la climatología adversa".
El equipo de gobierno del PP en Marbella invitó a ocho empresas a este procedimiento negociado, incluida la ganadora, Codecosol, que finalmente rivalizó con las otras dos que dieron el paso para concurrir: Pde Málaga S.L. y Paviel Andalucía S.L.U. La propuesta de adjudicación, refrendada mediante decreto de la junta de gobierno local y firmada por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, resolvió la adjudicación a favor de la empresa del sueco Nils Fisher, empresario que además figura en otras sociedades –ajenas al procedimiento judicial de la Audiencia Nacional– junto a una hermana y un sobrino carnal de la primera edil marbellí, como informó en 2018 Marbella Confidencial al desvelar las investigaciones que llevaba cabo el fiscal Carazo.
Un ejemplo de lo anterior es la sociedad Green Start Property S.L., constituida el 16 de abril de 2015 y dedicada a la construcción, actividades inmobiliarias, comercio al por mayor y menor, sector textil, turismo, hostelería y restauración. Aquí Nils Fischer figuró como administrador de la empresa desde su creación, junto al hijo del cónyuge de la regidora, Joakim Peter Broberg. Ambos ciudadanos suecos cesaron en sus cargos en Enero de 2018. Es entonces cuando aparece el nombre de María del Carmen Muñoz Uriol, una de las hermanas de la también senadora, como socio único y administradora única.
Versión del entorno de Muñoz
La versión que ofrecieron fuentes cercanas a la alcaldesa sobre la presencia de su hermana en la citada sociedad es que ella le compró las participaciones a los anteriores propietarios y fue entonces cuando la mercantil Green Start Property S.L. adquirió la unipersonalidad. “Ella quería una sociedad para vender ropa por internet”, precisaronn sobre Carmina Muñoz.
Hay otro familiar directo de la edil marbellí que aparece vinculado a Nils Fischer. Se trata de Leonardo Felice Cultrera Muñoz, sobrino carnal de Ángeles Muñoz y abogado de profesión que aparece también mencionado (sin imputaciones) por parte del juez García Castellón en su auto de procesamiento.
Cultrera Muñoz figura como apoderado solidario en Istán Lake View S.L., en la que Nils Fischer es administrador único, constituida el 29 de junio de 2016, también dedicada a la promoción inmobiliaria y que aparece domiciliada en el Centro Comercial Plaza, Avenida Manolete, donde se llevaron a cabo las obras de acerado adjudicadas a Codecosol S.L. en 2013 por 60.000 euros. Es precisamente en dicho centro comercial donde aparecen domiciliadas la mayoría de las sociedades donde figura Fischer. Se da la circunstancia de que las oficinas principales del marido de la alcaldesa están también en dicho complejo de negocios anexo al coso taurino. Allí también se ubica uno de los locales que posee la presidenta del PP de Marbella.
Las fuentes citadas explican que la vinculación del sobrino de Ángeles Muñoz con Fischer es porque actúa como su abogado a la hora de constituir la empresa Istán Lake, al igual que la también letrada y socia de despacho de Cultrera Muñoz, Estrella Álvarez Muñoz Montes.
Los dos citados juristas también aparecen junto a Nils Fischer en La Isla de Alta Vista S.L., creada el 22 de octubre de 2015 para la actividad inmobiliaria. Ambos abogados son apoderados solidarios, mientras el empresario sueco ocupa el cargo de administrador mancomunado. La relación societaria se produce en una tercera ocasión: Golden Marbella Homes Promotions S.L. es el nombre de la sociedad en la que Cultrera Muñoz figura como apoderado solidario y Fisher ostenta el cargo de administrador único.
Las fuentes cercanas a la alcaldesa consultadas en 2018 negaron cualquier relación personal de ella con Nils Fischer, a quien admitió conocer y del que destacó que era “un gran trabajador”, en alusión a su actividad empresarial.
El Parlamento andaluz veta una pregunta del PSOE sobre la trama sueca en Marbella
La Mesa del Parlamento andaluz ha rechazado una pregunta del Grupo Socialista, este miércoles, que iba a ser formulada durante el pleno que está teniendo lugar. Se trataba de una interpelación precisamente sobre los fondos procedentes de la Junta de Andalucía que, en 2011, el Ayuntamiento de Marbella, en manos del PP, adjudicó a la trama sueca por importe de 250.000 euros.
Así lo ha denunciado la portavoz parlamentaria socialista, Ángeles Férriz, al calificar de "cacicada" la negativa de la Mesa a incluir la pregunta de máxima actualidad del PSOE, una decisión que ha atribuido a "órdenes directas de San Telmo", convencida de que el Gobierno andaluz "ha vetado una pregunta para que en el Parlamento no se hable de Marbella" y se ha preguntado "qué tiene que tapar Moreno Bonilla para volver a cometer la cacicada y que no se hable del escándalo ocurrido en Marbella", informa Europa Press.
La portavoz socialista ha explicado que su grupo tiene derecho a cambiar una pregunta y formular una pregunta de máxima actualidad en el Pleno del Parlamento, que debe justificar y acreditar con noticias de los medios de comunicación, mientras que ha señalado que las explicaciones recibidas de la Cámara autonómica para fundamentar su negativa a incluir la pregunta apuntan a que "los fondos no son de ahora, son de otro programa anterior", acerca de transferencias suministradas por la Junta de Andalucía.
Los argumentos que aporta la Mesa para el veto de la pregunta, mediante el pronunciamiento de un letrado de la Cámara autonómica, se sustentan en que se trata de un asunto de "competencias municipales" y "fondos de anteriores legislaturas". Algo que los socialistas reprochan porque, de ser así, "no se hubieran creado comisiones sobre los ERE en la anterior legislatura", cuando dicho asunto afectaba a otros periodos parlamentarios.
"Hay silencios que hablan por sí solos, el silencio de Moreno Bonilla con Marbella es atronador, es un escándalo que afecta a alcaldesa de Marbella, apadrinada por Moreno Bonilla y Feijóo", ha argumentado Ángeles Férriz, quien ha considerado que "no es un escándalo cualquiera, tiene como epicentro el PP de Málaga, cuna de Bendodo y de Moreno Bonilla", mientras "la alcaldesa dice no saber nada", cuando "afecta a familiares", e insiste en que "la alcaldesa de Marbella no sabe nada y amenaza a todo aquel que quiera saber".
El PSOE ha planteado una "reconsideración" a la Mesa para que se reúna de nuevo, este miércoles, al término de la sesión plenaria para que "no se vete una pregunta de la que no hay motivos jurídicos para vetarla" sobre "la adjudicación de más de 600.000 euros en contratos a empresas ligadas al marido de la alcaldesa".
Férriz ha justificado la iniciativa parlamentaria socialista y se ha preguntado de forma retórica si "el Gabiente Jurídico no tiene nada que decir de una adjudicación de fondos que son de la Junta de Andalucía", para considerar que se trata de "un escándalo que transciende las fronteras de Andalucía" al esgrimir que la sociedad vinculada al marido de la alcaldesa "opera en paraísos fiscales".
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