La fiscal Miriam Segura ha anunciado este lunes en la primera sesión del juicio por la supuesta financiación irregular del PP de Valencia a través de Gürtel que rebajará su petición de pena para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, si continúa colaborando con la justicia.
La Audiencia Nacional ha comenzado hoy el juicio a la excúpula del PP valenciano por financiarse presuntamente a través del entramado Gürtel en las campañas electorales de 2007 y 2008, en el que están acusados, entre otros, exaltos cargos del partido regional como Ricardo Costa y Vicente Rambla, diez empresarios y los principales cabecillas de la red.
Durante las cuestiones previas del juicio, la fiscal Anticorrupción ha dicho que será en el momento de sus conclusiones definitivas cuando contemple una posible reducción de pena para Correa, para quien de momento pide 24 años y medio de cárcel, bajo la condición de que se haya demostrado en la vista colaboración con la justicia e intención de reparar el daño causado.
En esta línea de colaboración, Correa -en prisión por el caso Fitur- remitió hace unos días un escrito al Juzgado Central de lo Penal en el que confesó que el PP de Valencia pagó en B a la trama Gürtel, en concreto a la empresa Orange Market, trabajos en campañas electorales o mediante facturas ficticias a empresarios por trabajos no realizados.
También ha mostrado la fiscal la intención de rebajar su petición de pena para nueve empresarios -para los que pide entre 4 y 6 años de cárcel- que, el pasado mes de febrero y a cambio de eludir la prisión, suscribieron un documento en el que reconocían haber financiado al PP valenciano en campañas electorales.
Al respecto, las defensas de los empresarios han pedido que la fiscal no solo rebaje la petición de pena a menos de dos años para que no ingresen en prisión sino que la sustituya por multas, que ya han tenido que pagar para cumplir el citado acuerdo con la Fiscalía.
La Abogacía del Estado y la acusación ejercida por el PSOE se han adherido a lo manifestado por la fiscal.
En cuanto al exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla, para quien la Fiscalía pedía inicialmente 7 años y 9 meses de prisión, la fiscal le ha retirado uno de los delitos por lo que le acusa, por lo que pediría definitivamente 6 años y 6 meses de cárcel para él.
Juan Casanova, abogado de Ricardo Costa, ha pedido el sobreseimiento de la causa respecto a su representado al estimar que son nulos los escritos de la Fiscalía y del PSOE de Valencia por no concretar los hechos que le atribuyen.
Ha abundado en que el beneficiario del supuesto delito electoral sería el PP, que no está llamado a este juicio ni como partícipe a título lucrativo y sin embargo se le juzga a Costa que es un "actor secundario".
Ha recordado que en el caso de corrupción política del PSOE conocido como Filesa le fue retirada al PP la posibilidad de ejercer la acusación por no concretar los hechos.
En cualquier caso ha estimado, al igual que los abogados del resto de políticos, que los delitos electorales y de falsedad ya han prescrito por el tiempo transcurrido.
Miguel Durán, abogado de Pablo Crespo, ha alegado la nulidad de las conversaciones grabadas por el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, que destaparon el caso Gürtel, ya que atentaban al derecho a la intimidad y fueron realizadas con la intención inicial de "chantajear" a Correa.
También ha pedido la nulidad de las intervenciones de las comunicaciones entre acusados y abogados en la prisión de Soto del Real (Madrid) por las que el inicial juez instructor del caso Baltasar Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo y apartado de la carrera judicial.
Javier Vasallo, letrado de Álvaro Pérez, se ha adherido al anterior y ha alegado la prescripción de los delitos, mientras que la defensa de Correa no ha presentado cuestiones previas.
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