La Fiscalía General del Estado justifica su decisión de imputar un delito de rebelión en la querella contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros 19 cargos de la anterior Generalitat de Cataluña y de la Mesa del Parlament porque han tratado de "imponer la fuerza de la muchedumbre" para conseguir la independencia catalana, según consta en el escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.
A lo largo de 177 páginas el fiscal José Manuel Maza hace un relato de los hechos, que se remontan a 2015, año en el que se celebraron las elecciones plebiscitarias, y en las que los independentistas lograron una mayoría de escaños, pero no de votos de los ciudadanos catalanes.
La querella advierte que los independentistas apostaron entonces por promover el apoyo activo de la ciudadanía mediante "movilizaciones, concentraciones o manifestaciones que por su número representaran una fuerza intimidatoria suficiente".
La imputación del delito de rebelión se puede constatar, especifica la querella de la Fiscalía, los días previos y posteriores al de la celebración del referéndum, y el mismo 1 de octubre: "Constituyeron una insurrección, un levantamiento violento alentado por los querellados".
Y en ese levantamiento, "el sector de la población partidario de la secesión, enardecida por sus dirigentes, desobedeció públicamente y mostró su resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado". Los querellados trataron de impedir "por la fuerza el cumplimiento de las resoluciones judiciales", destaca la querella.
Insurrección pública
El ministerio público considera que los querellados "se valieron de la población" para llevar a cabo actos de "insurrección pública, desobedeciendo o resistiendo colectivamente" a la autoridad del Estado: "Ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos, y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso en actos que alcanzaron dimensión suficiente para colmar el elemento de violencia que requiere el tipo" del delito de rebelión, destaca la querella.
Y dentro de esta estrategia de utilizar a la "muchedumbre", el fiscal sostiene que tras la presentación de la proposición de la ley del referéndum, "los querellados con sus proclamas y su conducta de sistemática desobediencia al Tribunal Constitucional fueron alentando un movimiento de insurrección activa entre la población".
Además, los querellados, siempre según el fiscal, sabían que en un referéndum ilegal solo participarían, mayoritariamente, los ciudadanos partidarios de la independencia de Cataluña, por lo que el resultado sería "la proclamación de la independencia de Cataluña, prescindiendo de la voluntad del conjunto del cuerpo electoral".
Por eso, la admisión a trámite de la proposición de ley de referéndum conduciría "inexorablemente" a la secesión de Cataluña. Los querellados, en definitiva, movilizaron a los sectores independentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal y con ello del proceso de secesión "al margen de los cauces para reformar la Constitución".
Grandes concentraciones
La querella de José Manuel Maza considera, por ello, demostrada la capacidad de los secesionistas para lograr grandes concentraciones de personas, "que se opusieran por la fuerza de la multitud a acatar órdenes de la autoridad judicial o de sus agentes".
El Govern y sus aliados optaron por ocupar las calles por la sociedad movilizada a través de las llamadas asociaciones soberanistas, que en definitiva actuaron como "brazo civil" del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern y de los diputados independentistas, que "desobedeciendo" los autos, mediante la presión intimidatoria de la multitud, "impidieron la actuación de las fuerzas del orden público", completa el documento.
En los días anteriores al 1 de octubre el clima de "agresividad" y "tensión" fue en aumento. Ahí la querella alude a las "caceroladas", que comenzaron el día 20 de septiembre en protesta por las detenciones de altos cargos de la Generalitat.
Los secesionistas sabían que estaban "incitando a las muchedumbres para intimidar a los agentes policiales y para que éstos no pudieran hacer efectivo el mandato judicial"
Pero el 1 de octubre, explica el fiscal, los secesionistas sabían que estaban "incitando a las muchedumbres para intimidar a los agentes policiales y para que éstos no pudieran hacer efectivo el mandato judicial" de prohibir el referéndum.
En este sentido, el fiscal general destaca que gran número de consejeros del Govern y diputados independentistas están asociados a las entidades soberanistas, por lo que las iniciativas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural o la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y las actuaciones del Govern y del Parlament "se retroalimentaban unas a otras".
Como ejemplo, la querella indica que los exconsejeros querellados del Govern Clara Ponsatí I Obiols y Joaquim Forn i Chiarello son socios de la ANC. Este último también está asociado a Òmnium, al igual que los exconsejeros Raül Romeva Rueda, Jordi Turull i Negro y Dolors Bassa i Coll, y la también querellada Anna Simó.
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