La Asociación de Fiscales ha calificado de "inaceptable" la propuesta de reforma legal para ascender a la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, cuando cese de su cargo. La asociación mayoritaria en la Carrera Fiscal sostiene que esta propuesta de calado que el grupo parlamentario del PSOE introdujo en una enmienda a la reforma de la Ley Concursal supone una injerencia clara del Gobierno en los asuntos que atañen a la Justicia.
El colectivo se suma a las denuncias formuladas este miércoles por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y sostiene en un comunicado que la finalidad de realizar la reforma "de forma apresurada y silenciada" denota el interés en beneficiar directamente a la fiscal general del Estado. Según sostiene se trata de darle una salida al cese de su mandato creando una solución "ad hoc" que no puede ser la finalidad última de la norma.
El grupo socialista introdujo en su propuesta sobre la reforma de la Ley Concursal un punto concreto que implica la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En concreto añadió una redacción a la normal actual en la que precisa que, el fiscal general del Estado "adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su cese". Se trata de un cambio importante puesto que, hasta la fecha, los fiscales designados para representar a la institución quedaban en servicios especiales mientras ostentaban este cargo pero luego volvían a su puesto.
Rechazo de los fiscales
De esta forma Delgado, que fue nombrada por el Gobierno de Sánchez fiscal general del Estado tras ejercer como ministra de Justicia, volvería a la Audiencia Nacional. Allí es donde desempeñaba como fiscal experta en terrorismo yihadista hasta que fue nombrada ministra de Justicia en junio de 2018. Con este cambio legal, la fiscal general no volvería a la Audiencia Nacional, sino que sería designada como fiscal de Sala del alto Tribunal. Se trata de la categoría más alta dentro de la Carrera Fiscal.
Ahora la Asociación de Fiscales reacciona apuntando que es "inaceptable" que se impulse una reforma de tal calado "sin publicidad y hurtando de toda posibilidad de alegación" tanto al Consejo Fiscal (órgano consultivo de la Fiscalía General del Estado) como al CGPJ, así como a asociaciones de fiscales. Además añaden que tampoco es cierta la justificación defendida acerca de que el objetivo de este cambio legal y su urgencia reside en la necesidad de cumplir con lo requerido por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).
La institución replica ahora que lo que recomienda el GRECO es reconsiderar el método de selección y duración del mandato del fiscal general (que en España es de cuatro años) así como aumentar la autonomía financiera de la Fiscalía, de la formación de fiscales y de su gestión, separada del Ministerio de Justicia. Cuestiones todas ellas que, según recuerdan, no se encuentran recogidas en la enmienda presentada por el grupo parlamentario socialista.
Dar parte al Gobierno
La reforma propuesta por el grupo socialista también propone que se modifique el punto segundo del artículo nueve según el cual se abre la posibilidad de que el fiscal general del Estado informe al Gobierno "por su propia iniciativa" sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y en los que por su naturaleza y relevancia deba conocer". Añade esta reforma del PSOE que "esa información podrá venir referida también al funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia".
La Asociación de Fiscales precisa que "es cierto" que el GRECO recomienda clarificar la comunicación entre el fiscal general y el Gobierno para garantizar la transparencia y la publicidad y que la reforma impone la forma escrita, lo que constituye un avance. Ahora bien, avisa de que incluye "novedosamente" que el fiscal general (figura que propone el Ejecutivo) se pueda dirigir por su propia iniciativa al Gobierno para informar no solo sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, sino sobre asuntos concretos que el Gobierno deba conocer.
"Esta previsión supone un elevado riesgo de injerencia en la Justicia por el Gobierno por la absoluta ausencia de concreción de supuestos en que se deba facilitar la información, por ejemplo, cuando afecte a los intereses de la Nación", responde, al respecto, la Asociación de Fiscales.
El "premio" a Delgado
Del mismo modo aseguran que la propuesta de reforma en lo que afecta al futuro de Delgado cuando cese como fiscal general del Estado requiere de una profunda reflexión, "que no se ha producido", sobre los requisitos para ser nombrado fiscal general. Además, dice que supone un "premio" para la fiscal general y la "inmisión directa" del Gobierno en la conformación de la Primera categoría de la Carrera Fiscal, ya que implica que directamente pueda promover a un fiscal a su máxima categoría sin seguir los cauces establecidos hasta el momento.
Al hilo recuerdan que, en el año 2019, siendo Delgado ministra de Justicia, se intentó incluir una previsión similar en el proyecto de Reglamento de la Carrera Fiscal, lo que dio lugar a una "reprobación unánime" al entender que una modificación de tal calado no debía introducirse a través del reglamento, sino por reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Al respecto recuerdan que en ningún momento la Asociación de Fiscales mostró su conformidad con tal extremo.
