Representantes del ministerio público mantienen el pulso a Dolores Delgado. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha instado a la magistrada del Juzgado de lo Social número 13 de Madrid a que ejecute el auto en el que obliga al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado a repartir entre sus funcionarios material de protección ante el coronavirus. La agrupación minoritaria responde así al recurso que ha presentado la Fiscalía de Madrid para pedir la nulidad de la resolución.
La APIF ha reforzado su solicitud ante el Juzgado para reclamar la entrega de "mascarillas, guantes, gel desinfectante y gafas" a fiscales y funcionarios. La petición tiene lugar cuatro días después de que la magistrada diera 24 horas a la cartera de Juan Carlos Campo y a la de Dolores Delgado para facilitar los materiales.
Desde la Fiscalía de Madrid han alegado que se da una "absoluta y patente falta de competencia objetiva del Juzgado para conocer el presente procedimiento" que, según el ministerio público, debería corresponder a la Audiencia Nacional. Bajo este argumento, el ministerio público ha requerido que se declare nulo el auto de 26 de marzo, el mismo que ahora la APIF urge que se ejecute. El portavoz de APIF, Juan Antonio Frago, ha asegurado a Vozpópuli que están "absolutamente tranquilos con este recurso".
Tensión en la judicatura
Esta situación se produce en medio de un pulso que se mantiene desde principios de mes, cuando aún el Gobierno no había decretado el estado de alarma y la cifra de fallecidos por el coronavirus no alcanzaba el centenar. En aquel momento, la APIF firmó comunicados conjuntos con otras asociaciones de fiscales y de jueces para exigir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el cese de las actividades no esenciales en la judicatura y la aplicación de medidas de protección.
Bien, ahora solo hace falta convencer a Lesmes, a Delgado y a alguien con sentido comun en el Gobierno https://t.co/19CSwzMuKZ
— APIF (@APIFiscales) March 12, 2020
El pasado 26 de marzo, la asociación decidió formalizar parte de su reclamo en una demanda contra el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado. En concreto, la APIF solicitó la adopción de medidas cautelarísimas invocando "vulneración de derechos fundamentales".
En el documento, posteriormente admitido por la juez María Sánchez Rivero, la APIF planteó una eventual infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales afectante a la salud de "los fiscales, incluyendo al concreto demandante y funcionarios de las Oficinas Fiscales que deban realizar funciones presenciales durante la vigencia de la pandemia del Covid-19”.
La magistrada finalmente estimó la petición y ordenó a Justicia y a la Fiscalía proceder a la entrega del material sanitario. En aquel auto acordó también la citación de ambas partes para el próximo 21 de abril. Tras el recurso presentado por el ministerio público, habrá que esperar al pronunciamiento del Juzgado.
Reparto de mascarillas
Al margen de la resolución judicial y ante la aplicación de nuevas medidas por parte del Ejecutivo, este mismo lunes el Ministerio de Justicia ha dictado una resolución que adapta la prestación de servicios esenciales y permite a los funcionarios de la administración de Justicia acudir a los juzgados solo cuando sea necesario.
Según ha comunicado el Ministerio, la Secretaría de Estado del departamento "continúa realizando gestiones para la adquisición y distribución de equipos de protección individual". El equipo de Campo cifra en 41.000 las mascarillas que este lunes comenzaron a distribuirse en una "segunda partida de material (...) que complementan el envío de geles hidroalcohólicos y guantes, realizado la semana pasada entre las comunidades autónomas y que comenzó a llegar a los distintos partidos judiciales". Se prevé, a su vez, el reparto de 164.600 guantes y 16.356 dispensadores de gel antibacterial. Las críticas, sin embargo, se mantienen en distintos gremios de la judicatura.
Aluvión de demandas
El reclamo de la APIF se suma a la de otros agentes de la judicatura. Tal y como publicó Vozpópuli, el Sindicato Judicialización del Secretariado Judicial elevó su reclamo en dos demandas contra el Ministerio de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como al de Cataluña.
Los Juzgados de lo Social número 41 de Madrid y número 12 de Barcelona han estimado en parte las peticiones. Ambos han urgido a la cartera de Campo a que evalúe los riesgos del personal judicial que presta servicios esenciales en los juzgados de Madrid y Barcelona. La juez de Madrid ha ordenado al ministro y a los TSJ que entregue mascarillas, guantes y gel desinfectante a los letrados de la administración de Justicia.
El aluvión de demandas trasciende a la administración de Justicia e incluye ya los reclamos de los sindicatos médicos y los de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
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