Un nutrido grupo de fiscales no tienen dudas en cuanto a la posible comisión de un delito con la nota que emitió la Fiscalía la semana pasada sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Las fuentes consultadas por este medio consideran que la información difundida, que incluía alusiones a las comunicaciones intercambiadas con el abogado de Alberto González, serían constitutivas de revelación de secretos.
"Es un delito de libro", rezan las fuentes fiscales consultadas por Vozpópuli. Las mismas consideran que, por ello, la denuncia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) interpuesta en los juzgados de Plaza de Castilla tiene recorrido judicial.
No obstante, la misma no podría quedarse en este órgano ya que las personas que responderían por los hechos están aforadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o ante el Tribunal Supremo. Por ello, de estimar el juez de turno indicios de que la Fiscalía ha revelado secretos con su nota sobre el presunto fraude del novio de Ayuso, se procedería a abrir diligencias y se inhibiría en favor del órgano competente.
Los fiscales ven recorrido a la denuncia del ICAM
Precisamente, la interposición de querella se tendría que haber realizado en estos órganos, pero al tratarse de una denuncia genérica contra la Fiscalía, se tramita en Plaza de Castilla. Sea como fuere, a la actuación del ICAM -que apunta a una "gravedad sin precedentes" con la nota- se sumará la querella que prevé interponer la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
González Amador, a quien Hacienda acusa de defraudar más de 350.000 euros en 2020 y 2021, tiene intención de querellarse contra la Fiscalía y también contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por revelar detalles de esta inspección que ha terminado en los tribunales.
Las fuentes consultadas explican que el contenido de la nota que difundió la Fiscalía Provincial de Madrid revelaría el secreto que rige en este tipo de comunicaciones. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo cuarto, establece que la información a la opinión pública debe realizarse "con respeto al secreto de sumario y a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo".
En relación con la orden de emitir esta nota, tampoco se duda de que la persona que autorizó su difusión fue el fiscal general, Álvaro García. "Me parece inconcebible que el fiscal general no estuviera al tanto", reza una de las fuentes consultadas. Al respecto se apunta al máximo representante de la Fiscalía como la persona que autorizó y monitorizó la emisión de la nota en una actuación de claro índole político, si bien fuentes de la Fiscalía General señalan a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, como la responsable de la misma.
Choque en la Fiscalía
Cabe recordar que en la carta que remitió el fiscal general a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, María Victoria Ortega, delegó la actuación en los fiscales de la Fiscalía Provincial de Madrid. García Ortiz defendió su honorabilidad y dijo que no se había revelado ningún secreto porque la concreta propuesta de conformidad que efectuó el letrado del novio de Ayuso no se difundió.
Además, dijo que en la nota en cuestión se hablaron de extremos que ya se habían publicado horas antes en prensa. De hecho, la corrección de la Fiscalía conocida hace ahora siete días se produjo después de que, desde el entorno de la presidenta madrileña, se apuntara a una propuesta de pacto de la Fiscalía.
La nota desmintió ese extremo y determinó que fue la defensa de González Amador la que reconoció la comisión de los delitos y propuso un pacto de conformidad. Del relato cronológico de los hechos se desprende que diez días después de que la Fiscalía abriera una investigación contra el novio de Ayuso, su defensa envió un correo electrónico en el que proponía un pacto y reconocía los delitos que le atribuye Hacienda.
La confesión del novio de Ayuso
Pese a ello, el fiscal encargado continuó con la elaboración de la denuncia, que concluyó el 7 de febrero. El día 12 contestó al correo y le manifestó que tomaba nota "de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas". Un día después interpuso la denuncia contra él y otras cuatro personas más por delitos contra la Hacienda Pública de los ejercicios 2020 y 2021 y falsedad documental.
La difusión de la nota provocó un terremoto en la esfera política y judicial. El ICAM convocó de urgencia a la Junta de Gobierno la cual, reunida este lunes, acordó de unanimidad abrir la vía penal y administrativa para depurar responsabilidades. Además, anunciaron que dejan en suspenso el Protocolo de Conformidades que rige los acuerdos entre el Ministerio Público y este órgano. Al respecto no detallaron si esta decisión afectaría de alguna forma a la propuesta de conformidad que efectuó el abogado de González Amador.
Pese a ello, no toda la Abogacía está unida contra la actuación del Ministerio Fiscal. La Asociación Libre de la Abogacía (ALA) mantiene que, aunque la actuación del Ministerio Público es "reprobable", la Junta de Gobierno del ICAM no está defendiendo los intereses profesionales del colectivo, sino que actúa en defensa de intereses personales "en un asunto muy concreto".
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