Los fiscales de Sala y del Tribunal Supremo han instado a su máximo representante, Álvaro García Ortiz, a que reaccione ante los duros ataques de Junts contra jueces que han dirigido causas del procés. En una misiva remitida al fiscal general explican que el señalamiento sin precedentes de la portavoz del partido independentista en el Congreso, Miriam Nogueras, supone un "ataque injustificable contra la independencia judicial" y solicitan que reacciona.
Así se plasma en una misiva a la que ha tenido acceso Vozpópuli y en la que expresan "su más enérgico rechazo" a "los insultos, amenazas y falsas acusaciones" que vertió desde la tribuna la diputada de la formación conservadora contra los magistrados Manuel Marchena, Carmen Lamela, Pablo Llarena y Concepción Espejel, entre otros.
Al respecto, estos fiscales instan a Álvaro García Ortiz a que reaccione y les defienda de las duras acusaciones de 'lawfare'. La solicitud va en la línea de lo reclamado por el vocal Salvador Viada de cara al Consejo Fiscal de este miércoles quien exhortó a incluir los ataques de Junts en el orden del día de la reunión, tal y como avanzó este medio.
Le solicitamos que proceda sin más dilación al cumplimiento de los deberes constitucionales y que adopte como primer garante del orden constitucional las acciones legales de todo orden necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunalesCarta de los fiscales del Supremo
Los fiscales piden amparo
Los firmantes recuerdan el artículo 124.1 de la Constitución según el cual el Ministerio Fiscal "debe velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social". Al respecto trasladan a su jefe que la sujeción a ese mandato constitucional les obliga a solicitarle que proceda "sin más dilación" a cumplir con los "deberes constitucionales".
"Que adopte como primer defensor y garante del orden constitucional las medidas y acciones legales de todo orden que sean pertinentes, apropiadas y necesarias para preservar la legalidad y la independencia de los tribunales, cuya actuación está siendo indebidamente cuestionada por las manifestaciones ya referidas", exponen.
Al respecto determinan que los señalamientos como el realizado por Miriam Noguera, que llegó a tildar a los jueces de "indecentes" y a pedir que fueran juzgados son ya no solo "gravemente lesivas" para la dignidad de los afectados, sino que son "absolutamente incompatibles con la ética y el respeto institucional propios de un Estado de Derecho". "Representan un ataque injustificable contra la independencia judicial y contra la separación de poderes como principio vertebrador de una sociedad democrática", afirman.
Segunda carta al fiscal general
Las solicitudes de amparo al fiscal general se han ido produciendo en cascada desde que trascendiera el acuerdo de investidura de PSOE y Junts y su compromiso acerca de impulsar comisiones para investigar si hubo guerra judicial contra el independentismo (lawfare). Ante ello los cuatro fiscales del Tribunal Supremo de la causa del procés pidieron amparo expreso al fiscal general pero éste respondió que no iba a pronunciarse sobre la amnistía hasta que se aprobara la ley.
García Ortiz, a quien el Gobierno le acaba de renovar como máximo representante de la Fiscalía, dijo que tenía que ser neutral ante una norma que comenzaba a tramitarse en el Congreso; una respuesta que provocó el enérgico rechazo de los fiscales del Tribunal Supremo primero, y del resto de España en segundo lugar.
Por ello le remitieron una carta en la que le acusaron de "ignorar deliberadamente" la petición de los fiscales del procés de defenderles ante las acusaciones de 'lawfare'.
Ante la escalada de reproches al fiscal general por su tibieza, García Ortiz alegó la pasada semana que defendería a cualquier fiscal que pudiera verse perturbado en sus funciones. El fiscal general lanzó de esta forma un mensaje de respaldo al colectivo si bien, los ataques a media semana de la portavoz parlamentaria de Junts derivaron en una nueva petición de amparo.
La reacción de los jueces
Las palabras de Nogueras provocaron, además, la suspensión del encuentro que tenía previsto el ministro de Justicia, Félix Bolaños, con el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán. Por su parte, el presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, salió en tromba a defender a los jueces avisando, además, de que se tomarán las medidas necesarias para proteger su independencia.
También los magistrados del Tribunal Constitucional salieron en defensa de Concepción Espejel, actual miembro del órgano y señalada por integrar el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó al exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep LLuis Trapero. Los ataques, además, se vertieron tras aprobarse tres nuevas comisiones parlamentarias para fiscalizar la labor de los jueces en el caso 'catalangate', el atentado yihadista de Las Ramblas y la operación Cataluña.
Por ello el vocal Viada ha solicitado que en el Consejo Fiscal de este miércoles se aborde, además del respaldo expreso de los fiscales del procés, los ataques de la formación que lidera Carles Puigdemont. Un día después de esta reunión, el fiscal general comparecerá en el Congreso para pasar el trámite de su idoneidad tras ser reelegido por el Gobierno de Pedro Sánchez como fiscal general.
Mientras tanto, el CGPJ aborda también una respuesta enérgica contra las comisiones del 'lawfare' y el "acoso" a jueces en el marco del Pleno que celebran este jueves. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) les exime de comparecer en estas comisiones, si bien desde Junts amagan con acciones penales ante los jueces que no comparezcan.
Bolaños, por su parte, ha recordado este mismo jueves que los jueces no están obligados por ley a contestar a estas citaciones. Tal y como informó este medio, el Pleno del CGPJ abordará los criterios de actuación para los jueces que sean citados a estas comisiones exhortando, además, a no comparecer en caso de citación.
