El Tribunal Supremo se prepara para estudiar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática. Una de las dos asociaciones de fiscales que recurrieron su designación ha formalizado su demanda en la que denuncian que esta designación del fiscal general del Estado fue una "tramoya" y ocultó un "indebido tráfico de favores".
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide al Supremo que anule el Real Decreto que nombra a Delgado porque, dice, no es conforme a derecho. En su escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, explican que el fiscal general del Estado, Álvaro García, impidió indebidamente al Consejo Fiscal que suspendiera la sesión en la que se aprobó el trámite con un único fin: evitar que el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez frustrara esta designación.
Cabe recordar que el fiscal general designó a su antecesora y antigua mano derecha en el Consejo que se celebró el pasado 8 de junio. Se trató de una sesión tensa y especialmente polémica ya que vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales y el de la APIF pidieron que se suspendiera para estudiar una posible incompatibilidad de la exfiscal general del Estado. García, por su parte, denegó la petición y la propuso a ella pese a que no fue la candidata más respaldada.
El adelanto electoral
Delgado se postuló a esta plaza de nueva creación junto con otros tres candidatos: el fiscal teniente de la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa, Juan Calparsoro; el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana y el fiscal Antidroga Luis Ibáñez. La exministra de Justicia se impuso en la designación pese a que únicamente contó con el respaldo de los progresistas, en minoría en el Consejo. Los vocales de las dos asociaciones denunciantes se ausentaron durante la deliberación en señal de protesta.
El fiscal general tenía prisa por nombrar a Delgado porque pudiera ser que después de las elecciones su continuidad no estuviera garantizada y tenía que asegurarse que podía devolver los favores que su anterior mentora y amiga le había concedidoDemanda de la APIF
Apenas un día después del Consejo, el fiscal Luis Ibáñez denunció en entrevista a Vozpópuli que la plaza estaba asignada de antemano y avanzó que estudiaba recurrirla ante el Supremo. El candidato así lo hizo y activó un procedimiento en el alto tribunal al que también se han sumado la APIF y la Asociación de Fiscales. Ambas asociaciones han formalizado sus demandas ante la Sala Tercera del alto tribunal que, tras recabar el anuncio de los recursos, reclamó al Gobierno los expedientes del nombramiento de Delgado.
En lo que respecta a la APIF asegura que la "verdadera intención" de Álvaro García con el adelanto de Consejo era evitar que no pudiera nombrar a su antigua jefa teniendo en cuenta que Pedro Sánchez sorprendió con el anuncio del adelanto electoral. El propio García hizo alusión a la convocatoria electoral en el informe por el cual defendía la designación de la que fuera su jefa.
Al respecto dijo que el Consejo, con su petición de retirar del orden del día este asunto, "no pretendía otra cosa que no fuera impedir la propuesta de una de las candidatura y su nombramiento con anterioridad a la celebración de las elecciones generales". Un argumento que para la APIF demostraría que su intención al no acceder a lo solicitado por el Consejo era, precisamente, nombrarla porque pudiera ser que, tras los comicios, su continuidad al frente de la Fiscalía General del Estado "no estuviera garantizada".
"Un fraude de ley"
"Tenía que asegurarse de que podía devolver los favores que su anterior mentora y amiga le había concedido", reza la asociación, en referencia a su nombramiento como jefe de la Secretaría Técnica, decisión que acordó entonces Delgado como fiscal general y que situó a García como su mano derecha.
"A juicio de esta parte, la descripción de los hechos apunta no simplemente a un indebido tráfico de favores en la Fiscalía entre la anterior fiscal general y su sucesor, lo que ya sería bastante grave y ciertamente no favorece precisamente la imagen institucional, sino a una relación más estrecha y profunda. Dicho de otra forma, el actual fiscal general ha intentado en todo momento favorecer a su amiga y anterior jefa", denuncia.
Se pidió verificar una posible incompatibilidad por la relación de pareja que Delgado mantiene con Garzón. La solicitud fue desestimada por el fiscal general directamente, sin que se permitiera el más mínimo análisis
La demanda recuerda cómo el fiscal general trasladó a la carrera el cambio de planes sobre esta designación el mismo día en que Pedro Sánchez anunció que adelantaba los comicios generales al 23 de julio. Ya entonces los vocales discrepantes avisaron que esta maniobra se debía a su intención de designar a Delgado, la cual sonaba como favorita para la plaza desde el mismo momento que cesó como máxima representante del Ministerio Público.
Incompatibilidad de Delgado
Los vocales de ambas asociaciones pidieron la suspensión del Consejo, pero Álvaro García se negó y recordó que bajo mandatos de otros fiscales generales -como el de Consuelo Madrigal- también se efectuaron nombramientos en la antesala de las elecciones. Sus palabras llevaron a la actual fiscal de Sala del alto tribunal a exigirle una rectificación asegurando que eran unas declaraciones falsas que le comprometían gravemente.
Del mismo modo se planteó la abstención de Álvaro García en esta votación debido a su "estrecha vinculación" con la candidata. Según explican, esta es "la primera irregularidad" que aprecian en el nombramiento, teniendo en cuenta que los otros tres candidatos "no partían con la misma ventaja".
La segunda fue el rechazo de García a suspender la sesión, como así lo pidieron los siete vocales de la Asociación de Fiscales y el de la APIF. Lo hicieron apelando a un posible conflicto de intereses por las actividades de su pareja Baltasar Garzón, en esta materia.
"A la vista del objeto y actividades de la Fundación FIGBAR que preside la pareja de la candidata, Baltasar Garzón, hay por lo menos indicios de que existe una estrecha relación con las competencias del cargo de Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, máxime si se tiene en cuenta, como veremos, que esta Fundación lleva casos concretos en relación con estas competencias. Esta situación genera la necesidad al menos de verificar los indicios de incompatibilidad antes de proceder a un nombramiento" denuncia la APIF.
La demanda recuerda al Supremo que la competencia para decidir ese asunto reside en el Consejo Fiscal "y en nadie más", por lo que entiende que la negativa de García se traduce en un "fraude de ley". Frente a ello, denuncia que el fiscal general rechazó esta petición de plano "sin que en ningún momento se permitiera el más mínimo análisis" de la concurrencia de incompatibilidad.
En su turno de palabra Álvaro García defendió a Delgado asegurando que su trayectoria como fiscal especializada en terrorismo yihadista y con los Derechos Humanos le avalaban como la candidata más idónea para el puesto. El Consejo de Ministros aprobó el 14 de junio su nombramiento y un día después se plasmó en el Real Decreto que ahora se pide anular.
Cabe recordar que la designación anterior de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo también está recurrida en este órgano. Este nombramiento se produjo en septiembre del año pasado y propició el ascenso de Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal. Uno de los candidatos a esta plaza, el que fuera fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, impugnó su promoción, que también está pendiente de deliberación.
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