La Fiscalía del Tribunal Supremo ultima la investigación abierta sobre Juan Carlos I. El Ministerio Público, que indaga presuntas irregularidades del rey emérito en relación a la gestión de su patrimonio en el extranjero, aguarda a que Suiza dé cumplimiento de una comisión rogatoria para terminar las pesquisas. Según informan fuentes fiscales, la información que se espera es la relativa a datos fiscales de los ejercicios 2015 y 2016 y guarda relación directa con esta investigación no judicializada.
Las diligencias, que desde que se asumieron en la Fiscalía del Tribunal Supremo se han desligado en tres líneas de investigación, tienen como fecha de prescripción el 17 de diciembre. Aunque en un principio se apuntó a la posibilidad de que no se alargasen más y de que se tomara una decisión antes de ese día, finalmente no se descarta que se pueda acordar una prórroga en caso de que las autoridades helvéticas no hayan dado respuesta a esta solicitud.
Las mismas fuentes explican que, aunque no es necesario alargar las pesquisas dado que el requerimiento se hizo con la investigación en curso, se podría hacer en caso de que fuera necesario. Al respecto cabe destacar que se aguarda información fiscal de los ejercicios de 2015 y 2016. La misma tiene relación directa con las tres líneas de investigación que se siguen en esta Fiscalía bajo la batuta del teniente fiscal del alto tribunal Juan Ignacio Campos.
Prescripción y regularización fiscal
Hace unas semanas que se trabaja en la posibilidad de archivo de estas diligencias debido, principalmente, a la prescripción de delitos, las regularizaciones fiscales llevadas a cabo por el monarca y su inviolabilidad antes del ejercicio 2014.
En relación a las pesquisas todavía abiertas, cabe recordar que la primera de ellas nació en el seno de la Fiscalía Anticorrupción a tenor de las confesiones que la examiga ínitma del emérito, Corinna Larsen, efectuó al comisario jubilado José Manuel Villarejo en relación a las supuestas comisiones del AVE La Meca-Medina, así como del dinero que el monarca tenía en el extranjero. Este asunto sigue abierto en Anticorrupción en lo que respecta a las presuntas mordidas abonadas por el consorcio español que se adjudicó la faraónica obra.
Sin embargo, en lo concerniente a Juan Carlos I, la Audiencia Nacional rechazó investigarlo apelando a la inviolabilidad del emérito hasta 2014 en calidad de Jefe de Estado. Pese a ello, el asunto acabó en manos de la Fiscalía del alto tribunal al tratarse Juan Carlos I de una persona aforada. Estas diligencias han discurrido en paralelo a las que se siguen en Ginebra, desde donde ya se ha remitido documental relativa a las fundaciones gestionadas por el entorno del monarca, como Zagatka y Lucum.
A ello se añade unas segundas pesquisas relativas al uso de unas tarjetas opacas entre 2016 y 2018. En este caso la investigación giró en torno a la cuenta desde donde salían estos fondos y que estaba administrada por el excoronel del Ejército del Aire Nicolás Murga. El dinero, por su parte, provenía del empresario mexicano Allen Sanginés-Krausse.
Pagos al fisco
La tercera y última vía de investigación, que se abrió directamente en el seno de esta Fiscalía, es la relativa a las pesquisas sobre el dinero que, presuntamente, Juan Carlos I habría ocultado en Jersey. En este caso, el asunto nació a tenor de un aviso del Sepblac, que alertó de movimientos en una cuenta ubicada en esta isla y situó detrás de los mismos al padre del rey Felipe VI. El monarca, por su parte, negó categóricamente que tuviera patrimonio en esta isla.
Por su parte, la defensa del emérito, que ejerce el prestigioso abogado Javier Sánchez Junco, ha comunicado en los últimos meses las dos declaraciones complementarias efectuadas al fisco. La primera de ellas se trató de una regularización de 678.393,72 euros. La segunda fue de 4,4 millones de euros en relación con los gastos por viajes privados y servicios que realizó el rey y que habría asumido la Fundación Zagatka. Aunque la Fiscalía sostiene que sí se avisó de la existencia de estas pesquisas no judicializadas, la defensa del emérito insiste en que son regularizaciones voluntarias; requisito indispensable para eludir la comisión del delito.
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