La Fiscalía General del Estado ha pedido a las fiscalías autonómicas que le envíen, en un plazo de 10 días, todas las denuncias y querellas en tramitación sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidas por religiosos o miembros de la Iglesia, según ha avanzado el diario 'El País'.
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha solicitado a los 17 fiscales superiores esa documentación relativa a procedimientos "incoados tanto en sede judicial como fiscal" en la víspera de que la Junta de Portavoces del Congreso debata la tramitación de una comisión de investigación sobre esos delitos.
En junio de 2019, la Fiscalía General del Estado advirtió de que las medidas para evitar y denunciar los abusos sexuales a menores en la Iglesia eran "deficientes" y urgió a esta institución a llevar cada sospecha a la justicia prescindiendo de "comprobaciones o filtros internos de verificación".
Entonces ya apuntó que son las autoridades públicas y la Fiscalía las que "deben asumir el estudio del caso y la valoración de la existencia de indicios para formular la denuncia y quienes, simultáneamente, deben velar por la protección de los menores afectados".
En abril de 2021, la Iglesia reveló por primera vez datos de casos de abusos sexuales a menores desde el año 2001 y admitió que en estos 20 años, un total de 220 clérigos fueron denunciados, de los que 151 casos ya se habían resuelto y 69 seguían abiertos.
La Fiscalía General del Estado da un plazo de 10 días a las distintas fiscalías autonómicas para hacerle llegar las denuncias.
Ahora, Delgado da un nuevo paso para la investigación de este tipo de delitos al tiempo que en el Congreso se va a debatir si se abre una investigación, como han pedido Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.
Casos de abusos a menores en la Iglesia
El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Comunicación, ha indicado la noche de este lunes que la actuación de la Fiscalía General del Estado en relación a la recopilación de procedimientos penales en tramitación sobre agresiones y abusos sexuales a menores en instituciones religiosas "se enmarca en el ámbito de su autonomía y de sus competencias".
Esas actuaciones -añade el comunicado- "no agotan las medidas que el Gobierno está estudiando para esclarecer los hechos e impedir que vuelvan a repetirse", que "podrán incluir iniciativas parlamentarias".
