Las pesquisas que afectan al rey emérito y el devenir del caso Villarejo han abierto una fractura en el seno de la Fiscalía que dirige Dolores Delgado, concretamente entre el departamento de anticorrupción y el equipo de la exministra de Justicia. Esta relación jerárquica se ha visto marcada por traspasos de casos por decreto, la traumática salida de uno de los fiscales que investigaba al polémico comisario y una reciente insinuación de filtración de información sensible.
El último episodio tiene que ver con el comunicado que la Fiscalía General emitió para anunciar este martes que sus investigadores adscritos al Tribunal Supremo asumirán el caso de las presuntas tarjetas opacas de Juan Carlos I. En el escrito difundido a los medios, se apuntaba a una negligencia de los fiscales anticorrupción a la hora de mantener en secreto esa información: “Se ha dado traslado a la Inspección Fiscal a fin de comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes”.
Según fuentes del ministerio público, tenía que ver con la exclusiva de eldiario.es publicada unas horas antes. El citado medio informaba de unas pesquisas de Anticorrupción sobre el uso de dinero opaco por parte del rey emérito, doña Sofía y otros miembros de la familia real. Habrían tenido lugar tras la abdicación del exjefe del Estado en 2014, que por tanto ya no estaría protegido por su inviolabilidad. Dolores Delgado reaccionó con un decreto en el que ordenaba retirar a Anticorrupción del caso tras más de un año investigando para dárselo a la Fiscalía del Tribunal Supremo “con efectos inmediatos”.
Segunda vez
Es la segunda vez en apenas cinco meses que se produce una intervención así de la máxima responsable del ministerio público. Ya hizo lo propio en junio con la investigación del presunto dinero procedente de Arabia Saudí que el rey emérito supuestamente tenía escondido en cuentas suizas a nombre de testaferros. Ambas investigaciones que salpicaban a Juan Carlos I las asumió inicialmente el fiscal Luis Pastor bajo la dirección del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Durante casi dos años estuvieron indagando en el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de empresarios españoles implicados en la obra del AVE a La Meca. Se desplazaron hasta Londres para tomar declaración a la examante del rey Corinna Larsen. También se reunieron con el fiscal suizo Ives Bertossa que investigaba el recorrido del dinero saudí. La Fiscalía puede hacer diligencias previas de investigación, pero en caso de apreciar indicios suficientes de delito tiene que presentar una querella y judicializar el caso para que pase a depender de un juez.
La semana pasada, El Confidencial avanzó las conclusiones de esa investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo y la intención de archivarla sin presentar una querella ante el Tribunal Supremo. No obstante, la información sí avanzaba que el equipo al frente del caso que dirige el fiscal del alto tribunal Juan Ignacio Campos dejaría constancia de la comisión de delitos cuando el rey era inviolable. Desde la Fiscalía General de Estado guardaron silencio ante estas revelaciones. Aún falta por llegar documentación solicitada a Suiza.
Reciente prórroga
En el caso del rey emérito, los fiscales anticorrupción pueden indagar, pero tienen limitaciones por la condición de aforado de Juan Carlos I. En caso de que quieran solicitar información o hallen datos personales que le afecten directamente, deben remitir sus pesquisas ante los fiscales del Tribunal Supremo. En ninguno de los dos casos Delgado ha esperado a que sus subordinados dieran ese paso. Según informa Europa Press, la fiscal general acaba de conceder hace semanas una prórroga para continuar con las diligencias.
Según el artículo 5 del Estatuto Fiscal, las diligencias de investigación de la Fiscalía, que constituyen pesquisas aún no judicializadas, deben tener un máximo de duración de 12 meses, "salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del fiscal general del Estado". Las pesquisas sobre las tarjetas opacas se iniciaron en 2019. Fuentes jurídicas consultadas manifiestan sus dudas de que el ministerio público pueda mantener durante tanto tiempo unas diligencias de investigación sin judicializar. En este caso también está pendiente de llegar información del extranjero que se antoja clave.
Anticorrupción ha tomado ya declaración a dos personas relacionadas con los hechos. Una de ellas es el empresario mexicano llamado Allen Sanginés Krause, presuntamente el origen del dinero que disfrutaba la familia real. Fuentes conocedoras de las pesquisas confirman que la persona que supuestamente jugaba el papel de testaferro era un teniente coronel del Ejército del Aire destinado en Zarzuela llamado Nicolás Murga. Anticorrupción indagaba -hasta el martes- en torno a un presunto blanqueo de dinero o un delito fiscal.
Ahora ese trabajo pasa a depender de nuevo del fiscal Juan Ignacio Campos Campos, especialista en delitos económicos. Es el mismo fiscal a quien Dolores Delgado encargó dirigir la anterior investigación sobre el rey que acabará archivada. Es uno de los veteranos de la carrera que en próximas fechas cumplirá 70 años, la edad de obligada jubilación en la carrera. Preguntada la Fiscalía General, rehúsa aclarar si el máximo responsable de las investigaciones en torno al padre del rey Felipe VI dejará el caso en manos de un sustituto o hará efectiva la posibilidad legal de aplazar dos años su retirada. Las fuentes consultadas alegan que forma parte de su privacidad.
La salida de Stampa
El otro escenario de malestar tuvo lugar la semana pasada tras el desarrollo del Consejo Fiscal en el que se decidieron plazas fijas en la carrera. Los dos investigadores del caso Villarejo que actuaban en comisión de servicios optaban a tener plaza en propiedad. Solo la consiguió uno de los dos. El otro, Ignacio Stampa, fue apartado y volverá los próximos días a su puesto original en la Fiscalía de Madrid.
El Consejo Fiscal lo integran cinco vocales de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), cuatro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el Teniente fiscal y número dos de la carrera, Luis Navajas, el jefe de la Inspección, Fausto Cartagena, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. En el cónclave se proponen candidaturas y los presentes votan. Stampa no obtuvo ningún apoyo. Tampoco de su asociación, la AF, que argumentó su postura en el ruido mediático que habían generado las informaciones sobre el fiscal y un presunto trato de favor a Podemos en el caso Villarejo donde el partido ejerce la acusación popular.
A ese ruido contribuyó el número dos de Delgado, Luis Navajas, cuando dijo en una entrevista que la actuación del fiscal le había provocado el vómito. Desde anticorrupción creen que la Fiscalía General tuvo en su mano haber apagado el fuego antes del Consejo. Las informaciones periodísticas habían provocado que Vox denunciase a Stampa por revelar secretos de la causa a Podemos. La Fiscalía de Madrid tomó declaración a varios abogados del partido y al propio Stampa. El último en declarar fue José Manuel Calvente y días después la Fiscalía de Madrid elevó sus conclusiones a la Fiscalía General.
La investigación en Fiscalía
El País informa de que esas conclusiones eran favorables al archivo, pero nadie hizo nada hasta el Consejo. “Las diligencias abiertas contra el señor Stampa siguen vigentes hasta que se agote la investigación, que podría estar pendiente de nuevas actuaciones”, terció Delgado en una breve entrevista concedida al citado medio.
Hasta ahora las investigaciones internas sobre el comportamiento de Stampa han terminado archivadas. El propio fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, dio la cara por sus subordinados antes de ese Consejo Fiscal. Lo hizo en la Audiencia Nacional ante el juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón. Negó que existiera ninguna connivencia con el partido liderado por Pablo Iglesias.
Sin embargo, Delgado decidió no darle la plaza para seguir en el caso. La fiscal general alega que era inviable hacer otra cosa sin haber recibido ningún apoyo. Otras voces dentro de la carrera creen que tendría que haberse abstenido y dejar la decisión en otras manos debido a su relación con el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Ahora en la abogacía tras su condena por inhabilitación, su despacho de abogados ha defendido a varios mandos policiales investigados en el caso Villarejo. Uno de ellos es el comisario Enrique García Castaño, quien acumula la segunda mayor petición de años de cárcel por parte de los fiscales.
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