La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido archivar la denuncia contra los 44 etarras candidatos de Bildu a las elecciones del próximo 28 de mayo. El Ministerio Público responde a Dignidad y Justicia que no ve indicios de la comisión de delito para investigar si cumplieron íntegramente la pena y determina que corresponde a las juntas electorales correspondientes el control de la legalidad de las candidaturas.
El Ministerio Público da luz verde a que Bildu presente a los 44 condenados por colaborar con ETA (siete de los cuáles lo fueron por asesinato) alegando que no ve indicios de delito. Responde de esta forma a una denuncia interpuesta el pasado jueves por Dignidad y Justicia y ampliada en las últimas horas, en la que solicitaba que se investigara si habían cumplido íntegramente las inhabilitaciones a las que fueron condenados.
En el decreto de archivo la Fiscalía explica que se abren diligencias para, acto seguido, archivarlas al no apreciar la comisión de ningún delito. Según expone, no concurre causa de inelegibilidad en ninguno de los casos. El Ministerio Fiscal llega a esta conclusión tras recabar todas las hojas histórico-penales de los etarras condenados a los que se hace mención expresa en la denuncia.
La Fiscalía no ve delito
"Del examen de esta documentación no se aprecia la concurrencia de circunstancia alguna que permita atisbar que nos encontremos en un supuesto de inelegibilidad de los previstos en la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral Central ni que los hechos objeto de la denuncia tengan trascendencia penal o constituyan un ilícito de esta naturaleza. Por consiguiente, a la vista de los antecedentes penales de las personas reseñadas, se considera que los hechos denunciados no resultan penalmente típicos", concluye el decreto de la Fiscalía.
El fiscal jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, y la teniente fiscal Marta Durántez, han estudiado el asunto directamente, prueba de la relevancia de la cuestión. La asociación que preside Daniel Portero reclamó a este órgano que abriera diligencias preprocesales para examinar si los 44 candidatos de Bildu condenados por su cercanía a ETA habían cumplido íntegramente con sus inhabilitaciones ya que, de lo contrario, no podrían presentarse a los comicios del 28 de mayo.
La asociación recalcó que no era la primera vez que Bildu presentaba a condenados por pertenencia a ETA en sus listas del País Vasco y Navarra e incluso puso ejemplos de algún caso en el que la pena no se había extinguido por completo. La Fiscalía respondió dando acuse de recibo de la denuncia y dijo que iba a proceder a estudiarla para decidir si abría una investigación fiscal o, de lo contrario, actuaba en el sentido en el que lo ha hecho ahora, esto es, dando carpetazo al asunto.
Ampliación de denuncia de las víctimas
Tras ello, Dignidad y Justicia presentó una ampliación de su denuncia inicial en la que instaba a la Fiscalía a que actuara de cara a ilegalizar Bildu. En concreto, solicitó una batería de diligencias que pasaban por identificar no solo a los 44 etarras señaladas por Covite, sino también a todos los candidatos de las listas para estas elecciones municipales.
La asociación, que solicitó que se encargara este trabajo a Guardia Civil y Policía Nacional, reclamó que se determinara si estos candidatos habían "rechazado públicamente los fines y medios terroristas" y si Bildu había colaborado desde 2011 con el entorno de ETA. "Se solicita si la formación política ha apoyado, desde las instituciones en las que se gobierna, con medidas administrativas, económicas o de cualquier otro orden, a las entidades mencionadas", apelaron.
La asociación, que también pidió rastrear si la formación abertzale había dado cobertura a homenajes de etarras, reclamó que se diera traslado del resultado de estas pesquisas a la Fiscalía General del Estado para iniciar el proceso de ilegalización de Bildu.
Sin embargo, se trata de peticiones que no se admitirán ya que el Ministerio Público ha decidido no abrir ninguna investigación por estos hechos. Desde Bildu, por su parte, se anunció ayer la renuncia de los siete etarras candidatos condenados asesinato y se apuntó a una campaña de acoso contra el partido abertzale.
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