La Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa abierta contra tres altos cargos del Gobierno de Pedro Sánchez por contratos de mascarillas suscritos durante la pandemia. El Ministerio Público sostiene que la querella interpuesta por Vox por supuestas irregularidades en los contratos de más de 300 millones de euros son "meras conjeturas" y que no se ha concretado qué tipo de irregularidades habrían cometido estos altos cargos del Ministerio de Hacienda y de Sanidad.
La querella iba dirigida contra el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Alfonso María Jiménez; Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC) de Hacienda y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (DGSNSF), Patricia Lacruz. Los tres declararon en sede judicial el pasado mes de abril después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, les citara como imputados tras admitir a trámite una querella de Vox por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.
Los altos cargos del Gobierno de Sánchez explicaron que en aquellos momentos de pico de pandemia se siguieron escrupulosamente los trámites de contratación pública. El director de Ingesa, por su parte, admitió la comisión de errores que achacó a la urgencia del trámite y precisó que se informó en todo momento de los hechos al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Sin embargo, tras esas declaraciones no se practicó ninguna diligencia más.
"Cumplieron las obligaciones"
La querella recogía que las contrataciones para la compra de material sanitario se adjudicaron a una serie de empresas de "dudosa" existencia. Entre ellas se encontraba la firma HongKong Travis Asia Limited por el megacontrato de compra de mascarillas por 200 millones de euros, tal y como informó este medio. En su querella Vox expuso que de los 53 contratos llevados ante la Justicia había identificado al menos 13 con deficiencias. Al hilo sostuvo que no estaban acreditados y que las adjudicaciones fueron injustificadas y con un sobrecoste muy elevado al mercado.
La Fiscalía responde ahora que no hay indicios que apunten a irregularidades en estos contratos millonarios suscritos entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 y que el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas en relación a estos hechos es lo que les lleva ahora a pedir a archivo de la causa. Además, precisa que basan su decisión en toda la documental aportada por la Abogacía General del Estado relativa a los expedientes administrativos de estas contrataciones.
Informe del Tribunal de Cuentas
En lo que respecta a la participación de los tres querellados, la Fiscalía asegura que existe una falta "total" de acreditación de los hechos en relación con el contenido de la querella y que se hace imposible exigirles una responsabilidad penal por estos hechos. En relación al director de Ingesa, el Ministerio Público dice que resulta "relevante" lo relatado durante su interrogatorio ante la juez.
Si bien manifestó que era la persona responsable de los contratos suscritos en el departamento dirigido entonces por Salvador Illa, también dijo que todos estos contratos fueron objetos de fiscalización previa y posterior por parte del Tribunal de Cuentas. "En consonancia con lo manifestado por el investigado, se cumplieron los presupuestos administrativos para la celebración de los contratos en todas sus fases", reza el Ministerio Público.
En relación con Paloma Rosado, expone que asumió el cargo de órgano de contratación respecto del INGESA durante cinco días “sosteniendo el cumplimiento y adecuación a la ley de la contratación cuya responsabilidad le fue encomendada, en consonancia con el informe de Tribunal de Cuentas aportado en la causa”. Sobre la última imputada la Fiscalía concluye que "nada se ha podido acreditar" y que ésta carecía de competencias para participar en el más de medio centenar de contratos denunciados por Vox ante la Justicia.
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