La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha mostrado a favor amnistíar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista al no apreciar que sus actos constituyeran una "violación grave" de los Derechos Humanos. La teniente fiscal Marta Durántez Gil ha solicitado, por tanto, que la extinción de la responsabilidad penal de los acusados y el archivo de la causa.
En una vista celebrada este jueves en la Audiencia Nacional, la representante del Ministerio Público ha defendido el encaje de la norma en el procedimiento enjuiciado al entender que no se produjo "ninguna lesión a los derechos invocados como exclusiones en la ley de amnistía". De tal manera que, en el caso de que la intencionalidad de los CDR procesados hubiese sido causar daños más allá de los materiales, "dichos hechos no llegaron a materializarse".
En su exposición, la teniente fiscal de la Audiencia Nacional ha razonado que los actos imputados tienen encaje en la norma aprobado por el Congreso de los Diputados, tanto en cuanto, cumple dos requisitos indispensables: no afectar los Derechos Humanos a los que se refieren los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo y no ocasionar una vulneración grave de los mismos, como son le hecho de causar la muerte, aborto o la pérdida de algún miembro o sentido, entre otros.
Penas de 8 a 27 años para los 12 CDR acusados de terrorismo
En su escrito de acusación, el fiscal a cargo del caso, Miguel Ángel Carballo, pedía para los acusados penas que iban desde los 8 a los 27 años por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y tentativa de estragos. Ahora, la Fiscalía considera que la ley de amnistía tiene encaje en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional y pide la suspensión del juicio contra los doce acusados.
Anteriormente, han presentado su exposición de motivos las defensas de los miembros de los CDR involucrados la operación Judas. Los abogados defensores han defendido en Sala que los hechos juzgados entran dentro del marco temporal y el objeto de la norma. Una ley que "emana de la legítima voluntad del Congreso de los Diputados" y que, por tanto, no debe ser confundida con el indulto, ha defendido uno de los letrados.
Las defensas han manifestado que la "voluntad" de la ley, "pese a quien le pese", es dejar sin efecto las acusaciones volcadas contra los enjuiciados por acciones cometidas para "favorecer" la causa independentista, aunque se ejecutaran posteriormente a la realización de la consulta de 2017. Por ello, han subrayado que en aplicación de la norma, los tribunales tienen que proceder de "manera urgente y prioritaria" para resolver sobre la amnistía.
La acusación popular, por su parte, se ha opuesto a lo solicitado por el Ministerio Fiscal y las defensas, al entender que la norma impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez "viola" el principio de igualdad ante la ley. El abogado a cargo de la dirección letrada de Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Asociación Dignidad y Justicia, Asociación Española de la Guardia civil (AEGC), Asociación Unificada de la Guardia civil (AUGC) y Vox, en este caso, ha mostrado su frontal rechazo al sobreseimiento de la causa y ha pedido a los magistrados que no se aplique la amnistía para los doce CDR acusados por terrorismo.
Ahora, la decisión sobre si la ley de amnistía tiene encaje en este procedimiento está en manos de la Sala presidida por el magistrado Alfonso Guevara. La Sección Tercera de la Audiencia Nacional tendrá que pronunciarse sobre la suspensión o no del juicio pendiente contre los 12 CDR imputados.
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