La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido este martes al Juzgado Central de Instrucción Número 4 de Madrid un informe a favor de que investigue al denunciante de Alvise Pérez, Álvaro Romillo, por un presunto delito de estafa. El dueño de Madeira Invest Club acumula un total de tres denuncias interpuestas por varias asociaciones de afectados por el cierre de la plataforma y el bloqueo de más de 300 millones de euros.
El Ministerio Público solicita al juez José Luis Calama que admita a trámite las denuncias interpuestas contra el entramado empresarial vinculado a Madeira Invest Club al considerar que la Audiencia Nacional es competente para investigar a la plataforma promocionada por el líder de Se Acabó la Fiesta. Además, la Fiscalía pide que se acumulen las tres denuncias "al darse los requisitos legales para su investigación en un mismo procedimiento" y solicita que se declare el secreto de las actuaciones para indagar en un presunto delito de estafa.
Los escritos remitidos a la Audiencia Nacional han sido presentados respectivamente por la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios, por la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y por la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. Zaballos Abogados, en representación de esta última, apunta en su denuncia a la responsabilidad de 23 personas jurídicas y 6 físicas.
En concreto, Madeira Invest Club, la plataforma por la que Romillo consiguió gran parte de sus inversores en criptomonedas, contaba con lazos en diferentes puntos del globo. Nuevo México y Orlando eran las ubicaciones promocionadas en las webs de 'Cryptospain' como el epicentro del negocio, no obstante, la cuenta donde se recibían los beneficios del selecto club estaba a nombre de una de las empresas del denunciante de Alvise, Sabroso Lda, con sede en Viseu. Las cuotas abonadas por los inversores eran abonadas a la cuenta de la sociedad portuguesa.
Por su parte, el despacho de Aranguez Abogados, representante Asociación de Usuarios de Criptomonedas, denuncia que el influencer "alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas". Un modelo de negocio que ha acabado con miles de afectados tras el cierre de la plataforma y con un más de 300 millones bloqueados. Por ello, piden que se impute a Romillo por un delito de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Denuncia contra Alvise
En paralelo, el empresario denunciando -conocido como 'Luis Cryptospain'- presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado, ya en manos de los fiscales del Tribunal Supremo, en el que reconocía haber proporcionado a Alvise un total de 100.000 euros en efectivo, justo antes de las elecciones al Parlamento Europeo.
El propio eurodiputado confirmó este jueves la entrega de dinero por parte del influencer del mundo 'crypto'. "Voy a confesarme ante los 800.000 españoles que me votaron y ante los miles de jueces, políticos y periodistas que están pendientes de mis mensajes. No voy a esperar a ningún juicio porque no necesito ningún juez. Soy culpable. Culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo un trabajo por el que luego el Estado me saquea más de la mitad", aseguró en un vídeo.
Alvise se excusó argumentando que "Hacienda es una mafia donde un inspector de Hacienda cobra más que un magistrado del Supremo". "Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios privados, repito, privados, sin factura, para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerme por mi actividad política, que es lo que prometí públicamente", justifica, "porque me niego a que el Estado siga llevándose la mitad de lo mío y porque todo aquel que depende económicamente del poder se corrompe".
