La Fiscalía anticorrupción ha advertido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de que no es el competente para investigar la fortuna oculta de Juan Carlos I, según consta en un escrito que ha presentado el pasado viernes en el marco de la pieza separada de caso Villarejo denominada Carol, en la que se investiga un presunto encargo realizado por Corinna Larsen, la ex amiga íntima del monarca, al excomisario José Manuel Villarejo.
El juez García Castellón decidió reabrir el pasado 27 de julio la pieza Carol, en la que se investigaba la actividad presuntamente irregular de Corinna Larsen. En concreto, el juez trata de esclarecer la posible existencia de un trabajo encargado por la empresaria germanodanesa al excomisario, referido a la obtención en España de unos datos privados de una ciudadana española residente en Reino Unido.
Y en el auto con el que reabría las pesquisas, el instructor ya anunciaba su opinión de que "los delitos objeto de investigación ante la Fiscalía del cantón de Ginebra de la Confederación Helvética sí guardaban conexidad con los investigados en este procedimiento".
Lucum y Zagatka
Es decir, García Castellón avanzaba que las pesquisas que está desarrollando en Suiza el fiscal Yves Bertossa sobre las fundaciones Lucum y Zagatka, bajo cuyos nombres escondía Juan Carlos I en bancos de este país el dinero que habría recibido de Arabia Saudí y de la supuesta intermediación de la venta del Banco Zaragozano, sí tenía relación con la investigación sobre Larsen.
Por eso, si en las pesquisas sobre Larsen el instructor descubriera conductas irregulares de Juan Carlos I después de su abdicación el 18 de junio de 2014, García Castellón debería investigar estos hechos. Y si tuvieran la consideración de delito, el titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional estaría obligado a elevar una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, órgano judicial ante el que está aforado el rey emérito.
En el auto, el instructor también apuntaba que las pesquisas sobre el supuesto encargo realizado por Corinna Larsen a Villarejo, para que presuntamente investigara si una de sus empleadas, de nacionalidad española, estaba filtrando información sobre su vida privada, también podría dar lugar "al descubrimiento de hechos distintos de aquellos que dieron lugar a la incoación del proceso y/o a la implicación de personas distintas de aquellas sobre las que inicialmente recayeron las sospechas".
Fiscalía del Supremo
En la actualidad la Fiscalía del Tribunal Supremo analiza el patrimonio del rey emérito, que no está imputado en la causa, y tampoco está siendo investigado por el Tribunal Supremo. Sin embargo, la reapertura de la investigación a Corinna Larsen se ha visto en la Fiscalía como el primer paso para tratar de arrebatar estas pesquisas al ministerio público.
Sin embargo, el escrito de Anticorrupción del pasado viernes plantea al instructor García Castellón sus dudas sobre sí el encargo realizado por Corinna Larsen pudo realizarse cuando el excomisario Villarejo estaba jubilado, por lo que no era comisario de Policía. Y esto podría impedir que se le pueda atribuir al ex mando policial y a Larsen un delito de cohecho.
El Ministerio Fiscal recuerda también al instructor de que para iniciar una investigación sobre un delito cometido por o contra ciudadanos españoles en el exterior se necesita la querella de la propia Fiscalía, algo que en el caso de Carol no ha pasado. Tampoco la afectada por el supuesto espionaje encargado por Corinna Larsen a Villarejo ha denunciado los hechos, por lo que en opinión de anticorrupción la reapertura de la causa no estaría justificada.
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