La Fiscalía Provincial de Valladolid ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Instrucción contra la ex mujer y una hija del fundador del Grupo Pesquera, Alejandro Fernández, por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y público, administración desleal y de tipo societario, en relación a una operación que perpetraron en tanto maniobraban para echarle de la administración de las bodegas.La 'guerra' en la familia de Pesquera tiene relación con la separación de hecho del matrimonio, hace ahora dos años. Él cuenta con el apoyo de una de sus cuatro hijas y ella, con el de las otras tres. Juntas sumaban más participación en la empresa familiar, Alejandro Fernandez Tinto Pesquera S.L., ventaja que utilizaron para desplazar a ambos en los consejos de administración, de acuerdo a las fuentes consultadas.
"Derivado de la ruptura matrimonial, las denunciadas han pretendido apartar a Alejandro Fernández de la totalidad de la gestión y tanto de las empresas como de las bodegas
"Derivado de la ruptura matrimonial, aún no formalizada, las denunciadas han pretendido apartar a Alejandro Fernández de la totalidad de la gestión y tanto de las empresas como de las bodegas, lo que se ha realizado a través de distintos acuerdos sociales en las mercantiles, incluyendo el no reparto de los beneficios de tales sociedades que habitualmente se realizaba", explica el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press.Detalla que el 5 de marzo de 2018 se celebró una Junta Extraordinaria en la empresa en la que, con oposición de Fernández, se transformó la administración que existía por un sistema mancomunado que integrarían el matrimonio y dos de las hijas y que establecía como "suficientes" las firmas de dos de estos administradores para emprender nuevos cambios.Con esas dos firmas, en junta ordinaria del 23 de julio de 2018 Alejandro Fernández fue cesado como administrador mancomunado de Tinto Pesquera, "se denegó el acceso a las cuentas totales de la compañía y se acordó el destino de los beneficios de la sociedad, 4,4 millones de euros, a reservas voluntarias y no a dividendos", como él solicitaba.Un mes después se celebró también junta de la sociedad 'Condado de Haza', que pertenece al grupo, y en ella se acordó el cese de Fernández y de la hija que le apoya, Eva Fernández Rivera, como miembros del consejo de administración. Los beneficios tampoco se repartieron 978.028 euros que, de acuerdo al escrito de la fiscal, se destinaron íntegros a reservas voluntarias.Ante esta situación, Alejandro Fernández, que seguía siendo propietario de las tierras y edificaciones del Grupo Pesquera y ostentaba la tarjeta de viticultor imprescindible para obtener la Denominación de Origen Rivera del Duero, decidió recoger la cosecha de 2018 y, si no se la compraba Pesquera, venderla a otras dos empresas, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.Cuando ya había comenzado a vendimiar, la exmujer de Fernández esgrimió la existencia de un contrato que en febrero de aquel año habría suscrito con su hija Olga y por el que le arrendaba "la totalidad de las fincas" de cultivo, de las que es propietaria en gananciales, por un periodo de diez años a "un exiguo precio" de 130.344,8 euros.
"Un contrato simulado"
La denuncia original afirma que el contrato es falso y está además manipulado, puesto que la fecha que consta no se corresponde con la de los documentos públicos que lo acompañan y que habrían sido expedidos en meses posteriores.La Fiscalía sostiene que "es un contrato simulado con el fin de construir un instrumento jurídico que excluyera la Tarjeta de Viticultor de Alejandro Fernández, con el fin de conseguir otra a nombre de Olga Fernández Rivera que permitiera recoger la cosecha del año 2018 y su comercialización en las bodegas del Grupo Pesquera bajo la Denominación de Origen 'Rivera del Duero'".El escrito indica que además, se firmó "a sabiendas de que Emilia Rivera como partícipe de una sociedad de gananciales suspendida por la separación de hecho, no podía suscribir un contrato de arrendamiento de inmuebles por 10 años, por el exiguo precio pactado y con exclusión jurídica, física y económica de Alejandro Fernández".La Fiscalía detalla que cuando se comunicó el alquiler de las tierras al Consejo Regulador -trámite ineludible para mantener la producción con la denominación de origen-, éste revocó la la Tarjeta de Viticultor al fundador del grupo en favor de la nueva arrendataria. Sin embargo, reclamación mediante, dejó sin efecto el cambio y restituyó la Tarjeta de Viticultor a Alejandro Fernández en detrimento de la hija."A pesar de ello", como dice la fiscal, ella recogió la cosecha de 2018, pero aquella "maniobra" supuso que "hoy por hoy no ha podido ser comercializada bajo la Denominación de Origen 'Rivera del Duero', con las pérdidas económicas que ello ha supuesto" para las empresas. La cosecha está precintada y sin esa acreditación de calidad y procedencia, sólo podría comercializarse como vino de mesa, según fuentes del sector.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación