La Fiscalía Europea ha reclamado al juez del caso Koldo información de la Guardia Civil y de Hacienda sobre los contratos de mascarillas que suscribió la empresa de la trama con Baleares y Canarias. El organismo, que investiga estas adjudicaciones firmadas durante los gobiernos de Francina Armengol y de Víctor Ángel Torres, pone el foco en los oficios de la UCO en los que se alertó de posibles irregularidades con los contratos con Soluciones de Gestión.
Así consta en un escrito del ente europeo, al que ha tenido acceso Vozpópuli, en el que el órgano solicita más información sobre la trama en el marco de la investigación abierta para dilucidar si hubo desviación de fondos europeos. Las pesquisas ponen el foco en cuatro contratos que Soluciones de Gestión firmó con Canarias y un quinto con Baleares por más de 10 millones de euros.
La Fiscalía Europea -que abrió causa por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias- reclama, además, los oficios de la UCO que recogen todas las transcripciones de los pinchazos de la trama y las peticiones que cursó la Guardia Civil para mantener las escuchas entre los meses de octubre de 2023 y febrero de este año.
Las sospechas de la UCO
En concreto, la Fiscalía Europea solicita a la Audiencia Nacional que le remita varios informes de la Guardia Civil y de Hacienda elaborados entre septiembre de 2022 y febrero de este año en los que se analizan los contratos firmados por la empresa de la trama con los Ministerios de Transportes, Interior y Sanidad, además de con Baleares y Canarias.
La mercantil que logró más de 52 millones de euros con la venta de mascarillas en plena pandemia, firmó cuatro contratos por más de 10 millones de euros con el departamento de Sanidad del Gobierno canario que entonces dirigía el ministro Ángel Víctor Torres y un quinto de 3,7 millones con el Gobierno balear que entonces lideraba la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.
La entrega de material sanitario se produjo antes de que se formalizara contrato alguno, incluso antes de que se acordara la tramitación de emergencia de ese suministro en concreto. Para más abundamiento, no se ha localizado documentación sobre la formalización del contratoExtracto de uno de los informes de la UCO sobre Baleares solicitado por la Fiscalía Europea
Aunque los contratos forman parte del caso Koldo, la Audiencia Nacional se inhibió en favor de la Fiscalía Europea dado que los mismos estarían costeados con fondos comunitarios. No obstante, la UCO ya advirtió en el marco de estas pesquisas de posibles irregularidades en relación a las adjudicaciones de Baleares y Canarias.
El contrato de Baleares con la firma del caso Koldo
Sobre la primera de ellas, los agentes explicaron que se efectuaron dos pagos a la empresa de la trama Koldo, uno de ellos por importe de 3,7 millones de euros para el suministro de un millón y medio de mascarillas FPP2 y otro por importe de 56.715 euros por la gestión del flete de transportes desde la capital hasta Palma de Mallorca.
Entre las presuntas irregularidades que recogió la UCO en estos informes destaca el hecho de que las mascarillas llegaron a Baleares el 27 de abril, pese a que la declaración de la tramitación de emergencia del contrato se solicitó dos días después, siendo el 4 de mayo cuando se produjo la resolución del órgano de contratación en la que se autorizaba la adjudicación.
"Es decir, la entrega de material sanitario se produjo antes de que se formalizara contrato alguno, incluso antes de que se acordara la tramitación de emergencia de ese suministro concreto", explica el informe policial, el cual matiza también que el 18 de marzo de aquel año, en los primeros compases de la pandemia, se acordó en el Consejo de Gobierno que a los contratos covid de la Administración balear se les aplicaría la tramitación de emergencia.
"Se podría interpretar que el suministro de mascarillas tenía autorización para ser adjudicado por el trámite de emergencia, ahora bien, esta Unidad interpreta que son los propios órganos de contratación los que deben discernir qué contratos están afectos a ese acuerdo del Consejo de Gobierno (...). Por todo ello, la adjudicación podría haberse realizado en contra de lo referido en la Ley de Contratos del Sector Público", expuso la Policía Judicial.
Con todo, también destacaron que de material remitido por el Servicio de Salud balear no se había localizado "ningún contrato o acuerdo previo entre las partes" que aclarase los motivos por los que este contrato 'a dedo' se adjudicó a la empresa del entramado de Koldo. Los agentes determinan, al respecto, que esta firma entró en el Gobierno de Pedro Sánchez gracias a los lazos de sus implicados con el Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos.
A ello se añade que el Gobierno de Francina Armengol -que este mismo lunes ha comparecido en la comisión de investigación del Congreso- recomendó la contratación de la empresa estrella del caso Koldo pese a saber que parte del material que recibieron de China era defectuoso.
Los contratos de Canarias
En relación a los contratos con el departamento de Sanidad del servicio canario, la UCO alertó de que el importe que se abonó a la firma contratada "no concuerda ni con las actas de entrega ni con la factura proforma presentada por Soluciones". Al igual que ocurrió con Baleares, los agentes se extrañaron de que no hubiera documentación alguna que aclarase cómo llegaron a contratar con la firma.
"No se han aportado comunicaciones entre el órgano de contratación y Soluciones de Gestión que puedan justificar objetivamente la decisión de adjudicar el suministro a esa empresa y no a otra, ni tampoco como y de qué manera se tuvo conocimiento de que esa empresa era la proveedora de mascarillas", expuso la Guardia Civil en uno de los informes que ahora solicita la Fiscalía Europea.
Este órgano ya ha intentado recabar información sobre estas adjudicaciones, aunque parte de la misma fue remitida ya por la Fiscalía Anticorrupción. Del sumario consta que dirigieron peticiones los meses previos al estallido de la trama. Además, también ha preguntado recientemente por la adjudicación de Adif.
En el requerimiento dirigido hace apenas unos meses expuso que el fondo Feder informó en agosto del pasado que "distintos organismos del sistema portuario español" justificaron un total de 1,6 millones de euros de fondos europeos. Entre ellos se encuentra el contrato del órgano que presidía Isabel Pardo de Vera
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