El ya conocido como 'caso Begoña Gómez' tiene su epicentro en los juzgados de Plaza Castilla, aunque una parte troncal del mismo se investiga bajo secreto de sumario en la Fiscalía Europea. Este ente, del que apenas trasciende información sobre sus pesquisas, está impulsando la investigación por las adjudicaciones a Carlos Barrabés con el objetivo de esclarecer los pormenores de su contratación.
La investigación, que asumió el pasado 21 de mayo y que se declaró secreta por parte del juez de garantías de la Audiencia Nacional, tiene pendiente la práctica de diligencias de investigación para delimitar si se cometió delito con los contratos que Innova Next, firma de Barrabés, se adjudicó en la UTE con The Valley en plena pandemia.
De hecho, de los dos delitos de corrupción en los negocios y tráficos de influencias por los que se abrió la causa en el juzgado de Juan Carlos Peinado, la Fiscalía Europea solo mantiene el último de ellos. Por contra, ha añadido una posible malversación de caudales públicos y también prevaricación.
Causa en la Fiscalía Europea
Se trata de delitos que, según expone en un reciente pronunciamiento al que ha tenido acceso Vozpópuli, podrían delimitarse de llegar a buen puerto las pesquisas. Las mismas se avocaron el pasado mes de junio tras declararse competentes para investigar tres expedientes de dos contratos que concedió el ente público Red.es
"Los hechos que están siendo investigados por la Fiscalía Europea, pendientes de realizar diligencias de investigación que los acrediten y aclaren los elementos del proceso de contratación así como la delimitación subjetiva, podrían llegar a ser, en su caso y de obtenerse indicios suficientes, constitutivos, delito de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación", reza un decreto que firman los tres fiscales europeos delegados al frente de las pesquisas.
Desde que la Fiscalía Europea asumió esta investigación, no han trascendido detalles de la misma. La formación política Vox y Hazte Oír solicitaron personarse en las diligencias como acusación popular, pero el ente ha respondido al primero de ellos negando dicha posibilidad. Según sostiene, aunque ejerciten la acusación en el procedimiento penal que se sigue en los juzgados de Plaza de Castilla la ley les impide actuar en esta causa.
Por ello, la Fiscalía Europea ha denegado la petición de personación de Vox en un decreto que, además, no puede impugnarse. Así pues, la causa que se sigue en la Fiscalía Europea lo hace sin presencia de acusaciones populares dado que, según argumenta, no pueden tener la condición de víctimas al tratarse de delitos de naturaleza colectiva.
A diferencia de las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde los hechos objeto de investigación se centran en otros contratos a Carlos Barrabés financiados con fondos estatales y también en lo relativo al máster que impartió Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, en este caso el foco se ciñe "exclusivamente" a los contratos financiados con fondos europeos por Red.es.
De hecho, la avocación de esta investigación por parte de la Fiscalía Europea sembró dudas sobre la continuidad del procedimiento matriz en Plaza de Castilla, puesto que la denuncia de Manos Limpias por la que se abrió causa se centraba exclusivamente en estos expedientes otorgados al socio de Begoña Gómez.
Investigación secreta en la Fiscalía Europea
En concreto se solicitó investigar si estas adjudicaciones concedidas en plena pandemia se produjeron a tenor de unas cartas de recomendación que firmó Begoña Gómez, teniendo en cuenta que se trataba de contratos públicos. Por ese motivo, el juez Peinado abrió causa y citó a declarar a los periodistas que desvelaron la existencia de estas cartas de apoyo.
Sin embargo, apenas días después de arrancar estas diligencias, la Fiscalía Europea se dirigió al juzgado para preguntar acerca de los fondos que nutrieron estos contratos, ante la sospecha de que podrían tratarse de partidas comunitarias. Una vez constatado ese extremo, el órgano confirmó su competencia y se avocó esta parte de la causa con el criterio favorable de Peinado.
Además, ofició en junio a la UCO de la Guardia Civil para que registrarse el ente que en el momento de las adjudicaciones dependía del Ministerio de Economía. Los agentes se personaron en la sede del organismo para recabar correos y comunicaciones relacionados con estas adjudicaciones que almacenaron en varios discos duros.
Se trata de un material determinante en cuanto que de su análisis podrían arrojarse indicios que determinen el futuro de la causa. El juez Peinado abrió una pieza separada en relación a todas las pesquisas que ha terminado asumiendo la Fiscalía Europea.
Barrabés, de testigo a imputado
Conviene recordar que las adjudicaciones a Barrabés se produjeron en paralelo al impulso en la Universidad Complutense de Madrid del máster y la cátedra de Begoña Gómez sobre Transformación Social Competitiva. De hecho, el consultor aragonés figura como fundador del mismo.
Precisamente, lo relativo al máster que impartió Begoña Gómez forma parte de las diligencias que investiga el juez Peinado, las cuáles avanzan a paso firme a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid delimite el contenido concreto de las pesquisas. El juez ha pasado de investigar únicamente a Begoña Gómez a incluir en esta lista a su socio Barrabés y también al rector de la Complutense, Joaquín Goyache.
A estos tres investigados se añade una lista de testigos que ya ha desfilado en los últimos días por sede judicial y que continuarán compareciendo la semana que viene. De todos ellos destaca especialmente Pedro Sánchez, a quien el juez ya ha comunicado que tomará declaración en Moncloa; residencia suya y escenario de algunos de los encuentros que se celebraron entre Begoña Gómez y su socio o el rector de la Universidad.
Estos dos últimos acaban de declarar como testigos en la causa pero, tras escucharles, el juez les ha cambiado la condición a investigados y les ha emplazado a comparecer de nuevo el próximo lunes 29 de junio. El Ministerio Público, por su parte, se sigue oponiendo a cualquier diligencia insistiendo en que la causa se vació cuando entró en juego la Fiscalía Europea y que, todo lo que no esté relacionado con esos contratos, constituye una investigación prospectiva.
