La Fiscalía General del Estado atraviesa por uno de sus momentos más bajos. Las continuas polémicas en las que se está viendo envuelta han hecho que muchos de sus miembros velen armas contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, de quien consideran que "no debería aguantar ni un día más" al frente de la institución. Según relatan, se está produciendo un daño reputacional de tal calibre que enturbia el trabajo diario de los fiscales de base.
Así se pronuncian fuentes del Ministerio Público en conversación con Vozpópuli a tenor de las primeras diligencias acordadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la causa abierta por presunta revelación de secretos de la Fiscalía con la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Justicia pretende llegar al responsable último de la difusión en prensa de la nota informativa sobre Alberto González Amador y todas las miradas se centran en la cúpula de la institución.
Unas voces preguntadas por este extremo dicen que está dejando la Fiscalía "a la altura del betún" pero otras piden cautela puesto que se trata de una investigación embrionaria y de un asunto delicado que podría terminar salpicando a García Ortiz. "Vamos a dejar que investiguen. Máximo respeto porque lo que está haciendo es recabar información e indicios para saber si ha habido o no actividad delictiva y, en su caso, desbrozar la autoría", rezan.
Los frentes abiertos del fiscal general
Esta investigación que ahora nace en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo hace con el criterio contrario de la Fiscalía General en cuyo informe defendió que no se había revelado ninguna comunicación secreta entre el abogado de González Amador y el fiscal que le ha investigado por presunto fraude a Hacienda porque dichos correos ya se habían publicado en prensa la noche de antes.
Nunca habíamos estado en una situación como la actual. Se están acumulando infinidad de cuestiones que ponen en tela de juicio la manera de actuar de la Fiscalía y es grave. La institución está muy comprometida en muchos ámbitosFuentes fiscales
Sin embargo, la Sala de lo Civil y lo Penal ve una base para abrir causa -tal y como defendía la fiscal inicial del caso- y por eso abre diligencias. La investigación no se antoja larga y, de hecho, ya han pedido a la Fiscalía todos los correos que el fiscal se intercambió con el abogado Carlos Neira, así como toda la información relativa a la nota de prensa que se emitió el día 14 de marzo con el sello de la Fiscalía Provincial de Madrid.
Las fuentes consultadas por este medio aseguran que la nota no se redactó en dicho órgano, sino que llegó hecha ya; de manera que ahora tratan de dilucidar quién está detrás de la misma y quien es el "máximo responsable" de su publicación. Con la misma se hizo constar que fue el abogado de González Amador el que ofreció un pacto con la Fiscalía reconociendo incluso la comisión del delito y no al revés.
Sin embargo, este episodio no es aislado. En las últimas semanas el Ministerio Público ha tenido que soportar también polémicas que afectan a su imagen y que señalan directamente al fiscal general. Destaca, por ejemplo, el fallo conocido la semana pasada del Tribunal Supremo que tumbó la designación de Dolores Delgado (antecesora de García Ortiz al frente de la Fiscalía) como fiscal de Sala de Memoria Democrática.
Con este son dos los pronunciamientos de la Justicia anulando el ascenso y el segundo nombramiento de Delgado, ambos a propuesta de quien fuera su mano derecha. En la primera de las sentencias, la Justicia apuntó incluso a una "desviación de poder" de García Ortiz con la elección de la exfiscal general.
La "crisis institucional" de la Fiscalía
A ello se añaden los recientes varapalos de la Sala de lo Penal del Supremo en relación con las órdenes que dio el fiscal sobre la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' o la polémica con el procedimiento de Tsunami Democràtic que acaba de arrancar en el Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont por terrorismo.
Aunque la mayoría de los fiscales del alto tribunal determinaron que había indicios para investigarle por este delito, la institución redactó un informe en sentido contrario. La Sala de lo Penal desoyó este informe, abrió causa contra el expresidente catalán y apuntó a su rol de liderazgo en Tsunami Democràtic. La decisión de la Sala de lo Penal fue unánime.
Es el peor momento para que nos atribuyan la investigación porque cualquiera puede pensar que estará bajo sospecha la investigación cuando no es así. Hay que lanzar un mensaje positivo del buen trabajo y del buen hacer de los fiscales.Fuentes de la Fiscalía
A todo ello se añaden las críticas al fiscal general al no haberse pronunciado sobre la ley de amnistía cuya tramitación encara la recta final o la causa abierta en la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra su nombramiento el pasado mes de diciembre. En el marco de la misma el fiscal general acaba de recusar a los magistrados que deben decidir sobre el asunto y se está a la espera de que estos respondan a su petición, aunque todo apunta que descartarán apartarse y que la recusación se acabará estudiando en la conocida como 'Sala 61'.
"Nos ha llevado a una situación lamentable"
Ante todo ello las fuentes consultadas explican que hay una "crisis institucional" en la Fiscalía sin precedentes que ofrece una imagen que no corresponde con la de los fiscales de base. "Nunca habíamos estado en una situación como la actual. Se están acumulando infinidad de cuestiones que ponen en tela de juicio la manera de actuar de la Fiscalía y es grave. La institución está muy comprometida en muchos ámbitos", indican.
Otras fuentes explican que la manera de actuar del fiscal general denota que parece que se sienta "acorralado" y que se está perjudicando a toda la institución. "Nos ha llevado a una situación lamentable (...). Todas estas maniobras nos alejan de que podamos asumir la instrucción de los procedimientos", indican las fuentes consultadas, las cuáles apelan por blindar la independencia del fiscal instructor para que sea intocable.
Cabe recordar que la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, se acaba de levantar de la mesa de trabajo creada para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y otorgar la instrucción a los fiscales después de que García Ortiz insinuara que había una "identidad de objetivos" entre las asociaciones judiciales y fiscales "con determinados partidos políticos".
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