La Fiscalía Anticorrupción presentará esta próxima semana al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo el escrito en el que pide la imputación del BBVA por sus relaciones con el polémico excomisario. Según informan a Vozpópuli fuentes jurídicas, el Ministerio Público acusará al banco de varios delitos, entre ellos el de cohecho y revelación de secretos. Pedirá que se investigue a la entidad como persona jurídica, pero no a los miembros del Consejo.
Además, el Ministerio Público abordará en sus argumentos la cuestión de si el banco puede o no personarse en la causa como perjudicado por las actividades de Villarejo. El BBVA le estuvo pagando por sus servicios incluso después de su ingreso en prisión en noviembre de 2017. Fue una larga trayectoria de colaboración que arrancó a mediados de la década pasada cuando Villarejo todavía estaba en activo (se jubiló en 2016) y el banco lo presidía Francisco González (FG). Las fuentes consultadas indican que esos pagos continuados en el tiempo impiden la prescripción del caso.
Lo que se investiga es si el banco recurrió a los servicios del policía para espiar enemigos incurriendo en ilegalidades. En octubre de 2018 este periódico desveló que en una de las muchas grabaciones incautadas al excomisario tras su detención se le escuchaba comentar que había hurgado en la vida privada del exministro socialista Miguel Sebastián.
La operación de Sacyr
En aquellas fechas (año 2005), FG trataba de frenar el intento de compra del banco por parte de Sacyr en una operación que tenía el apoyo del entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La información comprometedora de Sebastián sería una herramienta de presión para disuadir a Moncloa de la compra.
El curso de la investigación ha permitido conocer más trabajos sospechosos como el acceso al registro de miles de llamadas de teléfonos de empresarios, políticos o periodistas. También informes con datos personales de enemigos declarados de la entidad como el presidente de Ausbanc, Luis Pineda.
Villarejo cobró varios millones de euros por estos servicios a través de sus empresas privadas que compatibilizaba con su función policial. Su versión es que esa dualidad siempre fue conocida y consentida -incluso utilizada- por los sucesivos responsables de la Policía y el Ministerio del Interior. La Fiscalía cree desde el principio que era incompatible. Villarejo tenía clientes con alto poder adquisitivo para los que hacía investigaciones privadas aprovechando su condición de policía.
Varios imputados
En esta pieza separada que afecta al BBVA ya se encuentran investigados ocho miembros del banco, entre ellos el exjefe de seguridad y expolicía Julio Corrochano. Se trata de un personaje clave porque era quien presuntamente ejercía de nexo de unión entre FG y Villarejo. Todos ellos fueron citados a declarar hace varias semanas, pero la mayoría se negó a declarar al no conocer los hechos que se les imputan.
La causa sigue bajo secreto de sumario y el juez no prevé levantarlo hasta después de las vacaciones de verano, según fuentes jurídicas. Al menos uno de ellos sí reconoció haber contratado las empresas de Villarejo pero sin saber que eran suyas y para hacer informes patrimoniales sobre clientes morosos del banco.
Cohecho
En este contexto, el escrito de la Fiscalía se presenta como algo trascendental para la entidad. Se trata de un paso de consecuencias imprevisibles, con el Banco Central Europeo siguiendo la investigación muy de cerca. Este medio se ha puesto en contacto con el BBVA para conocer su estrategia de cara a su imputación, pero ha preferido no hacer declaraciones ni adelantar acontecimientos.
De cara al cohecho, otro de los debates jurídicos se centrará en poder demostrar que el banco contrataba a Villarejo por su condición de influyente comisario con acceso a bases de datos policiales del Cuerpo o simplemente como eficaz investigador privado. Este asunto se ha abordado ya de alguna manera en otras piezas separadas del caso Villarejo como el caso Iron.
El primer juez que tuvo el caso Villarejo, Diego de Egea, desimputó a los responsables de un despacho de abogados que contrató a Villarejo alegando que desconocían su condición de Policía. Eso a pesar de que el mando aludía a menudo a su condición de funcionario como garantía de éxito en sus investigaciones. Cuando García Castellón asumió el caso, los volvió a investigar.
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